El alcalde de Alicante, Luis Barcala, saluda a Lidia López Rodríguez. Foto PEPE OLIVARES ALICANTE. El alcalde de Alicante en funciones, Luis Barcala, del PP, se puede encontrar con un problema inesperado (o no) en el caso de las conversaciones que se produzcan con otras formaciones políticas -especialmente, Ciudadanos- para conformar su próximo gabinete, en el caso de que logre retener la Alcaldía. Ese problema puede surgir con la número nueve de la candidatura local (la última que logró acta de concejal), Lidia López Rodríguez, y por extensión con su marido, Pablo Rico Prats, que está procesado por la rama del PGOU de Alicante del caso Brugal. En concreto, por supuesto cohecho.
A Rico, junto a Virgilio Ortiz -hermano del empresario Enrique Ortiz- se le acusa de la extracción y libramiento de los denominados bocadillos (presuntas comisiones de dinero) que finalmente se habrían entregado al ex alcalde Luis Díaz Alperi, según el relato del sumario judicial. En total, fueron 174.007 euros los que Rico y Ortiz habrían entregado al ex munícipe, también procesado junto a Sonia Castedo, el propio Enrique Ortiz, su empleado y Santiago Bernáldez; y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo.
¿Es un problema de incompatibilidad que afecta a la propia concejal? No. Pero es una cuestión que sí puede condicionar cualquier negociación e incluso el devenir de la política local. No en vano, el juicio del caso Brugal referida a la rama del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se va a celebrar en este mandato, una vez rechazados todos los recursos de apelación.
Salvando las distancias, y con algunos matices, Lidia López Rodríguez podría convertirse en una especie de Ana Mato en el caso Brugal, a la espera de que se produzca el juicio y la posterior sentencia. Fuentes del PP sostienen que no son comparables las situaciones pues Lidia López y Pablo Rico -para el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de seis meses de prisión y una multa de 43.501 euros- sólo llevan tres años casados; es decir, que los hechos referidos a Brugal son anteriores al matrimonio, aunque, al parece, la relación sentimental ya era algo anterior.
El sumario relata que Rico pudo haber participado en esa entrega de dinero, a los que los sospechosos se referían como "bocatas" o "bocadillos", tal y como revelaron las escuchas telefónicas realizadas por los agentes. Los 174.000 euros que recibió Díaz Alperi fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil, Asegur Ingeniería del Fuego SL, por un trabajo que los investigadores consideran "falso". Esos 174.000 euros fueron retirados posteriormente en efectivo por uno de los administradores de Asegur, Pablo Rico.
No es la primera vez que el nombre de Pablo Rico Prats genera polémica entorno a una institución de la ciudad. El pasado 26 de noviembre de 2018, el Hércules nombró a Rico como presidente de la comisión del centenario, junto a un exconsejero del Elche CF, Javier Vidal Albadalejo. La gestación de este proyecto generó tanta polémica que el propio Rico tuvo que disolverla al día siguiente a través de un comunicado. En ese organismo efímero coincidieron los ahora también concejales del PP Toño Peral, en representación de la Diputación de Alicante, y Manuel Jiménez, de la Federación de Fogueres.
