Agustina Brines, ex cogerente de Compromís. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. "Estoy muy preocupada porque la mierda del PSOE arrastre a Compromís". La frase es Agustina Brines, de Compromís, que fue cogerente de la empresa pública Divalterra en la época bajo investigación en el caso Alquería. Viene recogica en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), sobre los dispositivos móviles y la diversa documentación incautada durante los registros practicados tras las detenciones practicadas en junio de 2018. Estas pruebas evidencian, a juicio de la Policía, que los imputados sabían que los contratos de alta dirección de Divalterra eran ilegales y se hicieron a su gusto para colocar a personas afines.
Alquería supuso el primer gran caso de corrupción vinculado a las fuerzas progresistas que llegaron a las instituciones valencianas en 2015. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez; su asesor Manuel Reguart; su jefe de gabinete Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.
También se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección paralelo que, supuestamente, se creó para dejar fuera de juego a la oposición, y a la sazón denunciantes, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.
A juicio de la Policía, entre los datos que confirmarían que los contratos de alta dirección no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como tales y que demostrarían "el conocimiento que los investigados tenían sobre este asunto", se desprende de una conversación mantenida entre Ricard Gallego y Jorge Cuerda, adscrito a la presidencia y encargado de fiscalizar Divalterra, extraída del teléfono de Gallego.
En dicha conversación, el jefe de gabinete de Rodríguez dice: "Me gustaría que el informe hablase en general, no del nombramiento de uno o dos cargos sino de todos, de manera que evitemos hablar de competencias concretas. Tú escribes las generales y después el acuerdo de consejo que añada las que considere y así también evitamos hablar de las encomiendas de gestión, porque Miriam tampoco ve que se vinculen los altos cargos a las encomiendas. En cualquier caso, será función de los altos cargos encontrar encomiendas".
El informe explica que, a través de la conversación "se constata la incertidumbre e inseguridad que tienen todos los investigados en relación con los contratos de los altos directivos" y el hecho de que había personas que "no veían que se vinculen los altos cargos a las encomiendas establecidas en Divalterra para realizar dichas funciones de alta dirección".
Tanto a Jorge Cuerda como a Xavier Simón, cogerente de Divalterra, les fueron intervenidos todos los informes jurídicos relacionados con los contratos bajo investigación. La mayoría de estos informes, exponen los agentes, indican que "dichos contratos de alta dirección no deben ser considerados contratos de alta dirección, de los previstos en el RD 1382/1985, de 1 de agosto, sino que la relación que les une con la actual sociedad Divalterra es una relación laboral común y que su contratación debería haber seguido los principios establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)".
Por lo tanto, dicen los policías que tanto Cuerda como Simón "no pueden justificar que no estaban informados sobre la problemática que existía en la contratación de los altos directivos" y tampoco pueden justificar o alegar que no estaban "al corriente de lo expuesto en dichos informes", que en su mayor parte indicaban que "se podría estar vulnerando el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado público" que establece los principios rectores de acceso al empleo público.
Principios que deben garantizar la igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, su independencia y, por último, la adecuación del contenido de los procesos selectivos con las funciones a desarrollar. Por lo que se evidencia "un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar una contratación ad hoc".
Entre los mensajes de móvil intervenidos hay uno, del 11 de noviembre de 2016, de Agustina Brines que llamó especialmente la atención de la UDEF. En él, Brines expresa: "El consejo del martes es muy jodido y la situación en Divalterra complicada jurídica y políticamente. Estoy muy preocupada porque la mierda del PSOE nos arrastre a Compromís".
La actitud de Brines es comprensible teniendo en cuenta los mensajes que se enviaban internamente los acusados del PSPV por el reparto del pastel ya desde un año antes, en octubre de 2015. Mensajes como:
Manolo Reguart: "Estos son los seis puestos de alta dirección de Imelsa que quieren contratar, sueldo 50mil".
MR: "Los técnicos que se indican con flechita, quieren que sean por concurso".
Jorge Rodríguez: "No eran 6".
MR: "A nosotros (al presidente, vaya) nos proponen el título del puesto de ‘estudios y estrategia local’, por un título que nos interese, y que poner a la persona que queramos".
JR: "Eran 4".
MR: "Correcto".
JR: "Eso es una barbaridad".
JR: "Porque además nosotros solo tenemos dos chorradas de medio ambiente".
JR: "Compromís se queda de nuevo turismo y ahora suma promoción económica".
JR: "Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros".
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones
