VALÈNCIA. La actual situación de pandemia aboca a una coyuntura económica complicada en el próximo ejercicio. Una situación a la que no es ajena la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que ya prevé un fuerte impacto en sus ingresos de cara al próximo ejercicio fruto de las decisiones que ha adoptado para ayudar a los inquilinos de los inmuebles que gestiona a afrontar esta situación, la mayoría de ellos colectivos vulnerables.
En este sentido, la entidad, dependiente de la Conselleria de Vivienda, prevé para 2020 una caída de sus ingresos que cifra en unos 4,5 millones de euros. Unas previsiones derivadas de la decisión que tomó Vivienda de conceder bonificaciones del 100% a los arrendatarios de viviendas tanto del parque público de la Generalitat, como de las viviendas propiedad de la EVha. Una medida que ha beneficiado a unas 14.000 familias de la Comunitat compuestas por alrededor de 50.000 personas, según los datos de la Conselleria.
En concreto, para minimizar el impacto de la pandemia, Vivienda adoptó determinadas medidas en relación a las rentas de los alquileres de las viviendas del parque público para conceder una bonificación económica del 100% de la renta arrendaticia y, en consecuencia, exonerar a los arrendatarios del pago de la renta correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Una decisión que, según estima la entidad, tendrá un impacto en sus cuentas anuales del ejercicio 2020 de 2,7 millones en su cifra de negocio.
Además, el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau, en una resolución posterior, determinó ampliar la bonificación económica del 100% de la renta durante los meses de julio y agosto, lo que supondrá una reducción aproximada de la cifra de negocio de 1,8 millones de euros. Todo ello supondrá una merma en los ingresos del EVha de 4,5 millones de euros en el próximo ejercicio, según señala la entidad en sus cuentas de 2019 que reflejan unos ingresos de 13,1 millones de euros el pasado año.
Por otro lado, la EVha consiguió en 2019 revertir la negativa de la Intervención de la Generalitat y de la firma BDO Auditores a firmar sus cuentas y emitir opinión sobre las mismas. En 2018, los auditores apuntaban a importantes salvedades y falta información para conocer la imagen real de situación contable de la entidad y se negaban a dar el visto bueno a la contabilidad de la entidad. Una situación que se ha corregido en este pasado ejercicio de 2019.
No obstante, los auditores apuntan a dos salvedades. Así, señalan que en el epígrafe de 'Inversiones inmobiliarias' se incluyen viviendas que se encuentran actualmente en trámite de desalojo por estar ocupadas ilegalmente, siendo su valor neto contable de 11,7 millones de euros.
Sin embargo, señalan que la entidad no ha registrado deterioro de valor de dichos activos, ante la falta de una expectativa clara del momento en que dichas viviendas van a recuperarse y volver a generar flujos de efectivo futuros, así como de una estimación de las reparaciones necesarias para poner de nuevo las viviendas en condiciones de uso. "El reconocimiento del correspondiente deterioro supondría la minoración del activo del balance y de los resultados del ejercicio por el importe que se estimara no recuperable", sostienen los auditores.
La segunda puntualización hace referencia a las dudas sobre las provisiones del pasivo de la entidad y la posibilidad de que existan asuntos adicionales no mencionados en el ejercicio que debieran reconocerse.
