Foto: JORGE LÓPEZ MUÑOZ/GVAVALÈNCIA. El 2023 fue un ejercicio fructífero para la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) en materia de ampliación del parque público. La compañía pública de la Generalitat Valenciana cerró un año con la incorporación de más de 430 viviendas a su nómina patrimonial por diferentes vías, bien adquiriéndolas por concurso público, bien ejerciendo el derecho de tanteo o mediante otras herramientas.
Así consta en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales de 2023 de la empresa autonómica, dependiente hasta el pasado verano de la antigua Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirigía Héctor Illueca, y que tras el cambio de ejecutivo local se adscribe a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la popular Susana Camarero. Concretamente, fueron 433 las viviendas que sumó al parque autonómico de vivienda público que gestiona la entidad durante el año pasado.
La vía de obtención más empleada fue la adquisición mediante las gestiones realizadas por la Conselleria, que dedicó una inversión de casi cinco millones de euros (4,92 millones) para la compra de 260 viviendas, de las cuales la mayoría (203) se incorporaron mediante concurso público o por adquisición directa, mientras que las 57 restantes se consiguieron ejerciendo el derecho de tanteo, interviniendo en compras entre terceros aprovechando el papel prioritario de la administración que permite el decreto autonómico aprobado el pasado mandato
Con todo, cabe destacar que no todas las viviendas adquiridas por la Conselleria se han incorporado de manera inmediata al listado de inmuebles para arrendar, puesto que 86 de ellos se encuentran en "edificios en los que se deben realizar actuaciones para la finalización o rehabilitación de los mismos", explica la entidad en su informe de gestión, donde subraya que es un proceso "complejo" porque "en ocasiones se trata de construcciones paralizadas desde hace más de 10 años y cuyos proyectos responden a normativas no vigentes".
Con esto, la Generalitat, asume la reactivación de 18 promociones paralizadas cuyos propietarios no han podido continuar. Las más grandes se encuentran en La Pobla de Vallbona (Valencia) y Catral (Alicante), que suman 54 y 18 viviendas respectivamente. El resto, repartidos en diferentes municipios donde destacan Xàtiva (Valencia), Atzeneta del Maestrat (Castellón) o Alcoy (Alicante), se trata de edificios de una sola vivienda. Todas han sido inspeccionadas y se ha informado a la comunidad de propietarios de la compra. Algunas estaban ocupadas por familias con contrato de arrendamiento y otras sin título legal habilitante, por lo que en estos casos se debe proceder a la regularización o al desalojo.
Por otra parte, la EVhA compró otras 89 viviendas al holding patrimonial de inversiones de La Caixa, conocido como Criteria Caixa, en virtud de un convenio suscrito entre ambas partes en 2019. En él se acordaba la cesión del usufructo de determinados inmuebles propiedad del holding para destinarlos a alquiler social por una vigencia de cuatro años. Así, tras la finalización del convenio en 2023, "existiendo disponibilidad presupuestaria y con el fin de consolidar la ampliación del patrimonio público de vivienda y al mismo tiempo garantizar la estabilidad habitacional de la unidades de convivencia que residían en las viviendas", la Conselleria decidió adquirir 25 de las viviendas en marzo del pasado año, para hacer lo propio con otras 64 en julio.
A ellas habría que sumar otra 11 viviendas adquiridas por el derecho de tanteo de la EVhA sobre las viviendas calificadas de promoción pública. Además, la entidad ha ejecutado otros 10 expedientes de recuperación de viviendas a favor de la Generalitat aplicando la legislación de vivienda autonómica, que faculta a la administración a recuperar la titularidad o disponibilidad de las viviendas mediante procedimientos administrativos como el desahucio, la resolución de contratos de compraventa, la recaudación ejecutiva por vía de apremio y desalojo de ocupaciones sin título o la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social.
La entidad autonómica ha sumado inmuebles a su patrimonio por otros mecanismos. Así, explica que recuperó durante el pasado ejercicio 62 viviendas por resolución anticipada de contratos, se incorporó el arrendamiento de otra vivienda que ya formaba parte del patrimonio y se adscribieron dos edificios en Alicante y Sant Mateu, todavía pendientes de incorporar al inventario, según refleja el propio informe de gestión.
Además de la compra directa de vivienda, la entidad autonómica también cuenta con sus propios proyectos de promoción de vivienda de alquiler asequible. En ese sentido, desde 2017 se reactivaron las obras de ocho edificios que habían quedado paralizados en su día con 111 viviendas proyectadas. Hasta 2023 se finalizaron cinco edificios con 65 pisos en Valencia y Aspe. Durante el año pasado están en ejecución las obras en otras dos fincas en Valencia (ocho viviendas) y Castellón (35 viviendas), por lo que sólo quedaría poner en marcha un último proyecto, en fase de redacción, para la construcción de otras tres viviendas en Valencia.
Además, la EVhA ultima ya la promoción de 184 de viviendas protegidas del conocido edificio de La Torre, en la ciudad de València, que quedó a medias en 2011 y se retomó el pasado mandato con un presupuesto de 23,5 millones de euros, de los cuales 8,5 pertenecen a fondos europeos Next Generation. Con ayuda de estos fondos también se han puesto en marcha tres proyectos innovadores para la construcción sostenible de vivienda pública, que permitirán la rehabilitación y ampliación de un edificio en Castelló de la Plana con 13 viviendas, la construcción de un nuevo edificio con 18 pisos en València, y otro con 13 viviendas en Alcoy.
A todo ello hay que sumar otros cuatro proyectos de promoción pública que desde 2021están en diferentes fases de redacción y ejecución en Gandía, Torrent, Alicante y Elche, que a la postre sumarán 269 nuevas viviendas.
Al mismo tiempo, durante el pasado año, la EVhA continuó fomentando la colaboración público-privada como la licitación de 17 suelos para la promoción de vivienda protegida de alquiler para su explotación por promotores con precios limitados por 55 años en municipios como València, Gandia, Alicante, Sant Joan o Sant Vicent del Raspeig. El concurso público permitirá la construcción de 1.090 viviendas y se adjudicó en febrero de 2023. Además, se iniciaron los trabajos para un segundo concurso para el que municipios como València, Sagunto, Castellón, Jávea o Benidorm ya han puesto a disposición de la entidad autonómico parcelas de su propiedad.
A la postre, al cierre de 2023, la Generalitat Valenciana gestiona a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo un total de 14.776 viviendas, de las cuales 11.548 se trata de viviendas terminadas en régimen de alquiler. A las que hay que sumar otras 479 que están en edificios "en proceso".
Los 2.749 restantes son inmuebles transmitidos con precio aplazado. Una modalidad de alquiler con opción a compra que imperó durante años en la antigua IVVSA, ahora rebautizada como EVha, que suscribió hace décadas contratos de alquiler a largo plazo con vistas a la venta, muchos de los cuales están venciendo y, por tanto, se han tenido que escriturar en manos privadas saliendo del parque público.
Estas salidas, junto a la necesaria demolición de edificios en condiciones de inhabitabilidad, lastra año tras año el crecimiento del parque público de vivienda autonómico, que suma activos pero no todo lo rápido que permitiría la compra directa y la promoción propia de inmuebles. Así, si en 2021 la entidad gestionaba 14.553 viviendas, a finales de 2022 esta cifra ascendió apenas hasta las 14.600, y al cierre del pasado ejercicio creció en 176 unidades hasta las 14.776, tal como consta en el informe de gestión.
