La diputada del PPCV, María José Ferrer San-Segundo, y el diputado 'popular', Jorge Bellver. VPVALÈNCIA. La lengua se ha convertido en campo de batalla político entre el Consell y la oposición. Pero con un escenario que va más allá del debate en Les Corts: los tribunales se han convertido en el terreno de juego de la disputa. Una pugna con varios frentes debido a los recursos que ha presentado ante la justicia el PP y que este lunes se ha ampliado. A la judicialización de asuntos como el modelo educativo plurilingüe, se suma el decreto para el uso de las lenguas cooficiales en la administración valenciana.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) diera luz verde al uso prioritario del valenciano en la administración hace 10 días y desestimara, por tanto, la suspensión cautelar que pedía el sindicato CSIF, el PP juega ahora su propia partida. El presidente del grupo parlamentario popular en la Cámara valenciana, Jorge Bellver, y la diputada del PP, María José Ferrer San-Segundo, anunciaron este lunes que el Partido Popular ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo al considerarlo en muchos aspectos "ilegal" por utilizar el valenciano en 13 de 27 artículos como "idioma excluyente" y considerar que se "margina al castellano".
Así, denuncian que en los artículos 3, 12, 14, 15 y 26 del decreto sobre usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat se estipule que en las notificaciones en procedimientos administrativos se fije el valenciano como la única lengua en la que se deben redactar los textos cuando se dirijan a otras comunidades autónomas "pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano".
En este sentido, los populares señalan en el escrito que un decreto autonómico "no puede establecer cuál es la lengua cooficial de otra Comunidad Autónoma", sino que ésta viene determinada en los Estatutos de Autonomía. Así como que no existe ninguna autonomía "salvo la valenciana, que tenga el valenciano como lengua cooficial".
"La consecuencia inmediata que implica la aplicación del Decreto impugnado será la ineficacia de todo acto administrativo, emanado de la Administración de la Generalitat Valenciana", fija el recurso. Esto es, Ferrer San Segundo cuestionaba si en el momento en el que un ciudadano reciba una notificación y quiera que sea en castellano, se paralizaría el procedimiento.
El PP valenciano no solo ha planteado este escrito de interposición fruto de estas incertidumbres; también ha exigido la suspensión cautelar. El objetivo es recibir el expediente completo de tramitación de este decreto para así poder esclarecer todas las dudas que tiene la formación sobre la normativa impulsada por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.
No es la primera ocasión en la que los populares plantean batalla por la cuestión lingüística. Cabe recordar que la Diputación de Alicante que preside el popular César Sánchez pidió la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo. Y lo hizo porque la normativa modificaba el anterior sistema del PP creando itinerarios en los que los colegios que se decantaban por un nivel de valenciano avanzado, optaban a los certificados de inglés más altos. No es así, sin embargo, en caso de haber elegido el modo más básico o íntegramente en castellano. Con ello, desde la corporación provincial interpretaban que había una supuesta marginación del castellano respecto de la lengua propia de la Comunitat.
Así, el recurso era presentado en el TSJCV, pese al acuerdo alcanzado entre el departamento de Marzà y el ministerio de Educación que dirige Íñigo Méndez de Vigo, al incrementar las horas de inglés en las líneas en castellano.
Con este escenario, desde Campanar tuvieron que hacer frente al recurso de Sánchez. No obstante, la defensa quedó en nada. El Tribunal Superior de Justicia paralizó aún así la nueva normativa y, aunque todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el Consell del Botànic sumaba el primer varapalo judicial en pleno proceso de admisión escolar.
El pasado mes de abril, este proyecto de decreto de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) también levantó las críticas de los populares, aunque, eso sí, no llegó a ningún tribunal. En fase de exposición pública, el PP presentó alegaciones al nuevo órgano de la Generalitat que tena como misión interferir en conflictos lingüísticos en la administración o entre particulares.
Las dudas que suscitaba en el principal partido de la oposición la Oficina se centraban en su ámbito de actuación, pues éste llegaba también a aquellos sujetos de "carácter privado, que siendo personas jurídicas o físicas", perjudicaran "con su actuación los derechos de la ciudadanía" de habla en valenciano, pues la normativa no menciona al castellano ni ninguna otra lengua que no fuese la autóctona.
En la redacción del proyecto, se estipulaba que el órgano podría actuar "de oficio cuando considere que los hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía o a instancia de cualquier persona física o jurídica que presente una queja o sugerencia". Por ello, Ferrer San-Segundo calificó el borrador como un intento de "crear comisarios lingüísticos" que pudieran decidir "tanto en el ámbito privado como público en qué idioma hablamos" con el fin de instaurar "un estado de inmersión lingüística vigilada".
No obstante, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, negaba a Valencia Plaza que esta potestad tuviera que ver con imponer multas o sanciones. La respuesta nacía de una de las principales críticas al texto del futuro decreto, ya que desde el PP criticaban la "falta absoluta" en la tipificación de sanciones, medidas o respuestas que pudieran imponer.
De momento, este es un fuego que el Consell todavía no ha tenido que apagar. Con la ley de Función Pública Valenciana impulsada desde la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo que fija el requisito lingüístico -valenciano- para acceder a la Administración, los populares advirtieron que la norma sería carne de recurso en los tribunales.
La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, advirtió que su grupo parlamentario en Les Corts no se quedaría de brazos cruzados ante el "chantaje lingüístico" del Consell. "Pedir el requisito del valenciano a los funcionarios es seguir el juego al independentismo", llegó a afirmar.
Sin embargo, la norma todavía no está aprobada, ni ha pasado por Les Corts para iniciar la fase de enmiendas, por lo que el PPCV no ha emprendido todavía ninguna vía legal contra la normativa.
