Manuel Illueca, presidente de la SGR. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cuando aún no ha formalizado la primera operación inmobiliaria tras su rescate, la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) ya prepara una segunda venta para desprenderse de más ladrillo. La entidad avalista, salvada de la quiebra por el actual Consell con 200 millones de euros del FLA, ultima el proceso de venta de una importante cartera compuesta por créditos e inmuebles que le permitirán acabar el ejercicio con una deuda de 15 millones de euros, muy por debajo de la losa de 400 que estuvo a punto de llevarla a la quiebra.
Dentro de esta cartera se encuentran el conjunto de activos inmobiliarios valorados en 26 millones de euros que la SGR le iba a colocar a la Generalitat como parte del proceso para reestructurarla. Según el diseño original la operación para salvarla, preparada y ejecutada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la administración valenciana tenía que quedarse para cumplir con la exigencia de diligencia en la recuperación de los recursos públicos –parte del aval de 200 millones que la Generalitat formalizó en 2013– o de lo contrario la UE podría considerar que se trata de una ayuda de estado ilegal.
Pues bien, esos activos ya no pasarán a la Generalitat. Toda esa cartera, formada sobre todo por terrenos o solares urbanos, naves industriales (23%), edificios (11,5%), terrenos rústicos (11%) o solares urbanizables (8,5%) más una parte de los activos que permanecen en el balance de la SGR serán objeto de una segunda venta, una vez se firme la venta de la primera cartera inmobiliaria.
Según explica Manuel Illueca, director general del IVF y presidente de la SGR, la composición de este segundo paquete es "atractiva" para los inversores, ya que el elevado porcentaje de suelo incluido en esta cartera "puede tener mejor salida en el mercado ahora que se reactiva la actividad inmobiliaria".
El director del IVF destaca la buena respuesta que la sociedad está encontrando en el mercado, motivo por el cual ya prepara una segunda fase de enajenación de activos antes de firmar la primera, algo que ocurrirá en septiembre. Los potenciales inversores a los que se dirige son fondos de inversión internacionales y, aunque aún está por definir el perímetro de la cartera, estima que se cerrará "dentro de los descuentos típicos de este tipo de operaciones".
"Teníamos que vender porque necesariamente teníamos que cumplir un ratio de inmovilizado de más de tres años en el balance sobre neto. Como el mercado ha sido receptivo y hemos podido reducir la deuda, vamos a realizar una segunda operación para avanzar más en el proceso de reestructuración. La expectativa para las entidades financieras que hoy por hoy operan con la SGR es de plena recuperación de las cantidades que se les adeudan", destaca Illueca.
Cuando culmine la primera venta de activos, el ratio de solvencia de la SGR se elevará hasta el 14,5%, mientras que la deuda senior neta quedará en alrededor de 15 millones frente a los 400 millones que tenía. Al margen de ello están los 40 millones del préstamo subordinado con las entidades, explica el director del IVF.
La primera operación, en la que la SGR cuenta con el asesoramiento de Alantra, incluye 793 inmuebles que van desde naves industriales, viviendas, plazas de garaje y suelo, procedentes de una época "de avales sin fin". La expectativa cuando se anunció la operación, que supone desprenderse del equivale al 75% de los inmuebles en su balance, era captar 30 millones de euros. El valor neto contable de la cartera asciende a 44 millones, pero el valor de tasación es de 83.
La SGR ya intentó en 2016 captar 180 millones de euros con el frustrado Proyecto Citrus, una cartera de avales ejecutados con y sin garantía superior a 800 millones de euros, con activos adjudicados y créditos fallicos valorados inicialmente en 82 millones por los que esperaba obtener 170 millones.
Tras fracasar el proyecto, ya que la mejor oferta recibida fue de apenas 65 millones y ni siquiera por la totalidad de la cartera, los nuevos responsables del IVF optaron por adelantar la ejecución del aval de 200 millones, que vencía en 2018 para intentar vender posteriormente los activos. Con ello conseguía más tiempo para encontrar una mejor respuesta del mercado, tal y como ha ocurrido.
Tras la amortización anticipada del aval de 200 millones de euros a favor de la Generalitat, negociada con el conjunto de bancos que ya participó en su rescate en 2013, la deuda de la SGR con las entidades financieras quedó en 94 millones de euros: 54 de senior y otros 40 como un préstamo participativo sin garantías del Consell.
