por el amaño de una adjudicación a través de Fundescam
La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho
16/05/2017 -
MADRID, (EP). La Guardia Civil investiga la actuación de Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración.
El informe, incluido en el sumario que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, encuentra un "nexo causal" entre el "favorecimiento" a la empresa de Arturo Fernández y sus aportaciones económicas a Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid.
La Guardia Civil señala que esas aportaciones se realizaron en fechas próximas a las elecciones autonómicas de mayo de 2007, "y cuya investigación principal habría demostrado el carácter finalista de las mismas al objeto de financiar de manera encubierta al Partido Popular de Madrid para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".
160.000 euros a Fundescam
En concreto, el informe señala dos aportaciones de Arturo Fernández por importe total de 160.000 euros. La primera de ellas se habría producido a través de la Fundación Arturo Fernández Cantoblanco por valor de 60.000 euros y la segunda, de 100.000 euros, en su calidad de vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
"Puede establecerse por tanto un posible nexo causal entre la materialización de las aportaciones económicas detectadas y la consecución de repetidas adjudicaciones en donde se revelarían prácticas arbitrarias en favor de la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L.", concluye.
La UCO insiste así en que la adjudicación de estos servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea en los años 2009 y 2011 "pudo ser decidida de antemano" y se basa en "una pluralidad de arbitrariedades" que, según sostiene, fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones. Estas personas eran la propia Cifuentes y la jefa de Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.
Según denuncia, la investigación pone de manifiesto "actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización", lo que demuestra "pleno conocimiento y voluntad" a la hora de realizarlos.
El Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil señala que, tanto en el contrato de 2009 como en el de 2011, la adjudicataria no fue la empresa que mejor oferta económica presentó, sino que fue elegida en base a criterios de solvencia y adjudicación "que a juicio policial son contrarios a derecho".
Y señala ejemplos de diferente valoración entre la empresa de Arturo Fernández y su competidora, Clece. "Hubo arbitrariedad y trato diferente para situaciones idénticas, siendo coincidentes dos componentes del comité de expertos en ambas licitaciones --Cifuentes y Merino--, ostentando la primera de ellas también la Presidencia de la Mesa de contratación".
En este sentido, la Guardia Civil advierte contra la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid como miembro del comité de expertos que valora las ofertas y la Presidencia de las mesas de contratación.
A su juicio, se trata de una situación "completamente irregular y anómala" que demuestra "intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento". "Es decir, ejercer un control en la valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse de que esas valoraciones eran finalmente aprobadas", avisa.
Patrona de Fundescam
En otro informe de la UCO incluido en este sumario de la Púnica vuelve a aparecer el nombre de Cifuentes, en este caso, por su papel como patrona de la Fundación Fundescam y la vinculación de la organización con posibles irregularidades en pagos y gastos electorales del PP de Madrid.
En el mismo, se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, "determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".
El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
En este caso vuelve a aparecer Arturo Fernández entre los empresarios que "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes".
