La Comisión de Expertos, el día que se constituyó. Foto: EFE/Fernando VillarVALÈNCIA. "Ha sido la gota que ha colmado el vaso". Así explica una fuente conocedora de las deliberaciones de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica el efecto que sobre el ánimo de la mayoría de sus integrantes ha tenido el reciente pacto entre Mariano Rajoy y el PNV para conseguir el apoyo del grupo vasco a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.
El acuerdo, como es sabido, supone que el País Vasco abonará cada año al Estado 956 millones de euros por las competencias no transferidas, 500 millones menos que en 2016 y 244 menos de los presupuestados en 2017, además de la devolución de 1.400 millones de deuda histórica por diferencias en el cálculo del cupo desde 2007, que se descontarán en cinco anualidades, con lo que los ingresos efectivos del Estado en 2017 serán de alrededor de 816 millones, casi 400 menos de los que había presupuestado.
Esto provocó, el pasado viernes, la renuncia del experto designado por Asturias, el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, por considerar que si el Gobierno no escucha la opinión de este órgano, es que es "irrelevante" y, por tanto, no tiene sentido seguir en él. La Comisión de Expertos la forman cuatro representantes del Estado y uno por comunidad o ciudad autónoma, excepto Cataluña, que renunció, y las dos forales, País Vasco y Navarra.
Monasterio considera que el acuerdo interfiere "claramente" en los trabajos de la comisión. Y recuerda que si bien la Constitución reconoce a las forales un sistema de financiación cualitativamente distinto, "tal sistema no debería ser cuantitativamente diferente" ya que la Carta Magna establece que las diferencias entre estatutos no pueden implicar privilegios económicos.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la reacción de Monasterio no responde solo al pacto Rajoy-PNV, sino a un desencuentro que se viene produciendo con el Gobierno. En contra de lo esperado -una pugna entre comunidades autónomas por el pastel-, entre los expertos hay bastante consenso sobre la premisa básica para el acuerdo, y es que haya suficiencia global para las comunidades. Es decir, que el Estado garantice que habrá dinero suficiente para sanidad, educación y servicios sociales. Esto, según esta tesis, facilitaría el reparto posterior.
Pero el Gobierno se niega a aceptarlo. "No hay un buen ambiente porque por parte de Ángel de la Fuente y del Ministerio intentan imponer unas tesis que siempre se quedan en minoría y no se justifican", explica una persona conocedora de los trabajos que pide no ser identificada. De la Fuente es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y representante del Gobierno en la Comisión de Expertos.
"Las Comunidades Autónomas aceptaron la idea de la Comisión porque son gente que lleva años trabajando en el tema, no parte de cero, los miembros se conocen y están hablando de esto desde hace años. Los miembros de la Comisión de Expertos daban garantía de un buen trabajo, pero tienen que dejarlos trabajar", añade esta fuente.
Sin ser tan contundente como Monasterio, el representante valenciano en la Comisión de Expertos, Francisco Pérez, mostraba este lunes su contrariedad por la rebaja del cupo vasco negociada a espaldas del resto de CCAA.
"Desde el punto de vista político, uno puede entender que son necesarios acuerdos para sacar adelante los presupuestos, pero van en una dirección que no es la que tenemos en mente muchos, que es reducir las diferencias entre las comunidades forales y el resto", explicó a Valencia Plaza el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie.
"Una cosa es reconocer la existencia del convenio y otra es que los resultados financieros de eso deban conducir a unas diferencias de recursos tan grandes como hay", añadió. El País Vasco ya era la comunidad con más recursos por habitante y el nuevo cupo aumentará las diferencias, salvo una compensación del Estado al resto de CCAA que se antoja impensable.
La Comisión tiene el compromiso de entregar antes del 10 de agosto el informe sobre la reforma. Francisco Pérez confía en que cumplirá los plazos, a pesar de las dificultades.
Según Francisco Pérez, uno de los criterios que marcó la Conferencia de Presidentes a la Comisión de Expertos "es que se haga una propuesta que, atendiendo a los principios de suficiencia y solidaridad, diga cómo se tiene que hacer el sistema de financiación... La reforma es muy compleja y esta decisión no la hace más fácil", concluyó.
Para De la Fuente, el acuerdo del Gobierno con el PNV es "una situación normal en el juego político" por lo que, en ese sentido, "nada que objetar". Sin embargo, reconoce que el resultado de los pactos "no contribuye a mejorar la equidad del sistema, pues incrementa la ya muy considerable ventaja del País Vasco sobre otros territorios en términos de financiación por habitante ajustado".
En el caso de Canarias, con quien también el Gobierno ha llegado a un acuerdo que puede suponer 500 millones de euros en inversiones, este experto teme que se pueda dejar al archipiélago en una situación "mas ventajosa de lo que sería razonable". Desde esta perspectiva, dice, "hubiese sido preferible un acuerdo presupuestario en el que esos recursos se hubiesen utilizado en mejorar las cuentas de comunidades peor financiadas bajo el sistema actual".
Por su parte, Carlos Monasterio exige saber cómo se ha llegado a que "la cifra correcta" del cupo a pagar en 2017 sean 965 millones y advierte que de no conocerse la metodología del cálculo se caerá en una absoluta falta de transparencia.
Para el representante de Baleares, Guillem López Casasnovas, el acuerdo sobre el cupo ha creado un "sentir general" de desánimo y ha dejado a los expertos con "cara de póquer" ante la dificultad de explicar a las regiones de régimen común la situación de las forales, "con plena capacidad fiscal y nula aportación solidaria".
Casasnovas, que es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, precisa que el pacto sobre el cupo no interfiere políticamente en el debate de la comisión que tiene un mandato para las regiones de régimen común pero sí lo hace desde un punto de vista técnico, por sus efectos tributarios.
No obstante, este experto deja claro que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PNV, y que permite salvar los presupuestos, no es justo, supone un agravio a otras comunidades y ahonda en la sobrefinanciación del País Vasco. Además, asegura que el acuerdo, en los términos que fue firmado, no es exportable a otras comunidades aunque Cataluña podría exigir algo similar, "pero no igual".
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y también integrante de la comisión de expertos, Alain Cuenca, opina que tanto el País Vasco como las tres diputaciones forales están sobrefinanciadas. Cuenca explica que esto se debe a que su aportación a los gastos generales (los no transferidos) es muy inferior a la que procedería pero, además, y dado que recaudan el IVA y otros impuestos indirectos se debería hacer un ajuste a favor del resto de España, "y, sin embargo, se ha hecho a favor del País Vasco".
Asimismo, según este experto, las forales no contribuyen a la solidaridad con el resto de las comunidades "con quienes comercian y conviven sin ninguna restricción". Cuenca sostiene que teóricamente el sistema del concierto si se aplicara sólo a impuestos directos sería extensible a todas las comunidades pero en la práctica no es posible porque las diputaciones forales han demostrado que no son fiables: "cuando discrepan, no pagan".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
