VALÈNCIA. Presidencia de la Generalitat ya ha dado el primer paso para modificar las condiciones con las que poner en marcha los cajeros automáticos en los municipios sin oficina bancaria ni fórmula alternativa financiera. Este lunes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) anunciaba la salida a información pública del decreto por el que se modifican las bases reguladoras de estas subvenciones, destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos.
Cabe recordar que, a mediados de julio, desde la dirección general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, decidieron dejar sin efecto el proceso en el que estaban inmersos para replantearse la fórmula ante la falta de interés de las entidades bancarias, quienes no habían presentado ninguna oferta para prestar el servicio. Una situación que se atribuyó a la pandemia de covid, ya que la convocatoria fue publicada una semana antes de decretarse el estado de alarma.
Como ya apuntaron desde Presidencia, la intención era rehacer los pliegos para adaptar las condiciones de las ayudas al nuevo escenario tras la crisis sanitaria. Para la nueva convocatoria, han decidido flexibilizar el modelo de cajero que se contemplaba inicialmente y que debía de contar con especificaciones como un lector de libretas o un mínimo de 4 cajetines con una capacidad de, al menos, 2000 billetes. Ahora, desde la Generalitat permitirá que se pueda instalar cualquier cajero homologado.
Inicialmente, también se pedía la presencia física de personal de la entidad bancaria para asesoramiento, concretamente de 50 horas al año. Ahora, ésta podrá ofrecerse por vía telemática, como la videoconferencia. Tampoco se exigirá que los cajeros operen obligatoriamente con libreta y se permitirá que las entidades no solo se presenten a dos zonas, como estaba previsto inicialmente, sino a las cuatro en las que está dividida la convocatoria.
"Ha sido un proceso novedoso que no se había realizado nunca y en menos de una semana entramos en el estado de alarma", recuerda Jeanette Segarra, directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament. Ahora, se inicia un proceso de información pública de 7 días para que las entidades bancarias puedan presentar alegaciones en el caso de querer matizar las nuevas condiciones planteadas. Durante el proceso, 124 municipios de la Comunitat Valenciana solicitaron el servicio.
