SANTA JOAN. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Patrimonio dependiente de la Conselleria de Hacienda y Patrimonio, ha tomado la decisión de derribar los inmuebles situados en la finca anteriormente conocida como residencia Eduardo Altet.
Según informa el Ayuntamiento de Sant Joan en una nota pública, "estos edificios fueron en su día una residencia de ocio y tiempo libre dependiente de la Generalitat Valenciana, y fueron abandonados desde el 2006". Desde 2006 hasta 2013, añade el consistorio, la presencia de un vigilante jurado impidió el vandalismo en las mismas, pero en 2013 el Gobierno municipal de Sant Joan d'Alacant, entonces en manos del Partido Popular, pactó su cesión para que se ubicara una sede de la Universidad Católica de Murcia. Ello conllevó, según el ayuntamiento, que despidieran al vigilante jurado que custodiaba el inmueble y que a los pocos meses el inmueble había sido pasto del saqueo y del vandalismo amenazando ya con la ruina.
Una vez se descartó el fallido proyecto de la UCAM, en 2015 el actual Gobierno municipal cuatripartito, liderado por el socialista Jaime Albero, inició el proceso de devolución del aval de 1.185.000 € que había suscrito el Ayuntamiento con la Generalitat Valenciana como garante de la compraventa del inmueble. Tras largas negociaciones no fue hasta mayo de 2018 que la Generalitat Valenciana perdonó el millón de euros al Ayuntamiento de Sant Joan.
Desde ese mismo momento, añade el ayuntamiento, "el alcalde empezó las negociaciones para dar solución al estado ruinoso del inmueble presentando la parcela a diferentes organismos dependientes de la Generalitat e incluso a inversores privados coincidiendo todos en que el coste de rehabilitación del inmueble hacía inviable cualquier inversión en esa parcela. Trasladada la cuestión a la Dirección General de Patrimonio, ha sido este departamento quién ha tomado la decisión del derribo de los inmuebles ante su "inminente ruina y el peligro que suponen para la población en general". A partir de ahora se inicia el procedimiento de contratación de los servicios de derribo y gestión de los residuos resultantes para dejar diáfana la parcela para su futuro uso. Uso que decidirá la Generalitat Valenciana como dueña de la parcela.
