Enrique Ortiz.VALÈNCIA. La parálisis que arrastra Sociópolis le está saliendo cara a la Generalitat pese a sus esfuerzos por reactivar el barrio. Las cuentas de 2016 de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) revelan que la firma ha sido condenada a pagar cerca de 2,3 millones de euros a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos, que reclamaba a la administración dicho importe por obras de urbanización inacabadas en el sector La Torre.
"El fallo reconoce la devolución de avales por ineficaces (de 477.296,32 y 318.617,55 euros) y que EIGE adeuda a Ortiz 2,27 millones de euros (438.090,32 por liquidación de obras más 1.833.267,24 por costes indirectos) con condena en costas", detalla la entidad en el apartado de su memoria anual dedicado a los procedimientos judiciales.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebracion del Territorio detallan a Valencia Plaza que el litigio ya cuenta con una condena en firme, si bien la sociedad del promotor alicantino -procesado en el Caso Brugal- no ha solicitado hasta la fecha que se ejecute la sentencia.
Las mismas fuentes subrayan que la actuación denunciada por Ortiz proviene del Ejecutivo anterior, al tiempo que achacan al Gobierno del PP otras muchas denuncias de promotores por paralizar las obras en Sociópolis por falta de presupuesto.
En efecto, las cuentas del Eige de 2016 detallan en el mencionado apartado un buen número de reclamaciones relacionadas con el sector de La Torre. Se trata de otros tres litigios por los que se reclama a la entidad autonómica 12,4 millones de euros.
El grupo Proara solicita dos indemnizaciones: una de 2 millones y otra de 7,7, en ambos casos por "responsabilidad patrimonial por inactividad del Eige en las obras de urbanización del Sector La Torre-Sociopolis". Ante la primera la entidad ha solicitado asistencia jurídica a la Abogacía de la Generalitat para articular su defensa, mientras que la segunda demanda ya ha sido contestada.
Por otro lado, la mercantil Crea 07 SL pide 2,7 millones por "la resolución del contrato de compraventa y la restitución de prestaciones de la parcela R-14", una demanda ante la que el Eige también ha solicitado asistencia jurídica a la Abogacía. En los tres casos mencionados la entidad pública ha estimado un riesgo de la mitad de los importes reclamados.
