Una instalación fotovoltaica.ALICANTE/VALÈNCIA. El boom de la llegada de macroplantas fotovoltaicas a distintas zonas de la Comunitat Valenciana ha puesto en alerta a varios municipios que han decidido poner freno, al menos de manera temporal, a este tipo de proyectos. Para ello, han suspendido de manera temporal la tramitación y otorgamiento de licencias de urbanismo para la implantación de centrales fotovoltaicas y de parques eólicos.
En la provincia de Alicante, esta fiebre se ha producido en comarcas como el Vinalopó y la Foia de Castalla. Así, el Ayuntamiento de Onil ha sido el último que ha decidido suspender el permiso ante cualquier solicitud de instalación fotovoltaica y eólica en suelo rústico y durante dos años. De esta manera, Onil sigue los pasos de Castalla e Ibi y blinda su suelo que carece de normativa específica para este tipo de plantas. En otros municipios, como Villena o Monóvar se han estudiado alternativas o recomendaciones, pero no se ha optado por suspender las peticiones.
El primer ayuntamiento que lo acordó fue Castalla, en abril en junio lo hizo Ibi, y en julio, Onil, cuyo acuerdo plenario ha sido recogido este jueves por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En este último caso, se justifica que el consistorio quiere facilitar el estudio y en su caso, reforma, de la ordenación urbanística aplicable y regular el uso y la implantación de las citadas instalaciones en dicho ámbito. La suspensión no afecta a las instalaciones particulares que tengan por objeto la producción de energía para el autoconsumo de las viviendas unifamiliares aisladas emplazadas en suelo no urbanizable. Sin embargo, la suspensión tendrá una duración máxima de dos años. Este plazo se interrumpirá, con levantamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de plan, añade el consistorio.
Sus razones son muy parecidas a las que en su día esgrimió Ibi. Castalla ha ido más allá y tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para zonificar el suelo en el que se podrían instalar plantas fotovoltaicas; es decir, mientras Onil e Ibi estudian las alternativas urbanísticas en sus normativas, Castalla ha optado por un cambio en en el planeamiento. En la actualidad, en el consistorio castallense han peticiones para 9 proyectos que impactarían en 800 hectáreas.
Por esta razón, con este cambio, los que pretende Castalla es crear suelo destinado a tal fin y establecer las directrices a seguir para la instalación de este tipo de instalaciones; siguiendo para ello criterios de equilibrio, coherencia y armonía con el entorno paisajista y urbanístico, ha explicado el alcalde. Como toda modificación puntual del PGOU, será sometida a información y exposición pública en su momento oportuno.
Ente ellos, los últimos en hacerlo han sido los municipios de Chella y Chiva que, en las últimas semanas, han aprobado esta restricción en sus respectivos ayuntamientos. En el caso de Chella, según ha explicado el alcalde socialista, José Enrique Talón, la paralización de estas licencias tienen como objetivo "estudiar de manera detenida los proyectos, estudiar los pros y contras, y ver lo que podría causar en el municipio", ha explicado.
Sin embargo, Talón señala que, por el momento, no se ha presentado ningún nuevo proyecto de estas características. Eso sí, se trata de una cuestión que, según el primer edil, divide a los vecinos y vecinas, ya que asegura que "hay cerca de 200 personas interesadas en vender sus terrenos". En este caso, además, el consistorio ha aprobado un aumento del IBI a las grandes instalaciones fotovoltaicas, pasando del 0,7% al 1,2%, el máximo importe.
Esta paralización temporal por un año, con otro año prorrogable, no obstante, no alterará los proyectos que ya están en marcha. Es el caso de la macroplanta fotovoltaica que está previsto que se instale en Bolbaite y que conlleva una subestación en Chella. "Pero seguimos luchando porque no se ponga en el lugar donde está previsto, sino que la desplacen a la zona industrial", añade el alcalde.
Además, esta modificación tampoco afectará a las instalaciones particulares que tengan como objetivo producir energía para el autoconsumo de las viviendas unifamiliares ubicadas en suelo no urbanizable.
Unas trabas a la llegada de posibles proyectos fotovoltaicos de grandes dimensiones que también se han adoptado otros municipios como L'Ollería, Onil o Godelleta, pero que persiguen el mismo objetivo: dar tiempo a los ayuntamientos para estudiar y modificar, en caso de que sea necesario, la normativa urbanística y la implantación de estas macroinstalaciones.
Otro de los municipios que han tomado esta decisión en las últimas semanas ha sido Chiva donde, además, existe un rechazo por parte del ayuntamiento y de diversas asociaciones vecinales que han constituido la plataforma Salvemos Brihuela, a la ubicación en el paraje natural de la Sierra de Chiva de una megainstalación de placas solares.
Sobre esta cuestión, tal como explicaron en el último pleno municipal, están realizando alegaciones, tanto por parte de la asociación vecina, como por parte del consistorio y han emitido al Ministerio de Industria dos informes de carácter desfavorable a la ubicación. "También se hizo una consulta ciudadana para conocer la opinión de la ciudadanía, teniendo de forma abrumadora un rechazo social a la instalación del megaparque", señalaba el regidor de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad, Manu Clemente, en el último pleno.
El consistorio ha ido más allá y también ha optado por paralizar durante dos años las licencias de actividad para plantas solares en el municipio que ocupen más de 10 hectáreas. Al igual que en el caso de Chella, desde la administración local insisten en que están a favor de las energías renovables, pero no de la manera que tienen de operar estas grandes instalaciones: "apostamos por las energías renovables de forma sostenibles, no de grandes parques y menos en el paraje, pero sí facilitando la instalación de pequeños parques", defendía el edil de Izquierda Unida.
El siguiente paso, según adelantaron, es la licitación que ya ha sido aprobada del un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio "que debería tener desde hace 20 o 30 años y a día de hoy no tiene", critica Clemente. Y, precisamente, una de las patas sobre las que se sustentará este plan será la protección medioambiental de determinadas zonas "lo que conlleva la protección del paraje y de su entorno, evitando este tipo de cuestiones", cuenta.
Un camino que ya recorrieron durante los meses de junio y julio otros ayuntamientos valencianos, entre ellos el de Carcaixent, Aielo de Malferit o Fontanars del Alforins. En el caso de la localidad de la Ribera Alta, la suspensión salió adelante de manera prácticamente unánime, ya que solo contó con la abstención del regidor del grupo no adscrito, Juan Albert.
En este caso, desde el equipo de gobierno expresaron su preocupación porque estos proyectos "puedan suponer una alteración importante del territorio" y apuestan porque la instalación se haga "en aquellos lugares donde estas actividades e instalaciones sean sostenibles y coherentes con el resto de políticas territoriales y medioambientales".
De hecho, la restricción fue aprobada en un pleno extraordinario, precisamente, por la posibilidad de que alguna empresa presentara algún proyecto. "Nadie puede dudar que estamos a favor de las energías limpias, pero no a cualquier precio. No nos podemos permitir acoger mastodónticas instalaciones en nuestro pueblo que supondrían un enorme impacto paisajístico y para el medio ambiente que podría afectar a las generaciones futuras", reivindicó el alcalde de Carcaixent, Paco Salom.
Una postura similar a la de los consistorios de Fontanars dels Alforins y Aielo de Malferit donde, además, se han comprometido a iniciar los trámites para la revisión y modificación de la normativa urbanística para "eliminar las contradicciones que puedan existir al respecto y fijar de forma clara los usos permitidos". Y, en ambos casos, se excluyen de esta suspensión a las instalaciones destinadas al autoconsumo.
