El concejal de Personal, Carlos Giménez.ALICANTE (EFE). La fiscalía ha citado para el próximo mes de septiembre al concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Giménez, para interrogarle como testigo por el despido de la cuñada del portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, según han informado este martes fuentes próximas al caso.
Esa comparecencia se enmarca en las diligencias de investigación abiertas por el ministerio público tras la denuncia presentada por dos activistas del movimiento vecinal de la ciudad, José Luis Valdés y José María Hernández, que acusan al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de incurrir en un presunto delito de prevaricación por tomar esa decisión.
Dicha investigación es independiente de la que tramita la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto fraccionamiento de contratos registrado a finales del pasado año en la Concejalía de Comercio, un caso que afecta también a Echávarri y que ha sido denunciado por el PP tanto en el ministerio público como en los juzgados.
Los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando el consistorio despidió a una técnica interina de la Concejalía de Cultura que es cuñada del portavoz popular, días después de que éste denunciase en fiscalía al alcalde por las supuestas irregularidades en los contratos de Comercio.
Con posterioridad, el pleno del ayuntamiento aprobó una declaración institucional impulsada por el PP en la que se condenaba la "purga de interinos" y se instaba al equipo de gobierno, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant, a revocar el despido.
En esa sesión plenaria, celebrada el 26 de abril, el regidor socialista enmarcó el cese de la trabajadora en la reestructuración laboral que piensa acometer en relación a los puestos de interinos que fueron contratados antes de 2005.
Los socios de gobierno del PSPV (Guanyar Alacant y Compromís) permitieron la aprobación de la declaración impulsada por el PP con su abstención, al tiempo que se desmarcaron de la decisión del despido.
Unos días más tarde, en mayo, la Concejalía de Recursos Humanos readmitió a la empleada, pero dos históricos dirigentes del movimiento vecinal alicantino, José María Hernández y José Luis Valdés, llevaron el caso a la fiscalía.
