VALÈNCIA. Las okupaciones son desde hace años uno de los principales problemas que arrastra el parque público de viviendas de la Generalitat Valenciana. Una situación que con la pandemia se ha agravado. Son cerca de 1.300 los inmuebles que tienen a personas viviendo en ellos de forma irregular. Gran parte de estos okupas entran en estos pisos en el momento en el que la administración valenciana se dispone a reparar y rehabilitarlos para poder destinarlos al alquiler social. Una problemática que la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) quiere atajar.
Para ello, la entidad, dependiente de la Conselleria de Vivienda, contratará sistemas de seguridad e instalará alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico en 250 viviendas de su propiedad con el fin de evitar que puedan ser asaltadas de forma ilegal. De hecho, ya ha licitado el concurso para poder adquirir estos sistemas de seguridad, un contrato por valor de 650.000 euros, según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado.
Según explica la EVha, el principal escollo que se encuentran para completar la reparación de viviendas del parque público es que "algunas son asaltadas u ocupadas durante estos periodos de adecuación en las viviendas, imposibilitando así la adjudicación de las mismas a las familias necesitadas". Y es que los recursos de la administración son insuficientes para poder frenar una situación con una tendencia al alza.
De hecho, la entidad admite que la instalación de puertas 'antiocupación' en algunos de estos inmuebles ha resultado ser "ineficaz" porque se siguen sucediendo okupaciones. "Ello obliga a poner en marcha nuevos mecanismos de control para evitar los asaltos y usurpaciones", explican.
En cambio, consideran que la compra de estos sistemas de alarma con conexión con la Central de Alarmas y aviso a Policía inmediato supone "un refuerzo sustancial en la prevención de las ocupaciones". Por ello, recurren a la contratación de una empresa de instalación de sistemas de seguridad individual y alarmas para las viviendas en proceso de reparación y nueva adjudicación. El contrato tendrá un plazo de duración de cuatros años no prorrogables.
De esta forma, el pliego contempla la instalación de 250 sistemas de seguridad contra intrusión y alarma individual sin conexión al suministro eléctrico en viviendas vacías del parque público, ubicadas en distintos municipios de la Comunitat Valenciana. También, el servicio de mantenimiento preventivo y reactivo de los sistemas de detección de intrusión, control de acceso y/o videoivigilancia.
Asimismo, habrá una conexión a central receptora de alarmas (CRA), custodia de llaves y servicio de verificación personal para el acceso al interior de las viviendas en caso de que la incidencia lo requiera.
