La Comisión de Expertos, el día de su constitución. EFE/Fernando VillarVALÈNCIA. Las esperanzas de la Comunitat Valenciana de beneficiarse de una quita del Estado a su abultada deuda se alejan, a la vista del informe de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica. Este comité, formado por un representante del Estado y uno por comunidad autónoma, rechaza de plano esta posibilidad en el informe no vinculante que adelantó este martes Cinco Días.
Los argumentos de la Comunitat han convencido a los expertos en otras cuestiones, especialmente en una clave, como es la ruptura del statu quo a la hora de establecer un nuevo sistema. Partir del sistema ya existente suponía un lastre para los intereses valencianos.
Sin embargo, no ha tenido la misma acogida la medida propuesta para otro de los lastres que sufre la Comunitat, la deuda. Este rechazo a una quita ha provocado que el representante valenciano en la Comisión de Expertos, Francisco Pérez, haya emitido un voto particular en el que justifica la pertinencia de esa reducción parcial de la deuda.
La Comunitat Valenciana tiene una deuda pública de más de 44.000 millones de euros, el 41,5% del PIB regional. Parte de ella, según reconocen todos los informes sobre la materia, ha sido provocada por la insuficiente financiación del Estado hacia esta comunidad, la peor financiada junto a Murcia prácticamente todos los años desde 2002. Una deuda que, además, ha generado intereses.
El documento afirma que "una parte mayoritaria de la Comisión considera que debe quedar fuera de discusión el que los préstamos concertados hasta el momento con el FFCA (Fondo de Financiación de las CCAA) y sus antecesores, con independencia de su volumen acumulado y de las causas que hayan motivado su solicitud, forman parte de la deuda financiera de las CCAA. En consecuencia, la amortización íntegra de su capital y el pago de los intereses devengados son compromisos que deben cumplirse sin excepción alguna, porque generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las CCAA que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal y, por tanto, utilizado en menor medida el recurso a los mecanismos extraordinarios de liquidez".
Los expertos argumentan que "los datos demuestran que no todas las CCAA se han esforzado en el mismo grado en el ajuste fiscal, recortando para ello gastos, tratando de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, o haciendo uso de su capacidad normativa para obtener recursos adicionales".
No obstante, abre la puerta a flexibilizar el pago a las CCAA: "Se acepta que podría ser aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado, supervisada por el Banco de España y la AIReF, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado".
En su voto particular, Francisco Pérez afirma que la negativa a priori a la realización de quitas puede conducir a defender una trinidad imposible si, junto a esa afirmación, se sitúan otras dos pretensiones: que no se eleve la presión fiscal y no se recorte el Estado de Bienestar".
El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) argumenta que hay comunidades que son señaladas por haber cumplido peor el déficit y haber recurrido más al Fondo de Financiación de las CCAA que otras, o por haber reducido menos sus gastos. "Sin embargo, todo ello sucede al tiempo que siguen gastando menos que otras por habitante o por unidad de necesidad, de modo que se puede decir que están haciendo más esfuerzo de manera permanente que otras, y no menos, y que al no señalarlo se ignora que esas comunidades disponen de menos recursos".
Pérez concluye que "la recuperación de las condiciones de sostenibilidad de algunas comunidades parece difícil sin aumentos importantes de sus ingresos, ajustes sustanciales de sus gastos y/o reestructuraciones profundas de sus deudas. Negar que esta última posibilidad incluya quitas no parece realista y asociarla a un problema de ajuste insuficiente de los gastos y el consiguiente riesgo moral constituye una simplificación que resta objetividad a la valoración".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
