El exconcejal del PP, Andrés Llorens, en los juzgados de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso por el supuesto amaño en la adjudicación de la contrata de las sillas, conocido como caso Isjoma, sigue quemando etapas hasta la celebración del juicio. La última de esas fases previas llega a través de una resolución de la Audiencia, en la que se confirma la obligación de depositar fianza para el conjunto de los procesados, por una suma que roza los 9 millones de euros en total (8,97). Entre los acusados, figuran los exediles del PP de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza.
En concreto, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia rechaza el recurso de apelación presentado por el representante de Isjoma, Isidro García, frente al auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Alicante en julio de 2019 en el que se dicta la apertura de juicio y se impone la obligación de prestar avales con el propósito de cubrir posibles responsabilidades civiles que pudiesen determinarse en el caso de una sentencia condenatoria.
En el caso del empresario recurrente, se trata de una suma de 2.243.929,57 euros; la misma cantidad que también se requiere al exedil de Infraestructuras, Andrés Llorens, y al exfuncionario municipal Víctor López. Para el exregidor Zaragoza, se pide una cifra algo menor, de 2.169.887,29 euros, mientras que para los trabajadores municipales Ginés Pérez y Francisco Ramón Casal se solicita 75.562,28 y 1.856 euros, respectivamente. De hecho, varios de estos últimos procesados se habían adherido al recurso presentado por el responsable de Isjoma con la pretensión de eludir ese trámite.
El juez fijó fianzas por un total de 8,97 millones para el conjunto de los procesados, entre los que figuran los exediles Llorens y Zaragoza
En su auto de desestimación del recurso, el tribunal resuelve que no cabe la posibilidad de recurrir la imposición de fianzas recogida en el auto de apertura de juicio y que, en todo caso, esa posibilidad queda aplazada hasta el momento en el que se forme "la correspondiente pieza de responsabilidades civiles".
Como viene informando este diario, las diligencias se iniciaron con el propósito de dilucidar si existió un fraccionamiento de pagos con la concatenación de varios encargos menores, al margen del contrato en vigor que ya había sido adjudicado a Isjoma en 2003, y si en esos encargos se alteraron precios por un importe superior al de mercado para obtener un beneficio mayor. Las diligencias se abrieron a instancias de la denuncia registrada por la empresa Montajes Alavés, que también concurrió al concurso y se consideró perjudicada por su adjudicación.
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción Número 7 instruye una segunda causa en la que se trata de determinar si, después, en 2009, se amañó la nueva licitación del servicio para que Isjoma volviese a resultar adjudicataria del contrato. La última decisión adoptada en estas diligencias ha sido el rechazo de la petición formulada por Montajes Alavés para formar parte del proceso como acusación particular.
Hasta el momento, el juicio por la primera causa sigue pendiente de señalamiento 17 años después de que se produjesen los supuestos hechos delictivos investigados. Los dos exconcejales del PP procesados en las diligencias ya han resultado exonerados después de verse implicados en otras causas judiciales previas, como la seguida por la adjudicación de la Plaza Magallanes, en el caso de Llorens, o sobre el fraude contable en la empresa mixta de Mercalicante, en el caso de Zaragoza.
