VALÈNCIA. El informe de la Abogacía de la Generalitat respecto al convenio de la Conselleria de Innovación para dotar con 1,5 millones de euros a la Fundación Ellis, ente para la investigación de inteligencia artificial radicado en Alicante, pone sobre la mesa una serie de cuestiones que dejan en entredicho los criterios seguidos por el Gobierno valenciano para la entrega de una suma tan importante a una organización creada hace apenas un año y de la que no consta actividad ninguna.
La organización Ellis (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), dedicada al estudio y la promoción de la inteligencia artificial, está presente en 17 países y una de sus principales impulsoras es la alicantina Nuria Oliver, quien además ejerce de Comisionada de la Presidencia de la Generalitat de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial tras ser nombrada en el cargo por el jefe del Consell, Ximo Puig, en marzo de 2020. No obstante, antes de esa designación, en diciembre del año anterior, el propio presidente junto a Oliver y la consellera de Innovación, Carolina Pascual, ya anunciaron públicamente la llegada del nodo Ellis a Alicante, un aterrizaje que se concretó en mayo del año pasado, con la constitución de la fundación con 40 personas que aportaron 1.000 euros cada una para el capital fundacional.
Además, en ese momento se hizo público que el Consell aportaría 1,5 millones de euros. "Un bonito movimiento de participación ciudadana y ejemplo único de colaboración público-privada, que ha permitido la constitución del centro como fundación privada", manifestaron entonces desde la la Generalitat.
Sin embargo, en el citado informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el convenio para la aportación de fondos públicos, fechado este 4 de junio, se pone en duda que la fundación pueda considerarse privada, dado que desconoce -duda no resuelta en la respuesta de la conselleria- "más allá de la escritura de constitución que forma parte de la documentación, cuáles son y los importes de las aportaciones", por lo que, subraya, "nada podemos decir sobre la naturaleza de la fundación objeto del presente convenio".
En este sentido, añade la Abogacía que, en todo caso, "deberá tenerse en cuenta, a futuro y respecto del conjunto de aportaciones posteriores que reciba la fundación, lo que dispone el artículo 157 de la Ley 1/2015, en relación a las que se realicen una vez constituida".
El citado artículo señala que las fundaciones del sector público de la Generalitat son aquellas fundaciones "que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, del Consell o cualquiera de los sujetos integrantes de la Administración de la Generalitat o de su sector público instrumental, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución".
Desde la conselleria, en su respuesta a las indicaciones de la Abogacía sobre este asunto, aseguran que, siendo una cuestión "que no paraliza la tramitación del convenio, se requerirá a la Fundación Ellis para que aclare si se han producido o no nuevas aportaciones y su importe". No obstante, tal y como reveló la propia Oliver en una entrevista para Alicante Plaza el pasado mes de mayo, la fundación no esperaba conseguir inversión privada hasta final del presente año, por lo que los fondos que aportará la Generalitat serán muy superiores a los 40.000 euros aportados por los socios.
La Abogacía insta al Consell a reforzar las medidas de control sobre la subvención establecidas en el convenio, así como a concretar algunas imprecisiones. Entre ellas, que se consideren subvencionables "gastos derivados de las medidas de apoyo a la Red Ellis, bien por la realización de actividades para dicha finalidad o alternativamente mediante contribución financiera directa en los términos previstos en el régimen de colaboración de Ellis". Según la Abogacía, esta frase es tan genérica, que difícilmente se entiende qué gastos concretos se financiarán.
En respuesta a esta cuestión, la conselleria de Innovación concreta que el dinero que irá a la organización europea será 300.000 euros al año "en medidas de apoyo a la red Ellis, como financiar puestos de coordinador de Ellis, recibir visitantes, organizar eventos de Ellis o financiar estudiantes de doctorado en el programa de doctorado de Ellis". Y añade: "No existe información ni a favor ni en contra sobre la vinculación de estas actividades a los objetivos amparados bajo el convenio objeto de análisis", por lo que "procede incorporar un redactado que recoja estas cuestiones" en el texto del convenio.
El abogado de la Generalitat insta a concretar en el convenio los controles que la conselleria establecerá sobre el dinero subvencionado, que se prevé librar de manera anticipada, un 50% a la firma y otro 50% en septiembre. Pide que se incorporen o mejoren en el texto aspectos relativos a la justificación de la subvención, la comprobación, las cláusulas de reintegro y los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Por otro lado, la Abogacía resalta que en el convenio aparece Christof Beaupoil como presidente del Patronato, si bien en la escritura de constitución de mayo de 2020, figura como presidente Andrés Pedreño, exrector de la Universidad de Alicante. Una "discrepancia" que, para este organismo, debe corregirse en el texto del convenio.
Por el momento, y aparte de la inversión pública mencionada, esta unidad sí contó en su constitución con un respaldo de 40 miembros fundadores relacionados con la innovación que aportaron mil euros cada uno, entre los que se encontraban diversas personalidades relacionadas con el mundo de la innovación como el citado exector de la UA Andrés Pedreño; Nuria Gras Daumal; Jose Miguel Pulido, Toni Sánchez Zaplana; el presidente de Ineca Rafael Ballester; Gianni Cecchin, CEO de Verne Group; la responsable del proyecto en Alicante, Nuria Oliver, y el profesor de la UA y marido de la consellera Pascual, Adolfo Albadalejo.
La Abogacía no hace mención al parentesco de Albadalejo, uno de los fundadores, con la persona que va a firmar el convenio, la consellera Carolina Pascual. Tratándose de una subvención nominal, es decir, concedida a dedo, podría tener que abstenerse en función de como se interprete la ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses.