La posición del Hércules respecto a Hacienda no es la del Elche

ALICANTE. El que el Elche haya necesitado apenas dos meses, para consensuar con la Agencia Tributaria un pago aplazado de una deuda que duplica a la que mantiene el Hércules con el fisco, ha llamado la atención en Alicante capital.

Ahora bien, la posición del club blanquiazul respecto a Hacienda no es equiparable a la que mantiene el franjiverde. Es cierto que ambos clubes, cuyos respectivos primeros equipos militan en Segunda División B, mantienen una deuda con la Agencia Tributaria que tiene naturaleza de crédito privilegiado pero en el caso del Hércules, está demandando del fisco una segunda oportunidad, toda vez que ya suscribió un primer convenio en 2013 tras declararse en concurso año y medio antes, acuerdo de aplazamiento que, ante los reiterados incumplimientos del club, fue cancelado por Hacienda que pasó a exigir el pago inmediato de la deuda (o a garantizarla con un aval bancario) y, posteriormente, a embargar bienes y derechos de Hércules, amenaza que también pasó a pesar sobre el patrimonio de los consejeros de entonces y, ahora, sobre el de los actuales, como responsables subsidiarios de la deuda que son, de acuerdo con la Ley General Tributaria.

El que estemos ante un 'reconvenio' no allana precisamente el camino para un Hércules que carece de patrimonio: el Elche ha tenido que poner sobre la mesa, para respaldar el pago aplazado de nueve millones durante ocho años, bienes inmuebles por valor de 52 millones de euros; entre los anteriores destaca el estadio Manuel Martínez Valero que, a diferencia de lo que ocurre con el José Rico Pérez, sí es propiedad del club que juega en él. También son de titularidad del club franjiverde el resto de fincas que se gravan, hasta un número total de 25, algo que no se puede dar tampoco en el caso del Hércules: el presidente, Juan Carlos Ramírez, hubo de ofrecer bienes de su titularidad (de sus sociedades) como garantía para que Hacienda aceptase a finales de junio concederle un nuevo aplazamiento que finalmente no se suscribió, lo que nos lleva a otro problema adicional... 

Nuevo incumplimiento

La Agencia Tributaria fijó el pasado 5 de julio como fecha límite para firmar ese acuerdo que había consensuado con el empresario vasco la penúltima semana de junio, dejando claro que de no ser así, el mismo sería papel mojado y, en el mejor de los casos, habría que volver a negociar. Hacienda no aceptaba que Ramírez condicionara la firma a ser en el momento de la misma adjudicatario de las acciones del Hércules que subastaba el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Como quiera que a 5 de julio no se había ni siquiera convocado la subasta, el empresario no firmó, algo que sentó bastante mal tanto en la Delegación Especial de València como en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; según pudo comprobar Alicante Plaza, tanto o más que las desafortunadas declaraciones de Ramírez acusando al fisco de trato desigual y cargando contra la directora general de Recaudación, Soledad García.

Sin más pulsos

Es evidente que si Juan Carlos Ramírez vuelve a llamar a la puerta de Hacienda para, como en la última ocasión, cumplir con sus exigencias (especialmente en lo que a garantías se refiere) el fisco terminará abriéndosela. Ahora bien, igual que ha quedado demostrado que la Agencia Tributaria no va a solicitar la liquidación del club, también parece descartado que ahora sí vaya a haber una movilización social exigiendo que se sea comprensivo con el club, por no hablar del respaldo de la clase política. 

Vaya, que la tristemente famosa Instrucción 1/2017 en la que se fijan los criterios a exigir desde el 1 de enero y que remite a la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), al artículos 65, en lo que al aplazamiento y fraccionamiento de los pagos se refiere, y al 82, en materia de garantías, va a ser lo primero que pongan sobre la mesa los representantes del fisco, tal y como ha ocurrido con el Elche que, no estando pidiendo una segunda oportunidad, ha tenido también que pasar por el aro.

Subasta quebrada

Aunque para que esto último se produzca, Ramírez, que en su derecho está de no tener que exponer su patrimonio para garantizar el cumplimiento del Hércules de unas obligaciones tributarias que no afrontó bajo el gobierno de Enrique Ortiz, tendrá que ser junto a su socio el adjudicatario de las acciones que el IVF subastó por dos veces, la segunda con quiebra del procedimiento y un cruce de declaraciones altisonantes y amenazas de acciones penales entre el presidente del Hércules y el director general del IVF, Manuel Illueca que, por ahora, se han quedado en la interposición de un recurso de reposición contra la resolución administrativa, apelación todavía en plazo de resolverse. 

Lo que ocurra a continuación, puede alejar aún más la posibilidad de que el Hércules con la ayuda de un tercero, regularice su situación con la Agencia Tributaria.