ALICANTE. Cuando el próximo miércoles, en una notaría de València, se formalice el traspaso de la titularidad del 15,07% del capital social del Hércules, hoy todavía en manos de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y de la deuda de 15,4 millones de euros de la Fundación con el banco del Consell, quedará extinguida la relación que mantiene desde 2010 la Generalitat con el club blanquiazul.
Con su firma, Juan Carlos Ramírez convertirá a Kuntajara SLU (a la que hasta junio el Elche adeudaba dos millones de euros) en la principal acreedora de la Fundación del Hércules que, eso sí, continuará siendo la máxima accionista del club con el 72,69% de los títulos, mientras el empresario vasco, su socio Enrique Ortiz y los socios de este en la Fundación, no lleguen a un acuerdo para el traspaso de la titularidad de ese paquete de acciones o, subsidiariamente, logren en el juzgado ejecutar el embargo que pesa sobre ellas (dada la cercanía de los patronos con Ramírez y especialmente Ortiz, la sangre no llegará al río).
Será en ese momento cuando el Hércules sí cambie de dueño y los empresarios puedan seguir haciendo y deshaciendo en el club pero sin necesitar de la complicidad de la Fundación y, lo más importante, tengan libertad para cumplir con su cacareada voluntad de pagar a los acreedores, empezando por la Agencia Tributaria.
Foto: Pepe Olivares
Volviendo con el IVF y su política de desinversión en los clubes de fútbol, esta habrá llegado a su punto culminante en relación con el Hércules la próxima semana, pero sin que se pueda hablar de que se ha recuperado ni la mitad de una deuda (catalogada de difícil cobro), generada en 2012 con la ejecución por parte de SabadellCAM del aval de 18 millones de euros prestado por el IVF a la Fundación del club blanquiazul en el verano de 2010, para la obtención de un préstamo de igual importe que no pagó.
La broma asciende hoy a 15,4 millones (a los que hay que sumar unos intereses de demora del 5,6% (Euribor a un mes más el 6%); deuda que Ramírez y Ortiz, como adjudicatarios de la segunda subasta convocada por el IVF en agosto, adquieren por apenas 508.000 euros (inicialmente solo querían pagar 300.000) por lo que, cuando se firme en notaría el traspaso de la titularidad de ese derecho de crédito (y del 15,07% del capital social del Hércules), de los 18 millones de euros que salieron de las arcas públicas se habrán recuperado tres y si bien la Generalitat se habrá hecho con la propiedad del estadio José Rico Pérez (ojo, desembolsando para ello un neto de algo más de un millón de euros) que está valorado en algo más de 13 millones de euros, mientras no lo venda, solo obtendrá un ingreso anual de 200.000 euros y siempre que se cumpla el pacto entre Generalitat y Ayuntamiento de Alicante para la cesión del uso del mismo por cinco años que, eso sí, implica que las arcas autonómicas recuperan un dinero que sale de las municipales (la suma el consistorio la compensará parcialmente con el arrendamiento que le pague el Hércules, pero hasta que este no resuelva su situación con la Agencia Tributaria no puede contratar con la Administración).
Foto: Pepe Olivares
Esta semana el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, invitaba una vez más a Ortiz y Ramírez a comprar el estadio por el que Aligestión (el constructor entre otros) pagó más de siete millones en 2007 (además de quedar obligado a una polémica reforma) al Ayuntamiento de Alicante. Pues bien, supongamos que la operación se repite en los mismos términos y el precio de compraventa es también de siete millones: en ese caso, el dinero recuperado superaría los diez millones... O lo que es lo mismo, que a medio plazo, siendo optimistas (que se encuentre comprador), el agujero generado por una de las no pocas operaciones financieras ruinosas que llevó a cabo el IVF durante los gobiernos del Partido Popular, en el mejor de los casos, se reduciría de los 18 hasta unos siete millones de euros.
Foto: Pepe Olivares
