Jóvenes y desempleo: los últimos en llegar al mercado, los primeros en salir en las crisis

CASTELLÓ (EFE/Loli Benlloch). Los jóvenes son los últimos en entrar al mercado de trabajo pero son los primeros en salir cuando hay crisis debido a su mayor vulnerabilidad, independientemente de su productividad, según refleja un informe sobre la precariedad laboral de los jóvenes en España al que ha tenido acceso EFE.

De esta forma, el paro juvenil en España se ha agravado durante la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19: en el año de la pandemia se han perdido 200.000 puestos de trabajo, el 32 % del empleo total, pese a que los jóvenes representan el 4'4 % del conjunto del empleo.

Así lo refleja el documento "Jóvenes. Temporalidad y precariedad laboral", elaborado para la cátedra Prospect 2030 Comunitat Valenciana por el profesor de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local Vicente Castelló Roselló.

Según este experto, las condiciones laborales de los jóvenes españoles son más precarias que en los países del entorno, pues las entradas y salidas del mercado de trabajo se producen con contratos de trabajo temporales de corta duración y, en ocasiones, con excesiva sobrecualificación, lo que dificulta la acumulación de experiencia.

En concreto, el 67'4 % de los jóvenes menores de 25 años con empleo en España tiene un contrato temporal (en la zona euro es el 52 %), y un 36 % tiene un contrato de jornada parcial.

Los primeros perdedores

Castelló señala que el desempleo juvenil en España es un fenómeno estructural que ha persistido durante las últimas décadas y que se ha agravado en la pandemia porque, "como en todas las crisis económicas, los trabajadores jóvenes son los primeros perdedores, sobre todo los menos cualificados".

Así, este experto en políticas de empleo destaca que los sectores afectados por la pandemia emplean a un gran número de trabajadores jóvenes de poca formación, que ahora necesitarán una nueva adaptación.

Castelló explica que los efectos en el empleo son asimétricos entre colectivos: la destrucción de empleo se ha cebado en los más vulnerables, es decir, en aquellas personas que tienen un menor nivel de cualificaciones académicas y, por lo tanto, tienen una empleabilidad más reducida.

De este modo, a pesar de que los jóvenes representan el 4,4 % del conjunto total del empleo, este año de pandemia han perdido 200.000 puestos de trabajo, equivalente al 32 % del empleo total, mientras que el número de personas ocupadas mayores de 44 años ha aumentado en 132.000.

Parados jóvenes de larga duración

En cuanto a la formación, el informe señala que el 21 % de los parados jóvenes tiene estudios superiores, mientras que el 79 % restante carece de ellos, y resalta que una cuarta parte de los parados jóvenes son de larga duración, con una mayor incidencia entre los que no tienen estudios superiores.

El informe refleja que 2020 se ha cerrado con un aumento del paro juvenil de 120.000 personas, que representan una tasa de paro del 40,13 % (tres veces más que la media de España) y es la más alta de la UE, donde la media es del 17,8 %.

Para aminorar este problema, el experto plantea actuar conjuntamente en los ámbitos educativo y laboral mediante la adopción de reformas cuya prioridad debe ser disminuir primero la tasa de paro del conjunto de la población activa.

Paro juvenil como problema político

El paro de los jóvenes "no es solamente un problema económico, es también un problema político y, como tal, debe tratarse", afirma Castelló, quien aboga por modernizar el sistema de aprendizaje y el contenido del currículum educativo, para dotar a los estudiantes de herramientas con las que enfrentarse a un entorno más tecnológico y cambiante.

A su juicio, la formación profesional, por su papel estratégico, requiere una revisión profunda que permita aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de la población activa a lo largo de la vida, para lo que es "fundamental ajustar la estructura formativa a las necesidades del sistema productivo".

El informe reclama asimismo que se impulse legislación en materia de vivienda pública y alquiler, ante la dificultad de acceso a la compra de una vivienda o a un alquiler a precios asequibles, ya que la elevada temporalidad de los jóvenes limita la capacidad de obtener ingresos estables periódicamente y de acceder al crédito.

También plantea impulsar el gasto de las Políticas Activas de Empleo en actividades de formación y de orientación; evaluar la eficiencia y productividad de las medidas de inserción, formación de trabajadores, incentivos para el sector privado y servicios de orientación y seguimiento, así como reducir las subvenciones a la contratación.