VALÈNCIA. El celo medioambiental del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra tiene nombre y apellidos: Julià Álvaro Prat. El reparto de competencias entre PSPV y Compromís se saldó con el líder valenciano de Verds-Equo al frente de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y de la Comisión de Evaluación Ambiental -la que dicta el 'sí' o el 'no' a los proyectos en la Comunitat en función del cumplimiento de dicha normativa-. En el ejercicio de tales responsabilidades el dirigente ecologista ya se ha enfrentado a una decena de empresas, y en la mayoría de los casos ha terminado frenando los planes de la compañía en aras del medio ambiente.
Los casos más recientes se produjeron el pasado viernes, cuando la mencionada Comisión de Evaluación Ambiental que preside Julià Álvaro hizo público el Documento de Alcance de dos Proyectos de Actuación Integrada: el polémico PAI del Valencia CF para crear más de 2.000 viviendas y una nueva ciudad deportiva en Porxinos (Riba-roja) y el proyecto turístico residencial Anibits-Margequivir proyectado en Callosa d'en Sarrià, en las faldas de la Sierra de Bèrnia.
En ambos casos el ajuste que Medio Ambiente impone a los promotores para seguir adelante son de enormes magnitudes, tanto que podría convertirlos en inviables. En concreto, les prohibe construir en el 60% y el 70% del suelo proyectado -respectivamente- al entender que los proyectos excedían notablemente el área permitida en cada caso.
Un caso muy similar fue el de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para construir la tienda de Ikea y una gran superficie comercial en Alicante, en la zona de Rabasa. La comisión adscrita a Medio Ambiente calificó como desfavorables hasta cuatro informes sobre los accesos a la tienda o la Infraestructura Verde, y los cambios a realizar eran tan importantes que el promotor, Enrique Ortiz, renunció a llevarlos a término.
Otra ATE, la del macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, es tal vez el rechazo más sonado de Medio Ambiente. El millonario complejo proyectado en Paterna recibió una contundente memoria ambiental negativa por varias razones, fundamentalmente por no guardar un margen de servidumbre de 100 metros junto a la carretera CV-35. La promotora Intu-Eurofund Investment llevó el rechazo a los tribunales al considerarlo arbitrario.
Dos cementeras de la Comunitat también están tenido sus más y sus menos con Medio Ambiente. Por un lado está la multinacional mexicana Cemex, radicada en Buñol, a la que el departamento de Julià Álvaro quiere prohibir la incineración de cualquier tipo de residuo peligroso -circunstancia que reduciría en hasta el 30% de sus actuales combustibles-. Además, Medio Ambiente quiere cuadruplicar la vigilancia de las emisiones de la planta con la creación de tres puntos de control del aire adicionales al ya existente y crear una terminal que reciba los datos de forma continua y los remita tanto a la conselleria como al Ayuntamiento de Buñol.
Por otra parte, las presiones del Consell y el Ayuntamiento de Sagunto han abocado a la también cementera Lafarge a renunciar a la explotación minera prevista en la zona de Margas (en la montaña de Romeu) y, en consecuencia, a adelantar su futuro traslado a la zona de El Piñal, más alejada del núcleo del municipio. En ambos casos (Cemex y Lafarge) cabe subrayar que la secretaría autonómica ha mantenido una posición intermedia frente a la defendida por las empresas -por un lado- y por los consistorios de las mencionadas localidades -por otro-.
Julià Álvaro redactó un informe desfavorable sobre el proyecto de Red Eléctrica de construir una línea de 'muy alta tensión' entre las localidades de Morella y Almassora (Castellón), un tendido que contaría con alrededor de 100 kilómetros de longitud. El proyecto, también denominado 'autopista eléctrica', fue rechazado porque la empresa no se comprometía a desmantelar la línea de alta tensión ya existente, si bien está a la espera de que el Gobierno de España emita su dictamen al respecto.
Otra iniciativa proyectada en Castellón, la de la azulejera Pamesa para crear una incineradora de residuos con el objetivo de emplearlos como combustible y reducir el coste energético de una de sus firmas radicadas en la localidad, también se ha encontrado con el rechazo de Julià Álvaro, que se ha alineado con la opinión del ayuntamiento de la localidad. Como en el caso de Cemex, el secretario autonómico se muestra contrario a esta fórmula al entender que va contra la estrategia de gestión de residuos de la Generalitat, reacia a la incineración.
Más allá de cuestiones medioambientales, la defensa de la gestión pública también ha llevado a Julià Álvaro a enfrentarse a la empresa privada. Así ha ocurrido con la empresa mixta Egevasa (propiedad al 51% de la Diputación de Valencia y al 49% de Aguas de Valencia), que gestiona actualmente un total de 59 depuradoras de la Comunitat. Según Medio Ambiente -la firma niega este argumento- la gestión de Egevasa cuesta más al contribuyente que cuando la realiza directamente la propia Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). Diputación y Medio Ambiente persiguen llegar a un acuerdo sobre esta cuestión antes de verano.
En la misma línea, el Consorcio de Residuos de la Vega Baja, a instancias del Consell, ha decidido que la futura gestión de las basuras en la comarca sea pública y que sea Vaersa quién construya la planta de reciclaje y las dos plantas de transferencias, previstas en Guardamar y Orihuela. La decisión de Medio Ambiente se justifica en lo ocurrido en el pasado, puesto que la anterior adjudicación fue el origen del caso Brugal y fue a parar a manos del polémico empresario Enrique Ortiz y Ferrovial.
Ya el PP rescindió ese contrato, pero inició un nuevo proceso. Ahora, el Govern del Botànic ha optado por la opción pública, y no por una nueva licitación.