ALICANTE. El Consorcio de Residuos de la Vega Baja, presidido por el socialista Manuel Pineda (alcalde de Rafal) ya ha deshojado la margarita: Guardamar del Segura (gobernada también por los socialistas) y Orihuela (por el PP) son los municipios con mejores condiciones para acoger las dos plantas de transferencias de la entidad y que deben solventar el déficit de infraestructuras para el tratamiento de residuos que tiene la comarca, como consecuencia del retraso que acumula la puesta en marcha el plan zonal (retraso que generó la fallida adjudicación a la UTE Ortiz-Cespa por el caso Brugal).
Hay una razón oficial, la que este lunes ha difundido el propio consorcio: se trata de dos municipios donde la Generalitat tiene previsto actuar para acometer el sellado de viejos vertederos en sus términos municipales (antiguo vertedero de Guardamar y vertedero de La Murada).
Y después hay otra razón de urgencia: Orihuela necesita una planta de transferencia cercana a su municipio para evitar los elevados gastos de transporte que paga (directamente el ayuntamiento pues la gestión del servicio es pública), además del elevado nivel de residuos que genera. Hay que recordar que actualmente, Orihuela envía sus residuos a Murcia, con el consentimiento de ambos gobiernos regionales. Y que el resto de municipios de la comarca llevan sus residuos a la planta de Alicante, que les cobra por el tratamiento.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Foto RAFA MOLINA
Orihuela también es consciente de que necesita esa planta y ahora se le reclama que ofrezca un suelo urbanísticamente compatible; es decir, que su construcción pueda ser inminente y evitar, en la medida de lo posible, nuevos procedimientos que alarguen el proceso. El consistorio es sabedor de todo ello, pero espera conocer los detalles de la propuesta.
De momento, las plantas de Guardamar y Orihuela serán provisionales, pero el consorcio les da la posibilidad de que las conviertan definitivas o en ecoparques en un futuro (para acoger restos de podas o envases). Además, se les ha trasladado a todos los miembros del consorcio que se va a hacer una campaña de sensibilización con la realización de visitas para que los ciudadanos de la Vega Baja "puedan ver con claridad lo que se pretende desarrollar".
Por otra parte, se habla de habilitar ecoparques móviles -hasta nueve- para acercar el reciclado al ciudadano y la posibilidad de generar descuentos económicos de las tasas. El consorcio defiende que esos ecoparques que generarán puestos de trabajo en la comarca y serán el mecanismo más importante para dar viabilidad en el tiempo a la gestión de residuos urbanos.
"Lo importante es que los ciudadanos de la comarca merecen un servicio de reciclado de residuos del siglo XXI y por eso es nuestra responsabilidad tramitar los proyectos de gestión", ha explicado el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer.
Asimismo, la dirección general aboga por "la responsabilidad, la unión y el carácter meramente ambiental" para mirar hacia el futuro y dejar atrás los reproches. Piquer pide "altura de miras, información veraz y transparente de los hechos y colaboración total con los técnicos del Consorcio, para poder llevar a cabo esta importante labor".
El Consorcio de Residuos de la Vega Baja ha propuesto el estudio para la cesión de ecoparques de titularidad y gestión municipal con contrato en vigor. El objetivo es crear este tipo de instalaciones en los municipios de la comarca para hacer una recogida de desechos como escombros o electrodomésticos. Además también se ha propuesto el estudio de otro convenio para la cesión de terrenos municipales para habilitar los ecoparques que se necesiten.
Una planta transferencia. Foto AP
