José María Toro: "A medio plazo el que quiera entrar a una residencia no podrá porque no habrá plazas"

VALÈNCIA. Aerte, la patronal de las residencias de dependientes, ya no sabe qué más hacer para que, al menos, la administración decida escucharles. La Conselleria de Igualdad ya ha levantado un muro con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, con la que pretenden recurrir residualmente a las empresas privadas para prestar un servicio considerado como fundamental y apostarlo todo al tercer sector. 

José María Toro, presidente de Aerte, asegura que han presentado propuestas por activa y por pasivo, pero ninguna se ha visto reflejada en la nueva norma. Ni siquiera miembros de la Conselleria se han prestado para ver algunas de las residencias privadas que se encuentran en la patronal. Toro habla de caminar unidos y no de abrir cismas, pensando en que a medio plazo es posible que no haya plazas residenciales para todos.

- Dicen que es posible que no haya plazas residenciales a medio plazo. ¿Hay números?

- Tenemos el dato de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Hace un informe que publicó en el mes de diciembre donde saca los ratios de plazas por comunidades autónomas y la media española. Para empezar nosotros somos la comunidad autónoma peor valorada en servicios, aunque es verdad que se hace una referencia a que las medidas que se están tomando harán que mejore.

Cuando comparas las plazas por número la distancia respecto a la media española es grande. Teniendo en cuenta la población que tenemos, si quisiéramos tener el mismo ratio que la media española nos faltarían 13.000 plazas residenciales para personas mayores. Pero es que también faltan 2.200 plazas para personas mayores, en centros ocupacionales para personas con discapacidad falta aumentar un 100% las 4.500 plazas que tenemos disponibles. Mientras, en plazas de residencias para personas con discapacidad hay que doblar las 1.500 actuales. 

- ¿Y va a poder acometer la inversión la administración?

- Esta es la realidad que tiene la Comunitat Valenciana hoy. ¿Cómo se le va a dar respuesta a esto? En un marco de infrafinanciación, donde sabemos que nuestra comunidad autónoma no tiene los recursos para afrontarlo. Solamente para las 13.000 plazas de centros de personas mayores, supone en centros de 100 plazas 130 centros. Una cifra alta teniendo en cuenta que en los últimos 10 años se ha construido únicamente un centro nuevo en la Comunitat Valenciana. 

Este reto, ¿cómo lo va a afrontar la conselleria? Debería de ser un esfuerzo entre la administración pública licitando los nuevos centros que gestione de manera directa, la administración pública licitando centros que se puedan gestionar de manera privada y la iniciativa privada en un marco de seguridad jurídica que decida apostar por la Comunitat Valenciana.

- Pero no parece el mejor escenario para que las empresas privadas inviertan.

- Yo soy secretario de la patronal estatal y hay entidades que no apuestan por invertir en la Comunitat Valenciana por el contexto jurídico que nos estamos encontrando. Para construir esos 130 centros, o los que hagan falta, la Comunitat Valenciana va a tener un problema de recursos. Le faltan miles de plazas para atender a las personas. Si dicen que el empresario es el único que va a estar incómodo con la ley será porque la administración tendrá una solución para cubrir las plazas que faltan pero no la tiene.

- ¿Se sienten desplazados? 

-  Ese mensaje que transmite la conselleria de desmercantilizar el sector en vez de sumar a la iniciativa privada para que colabore con la administración en la solución del problema lo que hace es marcar una distancia. Evita que no podamos cumplir con el objetivo de ayudar a las personas. Si al sector le va bien a nosotros nos va bien. Pero yo veo el problema de que no va a ir bien porque no habrán plazas para cubrir a todo el mundo. 

Nosotros llevamos en este contexto dos años y medio trabajando. Hemos hecho muchísimo esfuerzo por transmitir nuestro punto de vista, aunque ellos lo llaman intereses. Qué problemas veíamos en una decisión, hemos aportado proyectos, ideas, y nunca han aceptado ninguna de nuestras propuestas. Esto al final te hace pensar en para qué vas a acudir cada vez que te llama la administración para hacer una aportación. 

- No fueron a la presentación de la nueva ley. Evidentemente no es de su agrado.

- La nueva ley dice que lo primero es la gestión directa, luego el tercer sector y de manera residual las entidades mercantiles. A mí esta ley plantea cosas que no me dejan de sorprender. El concierto social está solo reservado a entidades sin ánimo de lucro, lo cual creemos que es ilegal porque porque va contra la ley del sector público. 

Con esta ley estamos fomentando el cuidador no profesional, que muchas familias se tengan que hacer cargo de sus familiares. Con todo el respecto a las familias, tras la ley de dependencia, los usuarios tienen el derecho de ser atendidos por un profesional. Por otro lado están las entidades sin ánimo de lucro, que había que darles una respuesta porque tenían un problema importante pero no tenía que ser excluyente.

Con este escenario, ¿qué marco de visión o de interés puedes tener una empresa en invertir en la Comunitat Valenciana? Las empresas que han venido han comprado plazas ya creadas, centros concertados que ya estaban funcionando y no amplían el número de plazas. A mí me preocupa que a medio plazo, que será muy corto, el que quiera entrar a una residencia no va a poder porque no habrán plazas y eso va a ser un problema social importante. Y esa es la respuesta que la consellera no tiene. 

- Van a plantear un recurso.

- Vamos a plantear el recurso contra el concierto que ya se ha aprobado en la junta directiva. En la reunión de este miércoles que tuvimos con Soraya Sáenz de Santamaría también le planteamos este problema y le dijimos que el Estado debería intervenir. 

Pero es que además de reservar el concierto social y poner la iniciativa sin ánimo de lucro por delante de la privada, en el caso de que salga a concurso también tendrá preferencia la entidad sin ánimo de lucro. 

- ¿Entienden que se favorezca tanto al tercer sector?

- Nosotros hemos entendido siempre que había que darle un marco adecuado, porque tenía un marco muy inestable a través de la fórmula de las subvenciones. Pero entendíamos que había que buscar una solución al tercer sector sin apartar a nadie. Se podía haber hecho un gran marco de colaboración que no se centrara en el precio sino en la calidad del servicio, donde las entidades sin ánimo de lucro siempre han dicho que son muy competitivas.

Haga un marco donde el ciudadano pueda elegir y a final con ese planteamiento se irían todos a una entidad sin ánimo de lucro, porque les atenderían mejor, aunque nuestras residencias también prestan un servicio muy adecuado. Aunque el tercer sector normalmente no tiene dinero para hacer inversiones, eso me preocupa.

- ¿Les gusta algo de la ley?

- Esta ley trata mucho los servicios sociales hablando de ayuntamientos, colaboración entre administraciones y todo eso nos parece bien. Plantea que estos derechos son subjetivos y que se pueden reclamar ante un juez. Pero cuando ese señor lleve un papel como que tiene derecho a ir una residencia y no haya residencias,  ¿a dónde va a ir con su derecho?

- ¿Cuál es el escenario ideal para las empresas?

- Empresas que trabajan a nivel nacional no se plantean abrir residencias en Comunitat Valenciana con este panorama. La administración tiene un papel importante y puede hacer que los recursos vayan donde son necesarios. Si un empresario quiere montar una residencia, que te da igual en un sitio o en otro, vas a la administración y preguntas en qué zona puede ser necesario, todo en el marco de un proceso abierto donde todos tengan acceso a la información.

La administración resuelve un problema porque no tiene que hacer la inversión y la empresa invierte en un sitio donde hay una necesidad además de tener más seguridad porque le van a concertar una serie de plazas.

Y es que no hay un plan B a esta solución. No tiene una gran cantidad de millones para construir centros. Pero además, la media para construir centros desde que se proyecta está entre cuatro o cinco años. Las decisiones que tomemos ahora van a ser fundamentales porque luego no vamos a tener capacidad de acelerar el proceso y llegar a la situación que planteaba. 

- ¿Puede bajar la calidad del parque residencial?

- A priori las entidades del tercer sector, lo que se dice para justificar el concierto social, es porque tienen una situación patrimonial más delicada. A ellos les pagan los costes directos, por lo que no podrían hacer inversiones de mejora. Por eso creo que el planteamiento es equivocado y será malo para el futuro de la Comunitat Valenciana. Yo no sé si la reflexión se la ha hecho la administración pero se lo hemos planteado. 

En este reto no sobra nadie. Es tan importante que necesitamos elementos en común para que la gente esté atendida. Siempre hemos insistido en que nuestro sector tiene mucho impacto social. 80% de empleo de mujeres e incluso gente que ha dejado el trabajo por cuidar familiares que se puede incorporar al sector con un formación breve.

Mónica Oltra usaba argumentos este miércoles que le hemos planteado nosotros, como que se trata de un sector que no puedes deslocalizar, que no te lo puedes llevar a China y al final hacen falta personas. Lo que hay que intentar es profesionalizarlo, y este es el trabajo que llevamos haciendo dos años y medio y ha caído en saco roto. 

- ¿Cómo respiran las empresas?

- Las empresas están preocupadas. Tanto las de fuera como las de dentro. Y se plantean si en el caso de cambiarse todas a asociaciones sería mejor porque constituir una fundación es fácil pero eso no mejoraría la atención. Yo creo que el error es centrar la atención en el tipo de entidad que presta el servicio. A mí no me ha demostrado nadie que ninguna asociación haga mejor trabajo que una SL y tampoco puede demostrar el contrario porque depende de la gente que la dirige y quien trabaja allí. 

- ¿Cuál debería ser el criterio de selección?

- Lo que no puede obviarse nunca es la necesidad de tener un sistema de calidad en una entidad. Si la calidad es lo que decide dentro de una entidad y no la forma jurídica, ¿por qué la separación no se hace entre las que son buenas y la que no? Se supone que esta ley es innovadora pero es un planteamiento de hace más de 30 años. Es una visión que muchas comunidades autónomas ya superaron y nosotros hemos vuelto atrás.