El presidente de la patronal, José María Toro. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha suscrito el Manifiesto por la Equiparación del IVA de los Servicios de Atención a la Dependencia, según ha informado la patronal en un comunicado.
El texto lo ha promovido el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) y reunió, en un acto celebrado en Madrid, a una multitud de entidades representativas del sector de los servicios sociales de toda España.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha por tres razones principales: La primera, porque "no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente". Así, apunta que en el año 2023, el precio medio de una plaza privada para personas mayores en la Comunitat Valenciana era de 2.065 euros al mes.
A ese servicio, según Aerte, se le aplica un IVA del 10%, salvo que la plaza sea concertada o reciba una prestación vinculada al servicio, en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4%. Por tanto, las personas que necesitan ser atendidos en una residencia, en un centro de día o recibir un servicio de ayuda a domicilio o de promoción de la autonomía y que todavía no han recibido la resolución, a pesar de haber solicitado la ayuda, deben pagar un 6% más de IVA.
De este modo, la patronal señala que estas personas "se ven doblemente perjudicadas: Pagan la totalidad del precio ya que no tienen ninguna ayuda y, al mismo tiempo, pagan una media de 123.90 euros mensuales más de impuestos, en el caso de una residencia".
En segundo lugar, reclaan esta medida porque es "un derecho universal". Así, recurdan que Ley 39/2006 (LAPAD) establece como uno de sus principios "la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en la propia Ley".
Sin embargo, Aerte recalca que que "no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público". Al respecto, afirman que "la falta" de plazas públicas y "el largo" periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación --una media de 321 días de media en 2023-- obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto.
En esta línea, se señala que la atención a la dependencia "no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste" porque "es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos" ya que "beneficia a las personas dependientes.
"Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz y los productos alimentarios, igualar el IVA al 4% sería una forma de aliviar la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.486.80 euros anuales de media", recalca.
De hecho, Aerte recuerda que la pensión media en la Comunitat Valenciana es de 1.155.16 euros mensuales. Por lo tanto, "la equiparación supondría mejorar la capacidad económica de las personas afectadas en una paga y un tercio de otra".
