Foto: MARTA FERNÁNDEZ/EP VALÈNCIA (EP). El Consell ha aprobado este lunes una nueva norma que amplía los plazos del decreto de tipologías de centros, servicios y programas de servicios sociales y ha explicado su objetivo de iniciar "de forma inmediata" las licitaciones de los centros que se encuentran en una situación de enriquecimiento injusto, como es el caso de "todos" los centros de mayores y "muchos" de dependencia, menores o de día, como ya adelantó Castellón Plaza.
Se trata de un "primer paso" mientras el Consell trabaja en una "revisión más profunda" del decreto aprobado por el Botànic, con el objeto de incorporar las 1.790 alegaciones recibidas por parte de las entidades afectadas. A partir de ahora, se inicia una fase de estudio de análisis de las alegaciones y "en los próximos meses" se aprobará una nueva reforma para "dar solución a las necesidades de los centros de servicios sociales".
Así lo ha explicado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que ha dado luz verde al decreto por el que se amplían los plazos de la norma que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que modifica parcialmente el decreto 27/2023.
"Con esta modificación damos un primer paso para, no acabar con el decreto, sino modificar todos aquellos aspectos del decreto que son imprescindibles ser modificados a petición del sector", ha destacado Camarero. Esta primera modificación parcial, de seis de las 23 disposiciones transitorias de la norma, "afecta exclusivamente al calendario de implantación de algunas de las exigencias del propio decreto pero no supone ningún perjuicio sobre las personas usuarias", ha subrayado.
Camarero ha expuesto que desde el primer día de legislatura las entidades que gestionan estos centros han solicitado una solución ante el "perjuicio que suponía el cumplimiento íntegro" del decreto de tipologías, por el que estaba "en riesgo la desaparición de muchas de las entidades".
Asimismo, ha afirmado que hubo "precipitación" en la aprobación del decreto por parte del anterior Consell, que desde el principio se observaron sus "contradicciones", "carencias" e "indefiniciones" y el propio Botànic lo modificó el pasado julio, porque durante la anterior legislatura se presentaron "más de 1.500 observaciones".
La vicepresidenta segunda ha señalado que a partir del cambio aprobado este lunes se posibilita la licitación de "muchos de los contratos de los centros que hoy están en enriquecimiento injusto". Con ello, se permitirá "la continuidad de las prestaciones" y se garantizará "la seguridad laboral de los profesionales", "para que los profesionales que trabajan en esos centros no tengan sus contratos en el aire y sin saber si van a cobrar la nómina".
Camarero ha detallado que "todas las residencias de mayores están con prórrogas de contrato" y en "enriquecimiento injusto" y que serán licitadas "poco a poco", como "también muchos de los centros de día de personas mayores, muchos de los centros de personas con discapacidad y muchos de los centros de menores".
La consellera ha indicado que cuando este Consell inició la legislatura con una deuda de "más de 100 millones de euros en muchos de estos centros y lo que ha supuesto que durante muchos meses haya profesionales que hayan tenido sus nóminas sin poderlas cobrar o en riesgo de no poderlas cobrar y se hayan estado pagando esos enriquecimientos".
Tal y como recoge el nuevo decreto, se amplía en un año más el periodo para la adecuación de los centros, servicios y programas de servicios sociales actualmente autorizados, en cuanto a las denominaciones y contenidos de las nuevas tipologías de centros, servicios y programas de servicios sociales.
Se añade un periodo de dos años más para que los centros autorizados adapten sus instalaciones, y también se amplía en un año más para que los centros adapten sus plantillas, figuras profesionales, ratios y titulaciones a los criterios o requisitos establecidos.
Con este nuevo marco jurídico, se ordena la atención primaria y la atención secundaria con condiciones materiales y funcionales básicas de los centros, servicios y programas, especificando las prestaciones que ofrecen y detallando aspectos organizativos, de personal o metodológicos.
Respecto al personal, se aborda la actualización de las ratios de profesionales de todos los recursos incluidos en el sistema, lo que ofrece nuevas oportunidades de trabajo, con más personal y nuevos perfiles técnicos y una apuesta clara en planes de formación destinados a las plantillas de recursos de servicios sociales.
Asimismo, destaca la apuesta por nuevos modelos de atención convivenciales y un número máximo de plazas más reducido para crear centros residenciales "más parecidos a un hogar y espacios más humanos, todo ello con el fin de mejorar la atención en los centros de servicios sociales municipales, centros ambulatorios y centros de día".
Además, el nuevo decreto se marca como objetivo una mayor adaptación a las necesidades de las personas y del territorio con mecanismos como la atención por sesiones o los puntos de atención deslocalizada.
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro, ha opinado que la ampliación de plazos del decreto de tipologías de centros de servicios sociales constituye "un buen paso y que va en la línea con lo solicitado ampliamente a la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, pero que debe ser continuado de manera rápida por una reforma de mayor calado en el fondo del decreto para hacerlo eficaz y viable para las familias, las entidades y la Administración".
La modificación de este lunes "era una demanda mayoritaria entre las entidades del sector que entendían muy difícil cumplir las nuevas exigencias que se recogían en un periodo tan limitado de tiempo", ha explicado Aerte. "Un caso paradigmático es el de las residencias de atención a personas con problemas de salud mental que incrementaba el personal exigido en un 130%, es decir, en un centro de 40 plazas debía pasar de 20 trabajadores a 46, en el plazo de un año. En este plazo, se pretende abrir por parte de la Conselleria un periodo de tiempo que permita consensuar con las entidades más representativas del sector una nueva redacción del decreto que sirva para mejorar la atención ofrecida a las personas con necesidades de apoyo", ha señalado.
Una de las demandas planteadas ha sido la creación de centros específicos para la atención de personas con Alzheimer, que "no fue atendida por el Gobierno del Botànic en la redacción original", ha lamentado, o la participación de entidades científicas como la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología que no fue invitada a participar en aquel momento, ha añadido.
