José Antonio Pérez. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El pleno del Consell ha aprobado designar a José Antonio Pérez como representante de la Comunitat ante la Comisión del Ministerio de Hacienda en la que se ha de acometer la negociación política del nuevo sistema de financiación autonómica. Pérez es actualmente, junto a Rafael Beneyto Cabanes, el representante de la Comunitat en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Según informa el Consell en un comunicado, en paralelo se ha aprobado un decreto por el que se crea un Alto Comisionado para la Financiación Autonómica de la Comunitat, adscrito a Presidencia, que será ocupado por José Antonio Pérez García y de Rafael Beneyto Cabanes. El objetivo de este órgano es "dar soporte y apoyo técnico" al president Ximo Puig y al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en la negociación del nuevo sistema.
Los miembros del Alto Comisionado tendrán tratamiento protocolario y consideración equivalente a la de un secretario autonómico pero sus funciones no serán retribuidas. El Alto Comisionado desempeñará sus funciones durante todo el proceso de negociación y se extinguirá cuando así lo proponga el President, una vez se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica.
Según precisa el comunicado, las decisiones a tomar en la negociación política del nuevo sistema serán acordadas entre los miembros del Alto Comisionado, nombrados por el PSPV (Pérez) y Compromís (Beneyto).
Cabe recordar que, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el 14 de julio de 2018, el Gobierno de España reconoció la urgencia de reformar el sistema de financiación, tal como ha venido reclamando el Gobierno valenciano, y se anunció un proceso de análisis de las insuficiencias del modelo actual y que se iniciaría el debate político en torno al mismo a partir de septiembre.
Para ejercer su cometido, el Alto Comisionado asistirá a las reuniones que se convoquen con representantes del Ministerio de Hacienda o cualquier otro órgano estatal competente en materia de financiación autonómica, de acuerdo con las indicaciones recibidas de las personas titulares de la Presidencia de la Generalitat o de la Conselleria de Hacienda.
Además, elevará a las personas titulares de dichos departamentos institucionales la información sobre el contenido de estas reuniones, así como un análisis y valoración de las mismas y actuará como órgano de consulta y asesoramiento de todas las cuestiones relativas a esta materia que afecten ala Comunitat Valenciana.
De igual modo, propondrá a la Generalitat iniciativas legislativas y materiales y cuantas actuaciones considere oportunas para conseguir eliminar y compensar el déficit de financiación que sufre la Comunitat Valenciana.
Pérez y Beneyto también forman parte de la Comisión de Expertos pactados por las Corts Valencianes sobre la financiación autonómica, que ha emitido dos informes de referencia en el marco del debate sobre el reparto de los recursos entre las autonomías. En el decreto se especifica que esta comisión actuará como asesora del Alto Comisionado.
El Consell considera que la infrafinanciación que el actual modelo ha generado en la Comunitat ha sido constatada y reconocida en diferentes ámbitos políticos, económicos, académicos y sociales, así como sus "graves consecuencias sobre los recursos con los que cuenta la Generalitat para ejercer sus competencias en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en condiciones de equidad e igualdad con respecto a otras comunidades autónomas".
El decreto por el se crea el Alto Comisionado recuerda que la Comunitat Valenciana recibe menos ingresos del Estado que ninguna otra comunidad autónoma, lo que genera un endeudamiento "que es achacable exclusivamente a la infrafinanciación".
Asimismo, recoge en su preámbulo que la Comisión de Expertos en Financiación Autonómica nombrada por Les Corts ha constatado en varios informes las deficiencias del modelo respecto al cumplimiento de los principios de suficiencia de los recursos que se otorgan y equidad de los mismos entre las distintas comunidades.
Según este decreto, ello conlleva dificultades financieras para la Generalitat que inciden en las políticas de gasto por diferentes vías. En primer lugar, sitúan el gasto agregado por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común y a bastante distancia de las mejor dotadas, tanto de régimen común como foral.
En segundo lugar, con una restricción presupuestaria más estrecha para mantener un nivel de gasto similar a la media en servicios públicos esenciales, la Generalitat necesita hacer más esfuerzo, es decir, dedicar a estos una parte más grande del presupuesto, con lo que quedan menos recursos para el resto de funciones. De hecho, el gasto en servicios públicos fundamentales de la Comunitat absorbe prácticamente el 80% del presupuesto de ingresos no financieros.
Estas deficiencias se agravan, según el comunicado, si se consideran las actuaciones del conjunto del sector público mediante el análisis de los resultados de las cuentas públicas territorializadas que publica el Ministerio de Hacienda, así como otros estudios sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, de los que resulta que la Comunitat, con un PIB por cápita que solo supone un 88% de la media, es contribuyente neta a la solidaridad.
En la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y la valoración de la deuda histórica celebrada en junio de este año se acordó por unanimidad instar al Ministerio de Hacienda a terminar el trabajo iniciado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a iniciar el debate político sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
Además, los miembros de la Comisión Mixta acordaron la exigencia de una aportación extraordinaria mientras que no se adopte un acuerdo definitivo, para acercar los recursos de la Comunitat a la media del conjunto de las autonomías, una reivindicación que el Gobierno central reconoció urgente en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada en el mes de julio, tal como refleja también el Decreto aprobado por el Consell.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
