VALÈNCIA. Ximo Puig no considera "urgente" acudir a Les Corts para explicar personalmente la financiación al periódico del que es accionista. Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), lo ve directamente innecesario. Para el responsable de la entidad financiera dependiente de la Generalitat no hay caso porque no existe conflicto de interés en el hecho de que el IVF le haya perdonado 1,3 millones de deuda a un periódico del que Puig es accionista.
Según explicó este martes Illueca en una comparecencia extraordinaria a petición propia en Les Corts, el IVF no ha aplicado una quita del 70% al Grupo Z, editor de Mediterráneo de Castellón, sino que ha cerrado un buen negocio con la venta de esa deuda por el 30% de su valor a Editorial Prensa Ibérica (EPI) con la que el IVF ha recuperado "hasta el último euro" que prestó en el origen del mismo. El beneficiado, defendió, no ha sido Puig, sino "todos los valencianos" que, gracias esta buena gestión con "final feliz", incluso han obtenido una plusvalía de casi 300.000 euros, la diferencia entre los 6 millones de euro del valor nominal del crédito y los 6,3 que ha ingresado, incluidos los intereses.
La justificación de la razonabilidad económica de la venta de ese "activo deteriorado" al editor de Levante EMV y la desvinculación de la misma del presidente de la Generalitat por ausencia de conflicto de interés fue el eje central de la comparecencia de Illueca a petición propia para tratar de calmar a una oposición que reclama que sea Puig quien acuda personalmente al Parlamento a dar explicaciones.
Durante las más de dos horas que se extendió la comisión, Illueca abrumó a los representantes de los partidos con hasta el más mínimo detalle de la evolución de esta operación financiera que el PP aprobó por primera vez en el año 2000 por razones "políticas" para ganarse un medio "afín" y que la actual dirección del IVF jamás hubiera validado.
El director del IVF, de hecho, arremetió contra los anteriores gobiernos del PP por haber dilapidado más de 665 millones en las dos décadas en las que, a su juicio, usaron la entidad como instrumento para favorecer a clubes de fútbol y empresarios afines. Ese "conjunto de operaciones sin lógica económica que esquilmaron al instituto" se desglosa en los 192 millones perdidos en préstamos fallidos; 73 millones dilapidados en avales; y 400 derrochados en el "sumidero" la Sociedad de Garantías Recíprocas.
En paralelo, Illueca trató de reforzar el cordón sanitario que el Consell ha establecido en torno al jefe del Consell para evitar su desgaste y, de paso, despejó cualquier duda sobre su reputación al asegurar de forma rotunda que jamás ha aceptado ni aceptará presiones políticas para orientar sus decisiones como director del IVF. Y de recibirlas, se irá a su casa.
El responsable del IVF no ahorró detalles para justificar por qué la actual dirección del IVF acordó la venta de la deuda del Grupo Z a EPI en las mismas condiciones del resto de acreedores, a la que por otra parte no podía oponerse porque sus predecesores en el IVF, con el exconseller popular Gerardo Camps a la cabeza, renunció a garantías adicionales y a su poder de negociación al integrar sus 3,8 millones de deuda en un sindicado con el resto de acreedores, un conjunto de más de 20 bancos con el Popular como entidad con mayor exposición.
De hecho, la presidenta de la comisión de Economía, la diputada del PP Eva Ortiz, le afeó a Illueca cada referencia que hizo a las operaciones aprobadas durante la etapa del PP con el pretexto de que estas quedaban fuera del único punto del orden del día para el que se estaba celebrando la comisión. La reprimenda de Ortiz se extendió también al diputado socialista José Muñoz, quien preguntó por el uso de tarjetas de crédito para bene
