El líder del PSPV, Ximo Puig, y su homólogo catalán, Miquel Iceta en un encuentro en València. Foto: EFEVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha recibido una de las pocas noticias positivas procedente de Cataluña de los últimos meses. La propuesta del candidato del PSC, Miquel Iceta, de abordar una quita parcial de los 52.500 millones de deuda que tiene esta autonomía ha introducido en el debate nacional el llamado 'problema valenciano' que el jefe del Consell viene luchando por incrustar en la agenda estatal.
Así, el programa de los socialistas catalanes para las elecciones del 21D incluye esta condonación dentro de la revisión del sistema de financiación autonómica pero, según aclaró además el propio Iceta este miércoles en la Cadena Cope, su iniciativa se extendería además a las autonomías que se han endeudado por la "injusta" reducción del déficit que se les ha impuesto.
Sin duda, una de las principales beneficiadas de una medida de estas características sería la Comunitat Valenciana que reclama que se perdonen entre 16.000 y 20.000 millones de euros derivados de la infrafinanciación de los últimos años. Una cantidad que, no obstante, todavía queda lejos de la deuda total de la Comunitat, que ya supera los 44.000 millones de euros.
La posición de Iceta no es casual. Introducir la quita de la deuda en el debate de la financiación autonómica es una estrategia que el PSOE ha venido contemplando en los últimos meses para contribuir a amortiguar el proceso independentista catalán. Suele utilizarse la frase de que los soberanistas "pasaron esa pantalla hace tiempo": o lo que es lo mismo, que la situación ya no podría superarse con un simple arreglo económico, pero ante un aparente disminución de la hostilidad de las fuerzas independentistas -que parecen descartar la vía unilateral- y una cierta recuperación según los sondeos de los partidos constitucionalistas, el regreso de los argumentos económicos podría cobrar cierto sentido.
Más aún si con esta medida, extendida a otras CCAA, se beneficiara principalmente a algunas donde gobiernan los socialistas, como es el caso de la Comunitat Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha. Sin embargo, y a falta de fijar cuáles serían los criterios concretos, Madrid o Galicia, donde gobierna el PP, no obtendrían ventaja de la iniciativa.
En cualquier caso, lo que resulta obvio es que la iniciativa planteada por Iceta ha colado en la agenda nacional el debate de la quita de la deuda. Un asunto que al Gobierno valenciano le ha costado dos años de insistencia con frutos mínimos. Bien es cierto que, con la entrada de esta cuestión en el debate, se allana también el camino para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pueda postergar todavía más la anhelada reforma del sistema de financiación autonómica que reclama el Consell. En este sentido, caber recordar que Mariano Rajoy se comprometió en enero a acometer esta remodelación a lo largo de 2017 y, a día de hoy, falta por resolverse la comisión técnico-política con los representantes autonómicos y ni siquiera hay fecha para la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que aborde la cuestión.
De hecho el propio Montoro ya señaló recientemente que no se convocaría esta cita antes de Navidad, por lo que es evidente que primero se resolverán las elecciones catalanas y quién sabe si, según la situación más o menos convulsa, se abra finalmente el melón de la reforma del sistema de financiación. En esta línea, todo apunta a que el Gobierno de Rajoy prefiere esperar al balance de daños de los comicios catalanes antes de afrontar la citada remodelación, toda vez que pueda ser un elemento a incluir en las negociaciones junto con una hipotética quita de la deuda. Más allá de la incierta hoja de ruta, desde el Gobierno valenciano se encuentran decididos a insistir en la condonación utilizando como argumento, además de la "justicia" por los años de infrafinanciación, que Rajoy haya incumplido la promesa de una reforma en los plazos pactados.
La propuesta de Iceta suscitó reacciones diversas. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, calificó de "ocurrencia" la propuesta al considerar que con ello se pretende "premiar a los secesionistas".
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró que la medida de Iceta "no tenía mucho sentido". "Está pidiendo que la mitad de la deuda de los malos gestores del tripartito la pague el conjunto de los españoles de sus impuestos", subrayó.
Otros, en este caso compañeros de Iceta en Extremadura, rechazaron de plano la posibilidad. Así, la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, aseguró que "en ningún caso" estaba de acuerdo con la propuesta: "Las deudas deben pagarse, en condiciones asumibles". Una postura esta de una comunidad que, cabe recordar, se encuentra entre las mejor financiadas y que, además, logró en 2015 por parte de Montoro el reconocimiento para el pago de una deuda histórica por valor de 447 millones de euros.
Más diplomáticos se mostraron referentes socialistas en Andalucía y Asturias, quienes condicionaron una posible quita de la deuda si se aplicara en condiciones "universales" para todas las comunidades autónomas.
Pese a que desde Ferraz no hubo pronunciamiento oficial este miércoles sobre la cuestión, cabe recordar que recientemente se celebró en València una Ejecutiva federal junto a la dirección del PSPV en la que se aprobó una resolución en la que exigía una reforma del sistema de financiación "incluyendo la resolución de los problemas de déficit excesivo acumulado, ocasionados en algunas por su injusta infrafinanciación". Es decir, una reclamación de la deuda histórica con otro nombre.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
