La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha lanzado una oferta de última hora a la oposición para evitar la derogación del decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que este jueves se vota en el Pleno del Congreso: ante el rechazo a que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Estado para poder usarlos, Hacienda ha ofrecido liberar una parte de ese fondo prometido, entre un 40 y un 60%, para distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tengan o no superávit, y evitando la controvertida cesión.
Ese acuerdo, destinado a permitir que los ayuntamientos sorteen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y puedan usar sus remanentes para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus, se aprobó por la mínima en la FEMP y este jueves se somete a votación en el Pleno del Congreso con toda la oposición en contra.
En su comparecencia ante la comisión de Hacienda del pasado 31 de agosto, la ministra María Jesús Montero recalcó que no tenía alternativa a la fórmula de la cesión voluntaria de los remanentes al Estado para usarlos como préstamo y además repartirse un fondo extra de 5.000 millones adicionales.
Ante el rechazo unánime de la oposición, lo único que ofreció Montero es dejar en suspenso esa parte del decreto ley a la espera de que, en su tramitación como proyecto de ley, se alcanzase un acuerdo mejor, teniendo en cuenta el marco legal adverso, ya que, según recordó, el articulo 135 de la Constitución y la posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno Rajoy impiden a los ayuntamientos hacer uso de su superávit.
En vísperas de la votación y ante el riesgo de derrota, Hacienda está flexibilizando su postura y, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, está ofreciendo que parte de ese dinero prometido a los ayuntamientos se pueda repartir sin condiciones, es decir, sin necesidad de ceder remanentes al Estado y permitiendo que accedan también los ayuntamientos sin superávit. El porcentaje se está determinando y se habla de entre el 40 y el 60% del fondo.
En la negociación está interviniendo incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de En Comú, que lidera la contestación dentro de Unidas Podemos, socio del Gobierno. Colau viene apoyando el manifiesto de más de treinta grandes municipios, incluyendo capitales como Madrid, Zaragoza, Valencia o Cádiz, que apuestan por repartir entre los ayuntamientos un fondo de 5.000 millones sin más criterio que la población, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas.
La oferta no acaba de convencer a los todos los partidos de la oposición. Descontado Vox, que no negocia con el Gobierno de coalición, el PP sigue en el manifiesto de los alcaldes 'rebeldes' y no se mueve de la propuesta de los fondos incondicionado de los 5.000 millones. En ERC, Ciudadanos, Junts, PNV y Compromís, la oferta se sigue considerando insuficiente.
La negociación se mantendrá hasta el último momento, pero el Gobierno sabe que no le basta con convencer a su socio de Unidas Podemos, ya que, a 24 horas de la votación, el 'muro' de la oposición sigue siendo demasiado alto para superarlo.
