VALÈNCIA. El pasado 10 de noviembre tenían lugar las elecciones generales que, a la postre, permitieron conformar el actual Gobierno de coalición integrado por PSOE y Unidas Podemos. Una de las fuerzas que apoya este acuerdo desde el Congreso es Más País, que logró tres diputados en aquellos comicios, uno de ellos por Valencia gracias a la alianza tejida con Compromís.
Íñigo Errejón (Madrid, 1983) es el líder de esta formación política creada tras su marcha de Podemos. Su salto a las elecciones generales fue más bien discreto, dado que no logró convencer a demasiados votantes de su expartido mientras que la única alianza poderosa que pudo sellar fue con la coalición valencianista.
El parlamentario y politólogo visitó València el pasado viernes para presentar, junto al historiador Vicent Galiana, su libro Qué horizonte: Hegemonía, Estado y revolución democrática, basado en sus conversaciones con el exvicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera. Además, como presidente de la Comisión de Anticorrupción del Congreso, Errejón también se reunió con el el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. "Nos parece que debería existir un autoridad nacional anticorrupción similar a esta", comentó el diputado en relación a este encuentro.
Valencia Plaza se reunió con Errejón para hablar sobre estos y otros asuntos de la actualidad política española, además de su visión a largo plazo respecto a la alianza tejida con Compromís en la Comunitat.
-¿Cómo está viendo los primeros pasos del gobierno de coalición en España y la situación del Congreso, que parece muy tensionado?
-Es cierto que la vida política en España está muy tensionada y esto se observa especialmente en el Congreso. Creo que se debe fundamentalmente a un comportamiento muy agresivo de las derechas, que están, en términos culturales, a la ofensiva. Aquí tenemos la principal paradoja: tenemos un gobierno progresista y, por tanto, una conquista institucional en un momento de retroceso cultural. Hace tres años eran las fuerzas progresistas quienes marcaban los temas de los que se discutía en nuestro país y abría nuevos debates a la búsqueda de más derechos, más profundización democrática y más redistribución de la riqueza. Hoy, en gran medida, quienes abren las discusiones son las fuerzas reaccionarias ante un gobierno progresista. Un gobierno, por otro lado, que venía siendo posible desde diciembre de 2015 pero que se ha firmado en el peor momento de la correlación de fuerzas. Es decir, el gobierno progresista se ha formado, no cuando podía ser más fuerte y con más pujanza, sino en la última de sus oportunidades. Con todo, me parece que el Gobierno tiene un riesgo, en el que sería muy fácil pero muy nocivo caer, que es configurarse como un Ejecutivo contra las derechas. El discurso de hacer política para frenar a las derechas implica un enorme retroceso cultural que hace como si en nuestro en país no hubiera existido el 15M.
-¿A qué se refiere con ese retroceso?
-Hace cinco años hacíamos política para arrebatarle a una pequeña oligarquía los mandos del control político, económico, cultural y social de nuestro país; si ahora nos centramos solo en frenar a las derechas es como si dejaras de apuntar al dueño y te pelearas con el intermediario, porque Vox no es el problema, es un síntoma en todo caso. La gente con voluntad transformadora tiene que entender que esto es un peligro porque si el problema es la derecha, la solución siempre va a ser Ferraz. Es decir, sería regresar a una polaridad de los años noventa donde la derecha tenía que concentrar el voto para que no ganara la izquierda y viceversa. O sea, hace cinco años votábamos para transformar nuestro país y ahora votamos para evitar que ganen los otros. Esto evidencia un cierto agotamiento en la calle de un ciclo, el del 15M, aunque paradójicamente ahora haya un gobierno progresista que, pese a todo, nos brinda una magnífica oportunidad.
-¿Cómo es esa oportunidad?
-Es una gran oportunidad para hacer una buena parte de las transformaciones sociales, democráticas y económicas que reviertan una parte los efectos más nocivos de una gestión cruel e ineficaz de la crisis, donde se decidió que las consecuencias debían pagarlas los autónomos, las familias trabajadoras, los pensionistas... poniendo encima de sus hombros el peso de un desastre que no era su responsabilidad.
-En la Comunitat Valenciana tenemos un gobierno de coalición en el que las tensiones más fuertes empezaron en la recta final de la legislatura, el cuarto año, y ahora continúan. En cambio, en el Gobierno de España la sensación es que han aparecido a los cinco minutos...
-Me parece detectar un exceso de ansiedad entre las fuerzas que componen el Gobierno. No entiendo que ya haya arrancado la pelea de quién se apunta qué medidas. Esto ha tenido un resultado derivado muy negativo por ejemplo en este 8M, donde el protagonismo inequívoco debe ser para el movimiento feminista y se lo ha estado llevando una pugna entre los partidos que gobiernan. Esto es malo, aunque quiero pensar, dado que no conozco a fondo las relaciones en el Ejecutivo, que son solo fricciones del comienzo.
-Al hilo de lo que comenta, se ha generado un fuerte revuelo respecto a la ley de Libertad Sexual impulsada por Irene Montero. No sé si está usted plenamente de acuerdo con las líneas maestras de esta ley pero, al margen de ello, ¿cree que el Gobierno de coalición lo ha afrontado correctamente?
-Nosotros vamos a evaluar al Gobierno por lo que haga. Me gustaría pedirles que, por ejemplo en este caso, hubieran contenido el ánimo a las puertas del 8M y que la noticia no hubiera sido lo que se dicen unos ministros a otros. Esto no beneficia a nadie, desgasta al Gobierno y abre opciones para las fuerzas reaccionarias. Pero como digo, les valoraremos por lo que hagan, no por cómo se lleven o cómo se traten, aunque sí les pediríamos responsabilidad y que intenten solucionar las cosas dentro y no las aireen fuera. Por lo demás, me parece un avance para nuestro país convertir en ley lo que el movimiento feminista exige en la calle. Es de sentido común y esperamos que lo desarrollen con las menos fricciones posibles.
-Respecto al libro que viene a presentar, que consiste en las conversaciones que mantuvo con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia durante 13 años, hay un pasaje interesante respecto al concepto de sedimentación que puede dejar un gobierno. Usted pone ejemplos de irreversibilidad positiva como el matrimonio entre personas del mismo sexo pero también negativa, como la falta de espacios públicos de reunión. El fin de las plazas o lugares de encuentro público porque se ha sustituido por un centro comercial o una autopista. Más allá de estos ejemplos, y viendo que en el pasado hubo hitos de gobiernos progresistas en España que han perdurado, ¿a qué tipo de hitos irreversibles cree que debe dirigir el gobierno de coalición sus esfuerzos?
-La voluntad que compartimos quienes militamos en proyectos populares, democráticos y progresistas, en este caso yo lo comparto con Alvaro García Linera, es el de avanzar lo máximo posible en igualdad, transformaciones democráticas, justicia social y libertad para todo el mundo, pero a la vez asumimos que todo ello se integra, y así debe ser, en el marco de la democracia representativa, el pluralismo y las plenas libertades. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos deben asumir que no van a estar al día siguiente y, por tanto, deben preparar qué dejarán que perdure y les sobreviva. El legado debe ser aquello que el adversario, cuando llegue al poder, tendrá que acabar respetando porque ya formará parte de la cultura, del sentido común, del país... Es decir, algo que ayer fue una transformación impulsada por la izquierda y hoy constituya el suelo mínimo de discusión nacional.
-¿Será la eutanasia un ejemplo de ello?
-Tuvimos recientemente el debate en el Congreso sobre la admisión a trámite de esta ley, a la que se opusieron PP y Vox de forma furibunda, con argumentos, algunos de ellos vergonzosos, como decir que esta ley es un intento de dejar que se muera más gente para no pagar pensiones. La victoria política se producirá cuando se apruebe la ley pero la victoria cultural definitiva se producirá, si en algún momento, y Dios no lo quiera, alguno de los parlamentarios que votó en contra tenga que recurrir a esa ley para algún familiar. Es entonces cuando se normalizará y ya no será de una parte, será de todos.
-Lo que ocurrió con el divorcio, con el matrimonio entre personas del mismo sexo...
-Sí, a eso me refiero. Al principio son iniciativas de una parte y después pasan a ser el suelo mínimo de derechos de todo el país, se piense como se piense. En ese momento, hay una conquista democrática que no solo ha entrado en el BOE, sino en las cabezas y en las almas del conjunto de los españoles.
-Y como fuerza que apoya al Gobierno desde el Congreso, ¿cuáles deberían ser esas transformaciones?
-Sí o sí, citaría dos nudos gordianos que hay que transformar para tener un país más justo que son la vivienda y la transición ecológica. Hay que transformar la centralidad del modelo inmobiliario en la economía española porque mientras siga concentrando tantos recursos que detraemos, además, de otras actividades que generan más empleo, que son más rentables y más respetuosas con el territorio. En Madrid, a las familias se les va de media un 40% de sus ingresos en tener una vivienda. Eso repercute en el consumo, concentra el dinero en pocas manos, depreda territorio... no hay manera de deshacer el neoliberalismo español sin cambiar nuestro modelo inmobiliario, que además no respeta la Constitución y que no está al servicio del derecho a la vivienda sino al servicio de la especulación. Así no se puede construir un país con justicia social y con oportunidades para todos.
-¿Y la transición ecológica?
-España tiene que plantearse cómo compite en el mundo. Puede hacerlo en una carrera suicida de hacerlo todo más barato, con sueldos más bajos y menos regulación medioambiental, que te aboca a competir con los países del Tercer Mundo; o puede intentar competir por arriba en valor añadido, en diversificación energética y del sistema productivo. Y ahí, la gran palanca de modernización económica y equilibrio social es la transición ecológica. Hoy, salvo los señores de Vox, nadie discute que estamos ante una emergencia climática y lo que decimos es que dado que se va a tener que hacerla sí o sí, ¿qué queremos hacer? ¿Un sálvese quien pueda cuando estemos en una situación catastrófica o mejor una vía planificada por las instituciones públicas para que sea una palanca de desarrollo económico y de redistribución social?
-¿Y si no se toman medidas en estos dos nudos?
-Si el Gobierno no se atreve a alterarlos, y sé que tendrá resistencias para cambiarlos, el resto de medidas corren el riesgo de convertirse en parches.
-Por detallar algunas de las últimas iniciativas del Gobierno, ¿está de acuerdo con el decreto de Publicidad sobre el Juego que ha impulsado el ministro Garzón o lo ve demasiado tibio?
-Me ha parecido decepcionante y me imagino que el lobby del juego debe estar suspirando aliviado porque después de muchos anuncios de que por salud pública, por defensa de los hogares, de las pymes, de los menores y de los barrios populares, había que poner coto a una actividad muy poco productivo, que genera pocos empleos y que destruye muchas familias, las medidas en algunos casos no llegan ni a ser tibias. Hay margen para avanzar mucho más porque la sociedad española entendería y esperaría un proyecto más contundente. Hay que pedirle al Gobierno que sea más valiente porque además, en general, las fuerzas reaccionarias le van a criticar haga lo que haga. Ni el Gobierno ni la sociedad civil pueden tomar como termómetro que las derechas se sulfuren, porque las derechas se sulfuran por todo, empezando por la mera existencia del Gobierno.
-Compromís negoció con Pedro Sánchez un primer documento de la financiación para septiembre. En el Gobierno ya hablan de octubre y aquí se respira la sensación de que quizá, de presentarse, sea un mero documento de intenciones poco concreto. ¿Qué opina usted?
-Para empezar, tenemos una geografía política y económica en España que no funciona. Está despoblando a casi todo el país y concentrando todos los recursos, beneficios e infraestructuras en dos o tres grandes metrópolis. Eso es suicida en un país. En España tenemos dos problemas de encaje: uno de encaje territorial y otro plurinacional y hay que abordar los dos. A lo mejor, y yo soy madrileño, hay que empezar a poner sobre la mesa que uno de los grandes problemas de la construcción territorial de España es Madrid.
-Bueno, precisamente el dumping fiscal es una de las quejas más reiteradas del Consell del Botànic...
-Es que Madrid aprovecha los beneficios de la capitalidad para hacer dumping fiscal contra el resto de comunidades autónomas. Nosotros se lo dijimos muy claramente al Gobierno: hay que combatirlo y eso significa asegurar un suelo mínimo por debajo del cual no puede haber rebajas fiscales para los más ricos en ningún sitio. Porque si no, básicamente lo que se está haciendo es una competencia desleal. El PP de Madrid desde hace mucho tiempo lo que hace es levantar la bandera de España para enfrentar a unas comunidades con otras. Con este dumping fiscal, una parte de las infraestructuras e inversiones Madrid se las puede ahorrar por el efecto de la capitalidad, por concentrar un gran parte de los funcionarios, etc. Por tanto, para una construcción federal de España, que no tiene que ver solo con el aspecto identitario sino también con otros como la concepción de infraestructuras radiales... todo pasa por repensar ese modelo de megalópolis como Madrid que vacía y absorbe todo lo que hay alrededor.
-Y volviendo al sistema de financiación, ¿qué vibraciones tiene?
-El mérito que tiene Joan Baldoví es que defiende los intereses valencianos y al mismo tiempo lo hace compatible con una visión plurinacional, federal y solidaria de España. Con respecto a la infrafinanciación, hay que abordar en el corto plazo, mecanismos de compensación inmediatos que no pueden esperar a que rediseñemos el sistema. Y aquí otro punto importante, el problema fundamental del sistema de financiación es qué trozo de tarta se lleva la Administración Central y qué trozo se llevan las Administraciones Autonómicas. Eso es lo fundamental porque el grueso de la prestación del Estado de Bienestar lo desempeñan las CCAA pero la financiación no. Así que ahí hay una trampa constitucional. Al final, se le exige a las CCAA que mantengan el Estado de Bienestar pero no les dan los recursos necesarios. Un ejemplo claro es la dependencia: una mitad la ponen las autonomías y la otra la tiene que poner el Estado pero nunca llega.
-¿Y qué opina de la deuda histórica que reclama el Gobierno valenciano?
-Entiendo que no se puede pagar de golpe pero hay que meditar mecanismos que vayan compensando una situación de desequilibrio histórico acumulado. Una injusticia que hay que ir corrigiendo. Quizá no se le puede pedir a un Ejecutivo que la corrija en el primer ejercicio pero sí que la reconozca y empiece a diseñar una senda para ir compensándola.
-En esa reclamación, ¿ustedes apoyarán a Compromís si deciden retirar el apoyo parlamentario a Sánchez por no cumplir el pacto?
-Sí, nítidamente. Pero no solo por la alianza electoral y política con los compañeros de Compromís, sino porque la exigencia de una financiación justa no es algo que competa solo a los valencianos. Para que haya una ordenación federal y plurinacional de España, debemos tener la conciencia de que sin solución a la cuestión territorial no se va a poder avanzar en clave democrática. La cuestión territorial no es solo una solución política y dialogada al conflicto en Cataluña, es mucho más. El Congreso se ha llenado de fuerzas de carácter regional o regionalista que no tienen voluntad independentista pero que sí tienen una voluntad de que España no solo sea el 'gran Madrid' que distribuya y por el que hay que darle las gracias, sino que haya una construcción federal que parta de los territorios y éstos edifiquen la vida en común.
-¿Considera que la alianza de Compromís debe ser a medio o incluso a largo plazo?
-Recuerdo que el presidente de Les Corts y presidente del Bloc, Enric Morera, dijo a la salida de un acto electoral: "Hem sembrat una llavoreta", hemos sembrado una pequeña semilla. Yo también creo esto, no ha sido solo juntar votos. Tenemos dos representantes de Más País y uno de Compromís y estamos teniendo bastante visibilidad, apoyando al Gobierno pero abriendo nuevas discusiones. Además, coincidimos en una articulación política diferente que respeta la autonomía e identidad de los pueblos. Así que veo un proyecto a largo plazo.
-¿Cuál es la hoja de ruta de su partido a medio plazo? ¿Planea, por ejemplo, lanzar estructuras autonómicas o provinciales? ¿En la Comunitat lo descarta por su alianza con Compromís?
-Ahora iniciamos el proceso que llamamos 2 de mayo para construir Más Madrid. Entendemos que el federalismo hay que tomárselo en serio y pasa por construir desde abajo y desde los territorios. Y eso no pasa por decir desde Madrid lo que tiene que suceder en todos los territorios. El objetivo es establecer relaciones de igual a igual y que sean todo lo estrechas que quieran ambas partes con fuerzas políticas hermanas en distintas autonomías. Así que, en mi opinión, nuestro referente político en el País Valencià tiene que ser Compromís.