Rafael Blasco, en el primer juicio. Foto: Juan C. Cárdenas/EFEVALÈNCIA. La líder del PPCV y casi segura candidata a presidenta de la Generalitat en 2019, Isabel Bonig, va a tener competencia no solo en el plano político, sino también en el plano judicial. Cuatro macrocausas vinculadas a su partido, a falta de otras pendientes, serán juzgadas a partir de enero, y todas ellas estarán más que presentes en la precampaña y campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.
La última incorporación a esta carrera judicial es el juicio contra el otrora todopoderoso conseller Rafael Blasco. Este mismo lunes se decidían las fechas del juicio por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes presenciales en la reunión mantenida por las partes y la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, el juicio empezará el 15 de abril de 2019.
El 15 y el 16 están previstas las cuestiones previas; los días 2 y 3 de mayo y del 6 al 15 de ese mes declararán los acusados y, una vez terminen éstos, comenzarán los testigos, más de 100 personas, que está previsto que declaren entre mayo, junio y julio. La campaña electoral comenzará el 10 de mayo y concluirá el 24.
Las partes esperan poder terminar antes del mes de agosto, sin embargo, nadie descarta que el juicio se pueda prolongar hasta septiembre. Pero por otro lado, estas fechas podrían bailar si finalmente si se alcanza un acuerdo entre las acusaciones y las defensas, ya que las negociaciones siguen en marcha.
El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del caso–, en la que junto al exconseller están acusados el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe del servicio de Cooperación y mano derecha de Blasco Marc Llinares y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y la Coordinadora de ONGD reclamaron en su día hasta 170 años de prisión en total. Blasco cumple condena en la prisión de Picassent por la pieza 1 del caso Cooperación, en la que fue condenado a seis años de cárcel.
Pero al juicio del caso Cooperación hay que sumar otras tres grandes causas vinculadas al PPCV que serán juzgadas a partir de enero:
La primera en llegar a sala será el caso Palau. El juicio por los sobrecostes en el Palau de Les Arts arrancará el 8 de enero y se prolongará hasta el 12 de marzo. En este juicio se encuentra procesada la exintendente de Les Arts Helga Schimdt, además del que fuera director financiero Ernesto Moreno y tres empresarios por prevaricación, malversación y falsedad. En el caso Palau se ha investigado la externalización de servicios con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas.
Menos de un mes después de que termine el juicio por el presunto saqueo del Palau, el que se las verá con la Justicia es el exvicealcalde de València Alfonso Grau. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ya ha puesto fecha al primer envite judicial del que fuera mano derecha de Rita Barberá. La Audiencia Provincial señaló el juicio para el próximo día 1 de abril de 2019, con previsión de finalizarlo el 11 del mismo mes, dado que solo están procesados Grau y el empresario que presuntamente le regaló relojes de alta gama.
La operación Clepsidra terminó con Grau acusado de blanqueo de capitales -por cambiar los relojes por otros más caros pagando la diferencia en efectivo- y cohecho y enfrentándose a seis años de prisión y una multa de 75.000 euros. El exvicealcalde tiene, además, otra imputación en la conocida como pieza del pitufeo dentro del caso Taula como presunto cerebro de la financiación irregular del PP de la ciudad de València cuando Barberá estaba al frente del Consistorio.
Y por si Bonig no tuviera suficiente con València, una de las ramas del caso Brugal en Alicante se cuela en el año electoral. El juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial relativa al contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela, origen del llamado caso Brugal, comenzará en febrero de 2019 pero se alargará más allá de las elecciones del 26 de mayo.
Entre los 34 acusados, 15 han tenido o tienen en la actualidad la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación. El principal implicado es el empresario Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional que presentó en mayo del pasado año.
El ministerio público les considera autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
