Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La urgencia de la agilización de las licencias de obra ha sido una reivindicación del sector inmobilario en los últimos años. El atasco en muchos ayuntamientos valencianos dificulta la puesta en marcha de muchos proyectos. Con el objetivo de resolver esta situación, el Consell aprobaba este viernes un decreto que, a través de la colaboración con entidades externas, permite aliviar la carga de trabajo en las administraciones. Una gran paso adelante, destacan promotores y constructores, pero que, sin embargo, también deja muchas dudas en el aire y el temor de que su desarrollo no sea todo lo ágil que debiera, especialmente en estos momentos de parálisis de la actividad.
La nueva norma, publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permite que entidades privadas, que podrán ser desde colegios profesionales hasta empresas, desempeñen la función de verificar que las actuaciones urbanísticas se ajustan a la normativa técnica de edificación y, si previamente se obtiene cédula de garantía urbanística, que la actuación urbanística se ajusta a la legalidad urbanística y al planeamiento.
Para ello, se creará un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas que podrán emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia de obra. Eso sí, para poder ejercer esta actividad las entidades deberán contar con la acreditación de la ENAC, especializada en acreditar a entidades colaboradoras de la administración, así como contar con un seguro civil y unos determinados perfiles profesionales del personal técnico.
Sin embargo y pese a que desde el sector inmobiliario se reclamaba que la creación de ese registro fuera obligatorio, finalmente tendrá un carácter voluntario, es decir, serán los propios ayuntamientos los que decidirán si optan por esta fórmula y recurren a estas entidades colaboradoras o no. De este modo, se da libertad a los ayuntamientos para que, a través de su ordenanza municipal, regulen su aplicación en cada término municipal, lo que implicará "más normativa", lamenta el sector inmobiliario.
"Ahora cada ayuntamiento debe optar por admitir este sistema de colaboración o, por el contrario, seguir solo ellos. Además se tiene que poner en marcha el registro y las empresas deben acreditarse en la ENAC para poder registrarse. Por tanto, esto no va a ser inmediato", puntualizan desde la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval).
Una opinión compartida desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova). "El decreto deja a la voluntad de los ayuntamientos su desarrollo a través de sus ordenanzas municipales. Es más trámite y también falta la implementación de estos registros. En estos tiempos que corren se necesita una apuesta decidida y minimizar la burocracia", subrayan. Y es que para los promotores el problema radica en que la inmediatez, tan necesaria en estos momentos para reactivar la actividad económica, puede verse truncada por la necesidad de que cada municipio tenga que desarrollar su propia norma y crear el registro. "Ahora mismo necesitamos rapidez y premura", inciden.
Además, el decreto establece que estas entidades no tendrán la última palabra, sino que los servicios municipales podrán emitir un nuevo informe técnico o jurídico motivado que prevalecerá sobre el de las entidades colaboradoras. Desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) advierten de las duplicidades que pudieran producirse a este respecto. "Un arquitecto es un profesional cualificado con conocimientos sobre los Códigos de Edificación y las normativas urbanísticas. Ya se ha examinado para obtener su título y no hace falta que un funcionario revise su actividad. Tiene responsabilidad suficiente para hacer cumplir la ley", señalan.
Aunque destacan que se trata de un paso importante para resolver los 'atascos' de muchos consistorios y generar actividad y empleo, los constructores advierten de que "sigue habiendo mucha burocracia". "Quizás adelantemos la tramitación en dos o tres meses, salvo que se cambie la gestión en algunos aspectos", afirman.
Ante estas sombras sobre el tiempo real para que esta fórmula resulte efectiva, desde Fecoval proponen un proceso transitorio como acuerdos con los colegios profesionales hasta que haya empresas acreditadas y estos mismos colegios logren su acreditación. "La rapidez con que la ENAC otorgue esa acreditación va a ser un factor importante para disponer de empresas registradas y poner el sistema en marcha", sostienen.
También, consideran que se aliviaría la carga de trabajo con las declaraciones responsables, una figura que permite agilizar la tramitación administrativa dado que faculta al promotor de las obras a iniciarlas sólo presentando en el consistorio una documentación técnica y la firma de aceptación de un técnico. Una medida que los constructores valencianos ven con buenos ojos y creen que se debe tomar buena nota porque permitirá recuperar rápidamente la actividad económica y el empleo.
"Nos gustaría no obstante que en los grandes municipios donde existe un gran embotellamiento se aplicara algún sistema para ponerse al día. Abogamos por declaraciones responsables, silencio positivo o bien aplicar la admisión de las entidades externas a los expedientes abiertos para resolverlos cuanto antes", reclaman promotores y constructores.
