ALICANTE. Las quejas de los empresarios por el atasco en la concesión de licencias de obra en muchos ayuntamientos valencianos son continuas desde hace años. Agilizar su tramitación se ha convertido en una necesidad para evitar que los proyectos queden en el aire o los inversores se decanten por otras ciudades ante los dilatados tiempos del procedimiento. Un lastre que desde hace años pone en jaque la viabilidad de los proyectos que, en algunos casos, pueden estar hasta más de un año esperando el visto bueno de la administración. En la actual coyuntura, la solución se hace más necesaria para reactivar la actividad. Un problema que se prolonga en el tiempo y que llevó a la administración autonómica a buscar una solución a través de mecanismo exprés cuya aprobación, sin embargo, se ha retrasado. Una demora que desde el tejido empresarial temen que pueda lastrar las expectativas de recuperación económica.
Desde hace meses la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige el socialista Arcadi España, trabaja en la redacción de un decreto que permitirá a la administración recurrir a la colaboración con entidades externas acreditadas para ayudar a los ayuntamientos valencianos a agilizar la tramitación de las licencias de obra. Una solución que desde el sector inmobiliario esperan como agua de mayo. "Lamentamos que ante la actual coyuntura, y pese a el decreto ya estaba en periodo de revisión por parte del Consejo Económico Consultivo, el tiempo siga pasando. Nos preocupa", señalan a este diario desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec).
Una inquietud que se acrecienta en un momento como el actual en el que la crisis sanitaria azota con virulencia la economía. Reclaman, por tanto, aprobar cuanto antes no solo esta medida, sino cualquier otra que sirva para incentivar la inversión en la Comunitat Valenciana y permita que la salida de la actual coyuntura sea más rápida. "Estamos a favor de todo lo que suponga digitalización y agilizar trámites burocráticos", señalan los constructores.
Incluso ven con buenos ojos iniciativas como las que se han anunciado desde el Ayuntamiento de Madrid y también en la propia comunidad autónoma de sustituir las licencias urbanísticas, salvo las estatales, por una declaración responsable de manera que se reduzcan los plazos de concesión que normalmente se extienden durante varios meses. Y es que la figura de la declaración responsable permite agilizar la tramitación administrativa dado que faculta al promotor de las obras a iniciarlas sólo presentando en el consistorio una documentación técnica y la firma de aceptación de un técnico. "La declaración responsable sería lo deseable para recuperar rápidamente la actividad económica y el empleo", inciden desde Fevec.
No obstante, desde el Ayuntamiento de València descartan esta vía, según trasladan a este diario, mientras que en la Conselleria de Obras Públicas recalcan que su hoja de ruta es la aprobación del decreto porque con esta norma se aliviará la carga de trabajo de los funcionarios y se desatascará el cuello de botella que existe en muchos municipios de la Comunitat. Aunque la entrada en vigor de esta norma será un ligero alivio, desde el sector inmobiliario lo tienen claro: "La carga administrativa en los ayuntamientos, con decreto o sin él, sigue siendo excesiva", por lo que dar el paso y recurrir a la declaración responsable ayudaría a una pronta reactivación de la actividad, consideran.
En concreto, la propuesta en la que trabaja el departamento de Arcadi España contempla la creación de un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas (Recuv) que podrán emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia de obra. Este mecanismo fue planteado por el exconcejal de Desarrollo Urbanístico del Ayuntamiento de València y ahora diputado en el Congreso, Vicent Sarrià, quien propuso que fuera incluido en la Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
Estas entidades, que podrán ser desde colegios hasta empresas, ejercerán funciones de verificación de cumplimiento de la idoneidad de los proyectos, revisar la documentación técnica de la licencia de obra o controlar la adecuación de la ejecución de las obras a la licencia otorgada. De hecho, desde el sector inmobiliario ya trasladaron al Ayuntamiento de València su voluntad de colaboración poniendo a disposición los medios y servicios con los que cuentan para firmar convenios oportunos y conseguir superar un problema que para muchos complica la puesta en marcha de proyectos.
Pese a que en diciembre se hablaba de la posibilidad de que estuviera listo "en dos o tres meses", esto es, como tarde en marzo de este año, todavía sigue en el aire. Desde la Conselleria se achaca esta demora a la actual situación. "Seguimos trabajando. La previsión era tenerlo ya, pero debido a la crisis por el coronavirus no ha podido ser", explican a este diario fuentes de este departamento. No obstante, insisten en que ya está "muy avanzado" a falta de la revisión de los textos por parte del personal técnico. "La previsión es tenerlo este mismo mes de mayo", subrayan.
También al consistorio valenciano se le pide una resolver el problema del atasco. Ya en febrero de este año las principales asociaciones de los sectores afectados -arquitectos, constructores y promotores- se aliaron para reclamar al alcalde de València, Joan Ribó, una solución en el ámbito municipal ante "los continuos retrasos y demoras en la tramitación de las licencias de actividad y de obra". Y es que, además de este problema, denunciaban "los múltiples reparos tanto técnicos como documentales que suelen oponer los técnicos municipales ralentizando considerablemente el proceso".
Tras un encuentro entre sector y consistorio, el Ayuntamiento de València se comprometió a trabajar en la modificación de la ordenanza municipal de licencias para rebajar la carga en la tramitación normativa, simplificar los procesos y unificar los criterios de modo que el actual atasco se vaya aligerando y los plazos entre la solicitud del permiso y su obtención se acorten.