El problema territorial de Madrid

Lo de Madrid no se sostiene ya por ningún lado. La región con los peores datos de Covid-19 de toda Europa tiene un gobierno que abre una crisis institucional y se niega a tomar las medidas necesarias para proteger a su propia población y para no empeorar la situación del resto de España. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. 

La semana pasada el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid dieron una rueda prensa conjunta que resultó infame de principio a fin y que todavía muchos no logramos explicarnos. En su intervención Díaz Ayuso tuvo al menos dos frases demoledoras que Pedro Sánchez no debería haber dejado pasar en ningún caso. La primera, “Madrid es España”, y la segunda, “tratar a Madrid como al resto de España es muy injusto”. Lo que venía a decir Díaz Ayuso es que como Madrid es España está por encima de España. Y ese es precisamente el fondo del problema de todo lo que está ocurriendo: Madrid jamás ha sido tratada como el resto de España, se ha visto permanentemente privilegiada.

También la semana pasada, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publicó un informe, encargado por la Generalitat Valenciana, sobre los efectos de la capitalidad de Madrid en un estudio extenso y riguroso que debería leerse con detenimiento tanto aquí como en el conjunto de España.

La historia de Madrid como capital del reino empieza con Felipe II que la escogió como sede de su corte en el siglo XVI. Dos siglos más tarde Felipe V estableció una estructura de caminos reales que comunicaba Madrid con los centros urbanos periféricos. Se dotaba así a Madrid de sus dos grandes motores de desarrollo en lo sucesivo: el cuartel general de un aparato administrativo fuertemente centralizado y el centro de una red radial de infraestructuras. 

La ubicación de la capital de España en Madrid fue por tanto una decisión política no motivada por razones de tipo económico o demográfico, dado que la mayor parte de la población y de la actividad se concentraban en la periferia peninsular: el eje mediterráneo y el eje cantábrico conectados a través del eje del Ebro. Privilegiar a Madrid para hacer de la villa una capital europea homologable ha sido desde entonces una operación de Estado.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las ventajas que atesoraba la capital como sede administrativa y como centro del sistema de infraestructuras se utilizaron como palanca para erigir Madrid en el centro neurálgico de las finanzas, la sede de las grandes empresas españolas y un nodo integrado en el circuito de capitales globales para los negocios. A día de hoy Madrid es sede de la mitad de las 1.000 empresas de mayor tamaño en España, en 2018 atrajo el 85,2% de la inversión directa extranjera y tiene una renta per cápita anual algo por encima de los 35.000€, un 36% superior a la media española y un 16% superior a la europea.

Madrid no ha sido nunca una región industrial que pudiera competir con Barcelona y Vizcaya. El sector apenas pesa actualmente un 10% en el PIB madrileño. Pero lo cierto es que durante las últimas décadas el sector industrial ha ido languideciendo en prácticamente todas las economías occidentales que, progresivamente, se han terciarizado. Esto ha derivado en una competencia a nivel internacional entre centros urbanos para atraer servicios de carácter avanzado que son los que generan mejores datos de productividad y mejores salarios: administración, finanzas, actividades inmobiliarias, telecomunicaciones, etc. Es ahí donde Madrid ha logrado distanciarse del País Vasco y de Cataluña acaparando el 21% de los empleados altamente cualificados en España y el 35,4% del Valor Añadido Bruto en servicios avanzados. Son datos demoledores. Cataluña solo se mantiene por delante de Madrid en su grado de apertura comercial gracias al volumen de sus exportaciones. Los historiadores tendrán que establecer hasta qué punto las corrientes de fondo que han impulsado el procés están relacionadas con estas alteraciones entre Madrid y Barcelona. 

Durante las últimas décadas la Comunidad de Madrid ha engrasado el proceso de atracción de capitales del resto de España mediante la introducción de beneficios fiscales a las grandes fortunas, principalmente en el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. La Comunidad Autónoma deja de ingresar de ese modo 4.163 millones de euros anuales. Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal interno con el que el resto de Comunidades Autónomas no pueden competir. Y sin ingresos fiscales no puede haber un ejercicio real de la autonomía. Es así como la derecha española está hackeando el Estado de las Autonomías, volviéndolo contra sí mismo.

Es bastante habitual que las tensiones territoriales en España sean retratadas a través de la tensión entre centralización y descentralización, pero lo cierto es que no es suficiente para captar el problema en toda su dimensión. Si fuera así, un mayor grado de descentralización como el vivido durante los últimos 40 años de Estado de las Autonomías debería haberse dejado notar. No ha sido así. Las desigualdades territoriales no han mejorado, la España interior ha seguido vaciándose y las regiones industriales de la periferia peninsular han languidecido (de forma relativa según el caso). Mientras tanto la región de Madrid continúa con sus privilegios intactos y ha seguido expandiéndose y aspirando recursos, materiales y humanos, del resto de España. A día de hoy Madrid ya ni siquiera se corresponde con una Comunidad Autónoma, ha desbordado sus límites geográficos. Al menos las provincias de Toledo, Guadalajara y Segovia funcionan ya en buena medida como un cinturón periurbano de la capital. 

Desde prismas territoriales y posiciones ideológicas completamente diferentes ha cuajado una certeza compartida que tiene vocación mayoritaria en la sociedad española: Madrid engulle mucho del resto de España y le devuelve muy poco. La cuestión es como abordar políticamente un problema común que crece por momentos. Si la vía federal trata tan solo de evocar un modelo de Estado abstracto que no se aterriza y no se pretende llevar a la práctica, no sirve. Es como el republicanismo del PSOE, sólo teoría. Que los valencianos tengamos una mayor conciencia de país es absolutamente necesario, como lo ha sido en otras partes, pero no nos bastará para lograr realizaciones concretas que reviertan el proceso de declive en el que llevamos inmersos desde hace décadas. Necesitamos aliados y necesitamos una agenda que vaya en progresión ascendente. Poner coto al dumping fiscal de Madrid, una mejor distribución territorial de las inversiones del Estado, limitar las adjudicaciones de contratos públicos a empresas con sede en la capital, empezar a deslocalizar agencias, institutos y empresas públicas, pueden ser algunos ejemplos concretos por donde empezar.