VALÈNCIA. El pacto para dejar en 2 años y medio la pena de cárcel de Rafael Blasco por las piezas pendientes del caso Cooperación, en las que la Fiscalía pedía 16 años y la Generalitat más de 17, contempla varias contrapartidas muy beneficiosas para el exconseller, incluso en otros procesos por corrupción en los que tiene intereses personales.
A cambio de la confesión de Blasco, que lleva tres años en la cárcel por la condena de la primera pieza de este caso por el saqueo de las ayudas al Tercer Mundo, la Fiscalía Anticorrupción no solo le ha ofrecido facilitarle la concesión de permisos penitenciarios. Según ha podido saber Valencia Plaza, el pacto entre las partes también implica rebajar la acusación contra su mujer, Consuelo Ciscar, en el caso IVAM.
Ciscar está imputada por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por irregularidades en la gestión durante su etapa como directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno. En esta causa, abierta en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia, también están imputados, entre otros, cuatro subdirectores de distintas áreas del museo por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.
Entre otras cuestiones, la magistrada investiga si, mientras estuvo al frente del museo valenciano, Ciscar favoreció a su hijo, el artista Rafael Blasco Ciscar Rablaci. El hijo de Rafael Blasco y Consuelo Ciscar también está imputado en el caso IVAM por haber utilizado presuntamente los recursos del centro que dirigía su madre para promocionar su carrera como artista, tal y como apunta la Policía en un informe incorporado al procedimiento.
Pues bien, según ha podido saber Valencia Plaza, el fiscal anticorrupción del caso Cooperación, Vicente Torres; el abogado de Rafael Blasco, el penalista Javier Boix, y Juan Molpeceres, el letrado contratado por Ciscar para su defensa en el caso IVAM mantuvieron un encuentro a principios de la semana pasada en el que se pactaron los términos de la conformidad de Rafael Blasco en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.
Fue en esa reunión en la que se perfilaron los detalles que permitirían a Blasco librarse de un nuevo juicio a cambio de una condena muy inferior a la reclamada en un principio y a su mujer evitar una fuerte condena en el caso IVAM.
Además de representar a Ciscar en el caso IVAM, Juan Molpeceres es el abogado contratado por Blasco para sus asuntos penitenciarios. De hecho, fue él quien presentó el recurso de apelación que dio lugar a la última negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) a concederle al exconseller el tercer grado penitenciario.
El auto con el que la Sala de lo Civil y Penal justificaba la decisión ante el "riesgo medio-alto de reincidencia" de Blasco fue dictado el 7 de junio, pocos días antes de que Molpeceres se reuniese con Javier Boix y el Fiscal Anticorrupción para cerrar el acuerdo de conformidad.
El pacto alcanzado entre Anticorrupción y Blasco se sustenta en la aplicación por parte de la Fiscalía del atenuante de reparación del daño económico por parte de Blasco, estimado en más de 4 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía ha aceptado el ofrecimiento del exconseller de poner en venta el chalet que posee en Barraca de Aguas Vivas (Alzira) a pesar de que esta propiedad ya se encuentra embargada por el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad civil de la pieza por la que ya cumple condena, de la que no ha reintegrado ni un solo euro. Dada esta circunstancia, el pacto no garantizaría el reintegro de cantidad alguna en las arcas públicas.
Ante este conjunto de concesiones y contrapartidas, cabría pensar que existe más interés en la Fiscalía Anticorrupción por pactar y evitar el juicio de las piezas pendientes que en los propios procesados. El juicio, en el que figuran un total de 24 acusados, duraría varios meses.
El acuerdo con Blasco se extiende al resto de procesados, a quienes se les ofrecen reducciones de pena tan vertiginosas respecto a las reclamadas cuando se les procesó hace un año que la mayoría se librarán de la prisión si se conforman. En el caso de Blasco, la reducción es de dieciséis años a dos años y medio, la misma pena propuesta ahora para el empresario César Augusto Tauroni, a quien se le pedían 22 años y seis meses, o para el exjefe de Cooperación de la Conselleria, Marc Llinares, que sería condenado a dos años y cuatro meses.
Como ha venido contando este periódico, la venta futura de todos los bienes que Anticorrupción ha aceptado como contrapartida por la responsabilidad civil –en la que la Fiscalía reclamaba más de 4 millones de euros y la Abogacía de la Generalitat más de 8 al reclamar también por daños morales causados por el "grupo criminal"– están ya embargados. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación particular, solicita 16 años de prisión para Blasco, 22 para Tauroni y más de 4,5 millones por la responsabilidad civil.
Para interpretar el interés de Anticorrupción por que el resto de acusaciones se sumen al acuerdo de conformidad para evitar el juicio conviene recordar que no es la primera vez que el fiscal del caso toma la iniciativa de pactar. A principios de 2017, antes de que se formulasen las acusaciones tras varios meses de negociación, se estuvo muy cerca de un acuerdo respaldado por la Fiscalía y la Abogacía pero rechazado por la Coordinadora de ONGD.
César Augusto Tauroni llegó a pactar su confesión con la Fiscalía casi un año antes de cumplir su condena y salir de prisión. La pena ofertada por Anticorrupción era similar a la que le ha planteado ahora, por debajo de los tres años. Sin embargo, todo se frustró a finales de 2017 cuando trascendieron las amenazas anónimas a un juez y a un abogado de la Generalitat vinculado a la investigación del caso IVAM.
Los hechos revestían tal gravedad que, según la explicación que ofreció entonces la Fiscalía, justificaban su descuelgue de un acuerdo de conformidad alcanzado por su cuenta, sin el resto de acusaciones.
No obstante, para que el juicio por las piezas 2 y 3 no se celebre, sería necesario que todas las partes retirasen su acusación. La Coordinadora de las ONGD ha calificado el acuerdo de "inaceptable" y ha pedido a la Generalitat que no se sume. En un principio, la Abogacía de la Generalitat estaba dispuesta a seguir la línea de Anticorrupción, pero fuentes del Consell aseguran que la decisión sigue "en estudio" y depende de la recuperación del dinero.
Por la parte de Consuelo Císcar, hermana del diputado socialista en el Congreso Ciprià Ciscar, el acuerdo a dos bandas también llegó en un momento clave de la investigación del supuesto fraude en el IVAM.
Hace apenas un mes, el juzgado de instrucción número 21 de València –el mismo que el del caso Cooperación–, decidió exigir una fianza de más de 4,17 millones de euros a Consuelo Ciscar, al exdirector financiero, Juan Carlos Lledó, y a José Luis Rueda, hijo y heredero del artista Gerardo Rueda.
Lo hizo tras estimar la solicitud realizada por la Abogacía de la Generalitat para cubrir las posibles responsabilidades civiles derivadas de la comisión de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y estafa o fraude a la administración.
Al contrario de lo que suele ser habitual, ya que suele se la Fiscalía Anticorrupción la que formula este tipo de peticiones y la Abogacía de la Generalitat la que se adhiere posteriormente, en este caso fue la representación de la Generalitat la que tomó la iniciativa de exigir la fianza. Si no la depositan en el plazo señalado, los acusados se exponen al embargo de sus bienes para cubrir esos 4,17 millones.
La Abogacía de la Generalitat argumentó que Consuelo Ciscar, con la "concomitancia" de Lledó, destinaron "a sabiendas" caudales públicos a adquirir obras de arte falsas haciéndolas pasar por originales de su padre, el autor Gerardo Rueda –fallecido en 1996–, y produciendo así una desviación de los fondos presupuestarios hacia el patrimonio de José Luis Rueda.
El IVAM habría adquirido obras de arte no originales como si lo fueran, presuntamente para enriquecer a José Luis Rueda. Entre 2004 y 2006, el museo compró mediante dos contratos mixtos de compra-venta y donación una serie de obras cuyo supuesto autor era el escultor desaparecido. Pagó por ellas un total de 3,45 millones de euros.
A esta cantidad habría que sumar, según la Abogacía de la Generalitat, los 719.987 euros que se pagaron para promocionar las obras y con el objeto de blanquearlas a través de varias actividades y exposiciones.
José Luis Rueda declaró el pasado viernes en el juzgado de Instrucción 21 como imputado en el caso IVAM, condición que adquirió después de que la jueza lo incluyera en la investigación a petición de la Abogacía de la Generalitat. El heredero del artista Gerardo Rueda defendió que no hubo ninguna irregularidad en la venta de las obras de su padre al museo valenciano.
Tras la declaración, en algunos círculos judiciales ya comenzó a circular la posibilidad de que Fiscalía Anticorrupción pida el archivo de las actuaciones.
