El juez cierra la causa por el amaño de las sillas de Alicante y deja el juicio en manos de la Audiencia

ALICANTE. La instrucción de la causa sobre el supuesto amaño en la adjudicación del servicio de montaje de infraestructuras festivas de Alicante, más conocido como caso Isjoma o de la contrata de las sillas, llega a su fin. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante acaba de remitir las actuaciones a la Audiencia para que se produzca su reparto y se acuerde el posterior señalamiento del juicio, después de haber completado la recepción de los últimos escritos de acusación y de defensa. 

Entre ellos, el del exconcejal de Comercio por el PP, Juan Zaragoza, quien solicita su libre absolución al negar su implicación en una "supuesta o hipotética concertación" irregular del contrato. Además, también sostiene que no tuvo conocimiento del informe de valoración técnica con el que se fundamentó la adjudicación del contrato a Isjoma, hasta que se expuso en la Mesa de Contratación, y que tampoco lo facilitó a ningún representante de la empresa Montajes Alavés, que también competía por el servicio, hasta que en ese informe se consideró que su oferta incurría en baja temeraria y quedó excluida.

La causa se dirige, en realidad, contra dos exediles del PP, ahora apartados de la política: Zaragoza y el exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. Ambos tendrán que sentarse en el banquillo acusados de un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación y desarrollo del contrato, concedido en 2003 en favor de Isjoma. Ahora, ambos se acercan a juicio 17 años después de que se produjesen los hechos supuestamente delictivos. Lo cierto es que los dos expolíticos ya han resultado exonerados después de verse implicados en otras causas judiciales previas, como la seguida por la adjudicación de la Plaza Magallanes, en el caso de Llorens, o sobre el fraude contable en la empresa mixta de Mercalicante, en el caso de Zaragoza.

El proceso queda pendiente de señalamiento 17 años después de que transcurriesen los hechos investigados

Las diligencias, que se iniciaron a instancias de la denuncia presentada por Montajes Alavés, se abrieron con el propósito de dilucidar si existió un fraccionamiento de pagos con la concatenación de varios encargos menores, al margen del contrato en vigor. Además, en esas pesquisas debía resolverse si en esos encargos se alteraron precios por un importe superior al de mercado para obtener un beneficio mayor.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción Número 7 instruye una segunda causa en la que se trata de determinar si, en 2009, se amañó la nueva licitación del servicio para que Isjoma volviese a resultar adjudicataria del contrato. 

Junto a los dos exregidores, también serán juzgados el representante legal de Isjoma, Isidro García, el exjefe del Servicio de Infraestructuras, Víctor López, y el funcionario que ejercía funciones de jefe de Talleres, Ginés Pérez. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 3 años de prisión para Llorens; un año de privación de libertad para Zaragoza; 3 para López; 2 para Pérez y un año y seis meses para García. Por su parte, la acusación particular ejercida por la empresa Montajes Alavés como parte perjudicada en la adjudicación del contrato, solicita 4 años de prisión para Llorens y 2 para Zaragoza. Para López pide 5 años; para Pérez, 2; y para García, 5.

La remisión de la causa a la Audiencia se produce también después de que la Sección Segunda desestimase el recurso de apelación presentado por el representante de Isjoma frente a la obligación de prestar fianza acordada para el conjunto de los acusados con el fin de cubrir posibles responsabilidades civiles en el caso de que resultasen condenados. En concreto, en el auto de apertura de juicio dictado hace justo un año, el juez instructor concretó que los procesados debían depositar avales por una suma total de 8,7 millones.