SAN VICENTE DEL RASPEIG. La presentación en el Pleno Municipal de San Vicente del Raspeig del reglamento para la gestión y adjudicación de viviendas sociales se verá obligada a esperar. Pese a que esta normativa estaba prevista para presentarse en el pleno del próximo miércoles 25 de febrero, desde el equipo de gobierno han preferido atrasarla, porque, "pasado el período de exposición pública, tras la valoración jurídica de los técnicos de bienestar social, se ha visto que todo no se puede recoger en un mismo reglamento, sino que se debe dividir. Por ejemplo, el proceso de adjudicación de viviendas de emergencia social debe de tener un procedimiento más rápido que el tema del alquiler, donde existen muchos actores a tener en cuenta", justifican desde el Ayuntamiento. Unos matices que ya se están intentando arreglar para concretar cómo se va a plantear esta normativa, debido a que "la voluntad es llevarla cuanto antes a pleno", garantizan.
Tras haber revisado el documento, el área de Bienestar Social y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), principal actor social en materia de vivienda del municipio, se reunieron para expresar las dificultades encontradas en el trámite. Ambas partes se mostraron de acuerdo con la necesidad de revisar el reglamento en profundidad para evitar problemas en el funcionamiento futuro.
Previa a la confección de la normativa que se está elaborando en la actualidad, "no existía nada arreglado sobre el tema", aseguran. El atraso de la presentación oficial de este reglamento permitirá pulir ciertos aspectos y concretar otros y, además, no obligará a ralentizar más el trámite, ya que "aprobar en pleno una propuesta incorrecta o que no se ajuste a la demanda ciudadana llevaría a la proposición de una enmienda, lo que alargaría el proceso. Se ha preferido esperar para elaborar una normativa que esté bien, se ajuste y sea real acorde a las necesidades", insisten desde el Ayuntamiento de San Vicente.
La situación actual en cuanto a vivienda social en el municipio es la siguiente: por un lado, el Ayuntamiento ha adquirido seis viviendas de emergencia social, "que están destinadas a casos muy concretos -como desahucios de vecinos o violencia de género- y para un período de tiempo muy corto", explican; y, por otro lado, se encuentra el proyecto -que todavía no constituye una realidad- del parque de vivienda social, es decir, la voluntad de ofrecer alquileres que pongan a disposición del Ayuntamiento los propietarios de las mismas, "a un precio más bajo del habitual y destinados a personas con menos recursos o que tienen un difícil acceso a la vivienda", aclaran.
Estos dos proyectos requieren de "tiempos diferentes", motivo por el cual se ha decidido no presentar la normativa que, en un principio, englobaba a ambos -viviendas de emergencia social y parque de vivienda social- para revisarla. "Todavía no tenemos claro si lo presentaremos como una ordenanza, pero será un aparte que solo incluya esas seis viviendas, para que se pueda empezar ya a asignar esas viviendas, porque si no nos iremos mucho en el tiempo", explica la concejala de Bienestar Social, Isabel Candela.
El tercer tipo son las viviendas con alquiler asequible y ayudas al alquiler que presenta la Generalitat, una serie de alquileres que se excluye de las obligaciones del Ayuntamiento de San Vicente, ya que es el propio gobierno valenciano quien lleva a cabo su adjudicación; "se trata de una competencia de la Generalitat que ha ido delegando en los ayuntamientos", explican. "Nosotros, desde el Ayuntamiento, proporcionamos información, pero la tramitación no nos corresponde".
