La edil de Acción Social, Julia Llopis, en el pleno.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado finalmente este jueves el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que desbloquea el pago de 583.000 euros en facturas pendientes por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a su antigua concesionaria (Servisar), a cuenta de los trabajos desarrollados entre el 1 de septiembre y el 25 de noviembre de 2020. La propuesta ha prosperado con el voto a favor de PP, Cs y Vox, frente al rechazo de PSOE y Unides Podem y la abstención de Compromís. La votación se ha desarrollado tras un intercambio de reproches, en el que los grupos del eje progresista han vuelto a solicitar la dimisión o cese de la titular de Acción Social, Julia Llopis (PP).
Por partes. Como informó Alicante Plaza, se trata de un acuerdo que motivó la emisión de un informe de advertencia del interventor municipal, en el que se reprochaba que, una vez vencido el contrato adjudicado a Servisar, y al no existir ya la posibilidad de acordar una nueva prórroga, se acordó la continuidad de la prestación "por acuerdo verbal" cuando se trata de una posibilidad vetada en el ámbito de la administración pública. Así, el alto funcionario especificaba que el procedimiento seguido "parece inadmisible en el derecho administrativo porque va en contra del propio contrato, pero sobre todo, de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, que han de presidir la contratación administrativa". Y añadía: "La utilización de esta práctica como fórmula ordinaria constituye un fraude de ley que invalidaría el contrato". Con todo, lo cierto es que en ese informe se amparaba la continuidad del expediente y se autorizaba la formalización del pago.
En esta línea, como ya sucedió tras el desarrollo de la comisión de Asuntos Sociales, la edil de Acción Social, Julia Llopis, ha justificado la adopción del acuerdo en la necesidad de abonar los servicios prestados y ha vuelto a defender que la ayuda a domicilio "es un servicio esencial" que no se podía interrumpir pese a que el contrato hubiese vencido y fuese improrrogable. "No podíamos dejar a la gente abandonada", ha enfatizado. Además, ha insistido en que la prestación del servicio y la aprobación de las facturas previas al mes de septiembre había quedado refrendada por la Junta de Gobierno y ha insistido en que ni hubo acuerdo verbal para prorrogar el contrato "ni resultaba necesario". En esta línea, ha considerado que "el interventor puede que tenga que hacérselo ver" respecto a las conclusiones de su informe, en las que aludía a la existencia de un posible "fraude de ley".
En el turno de debate, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha apoyado la propuesta tras considerar que se había pretendido "hacer política" con el acuerdo; mientras que sus homólogos de Compromís y Unides Podem, Natxo Bellido y Xavier López, han recriminado a Llopis lo que han considerado deficiencias en su gestión. Así, han reprochado que, a su juicio, no fuese capaz de atender la emergencia social generada por la crisis del coronavirus; le han recordado su enfrentamiento con las asociaciones vecinales de la Zona Norte; y han lamentado que sí fuese diligente a la hora de despedir, en los años precedentes, a los trabajadores sociales cada 31 de diciembre sin esperar a que se resolviese la llegada de fondos de la Conselleria de Inclusión Social. Por último, también han criticado que no se haya licitado todavía ninguna de las actuaciones en colegios que deben desarrollarse a través del Plan Edificant, financiado por la Generalitat.
Por su parte, la edil socialista Lola Vílchez, ha sostenido que su partido votaría en contra del acuerdo al considerar que la tramitación de los pagos no se había procedido de forma regular.
Llopis ha respondido a todas las críticas y ha animado a los grupos de la oposición acudir al juzgado "si lo consideraban necesario", aunque ha sostenido que les faltará "valentía" puesto que, según ha indicado, durante la etapa de gobierno del extinto tripartito se aprobaron pagos por valor de 23 millones a través del mismo mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito.
En la sesión, se ha rechazado la propuesta formulada por el PSOE para crear una comisión no permanente para la planificación de los actos a celebrar en conmemoración de los alicantinos deportados en Mauthausen. De igual modo, se ha desestimado la propuesta presentada por Compromís por la que también se planteaba la creación de una comisión para evaluar las infraestructuras municipales que permanecen cerradas con el fin de realizar un inventario y propiciar que puedan tener uso público. El edil de Urbanismo y Patrimonio, Adrián Santos Pérez (Cs), ha incidido en que ya existe un inventario que puede consultarse a través de la página web municipal, aunque sí ha admitido la existencia de un problema de "falta de conserjes" que ya existía durante la etapa de mandato del extinto tripartito. Así, la iniciativa ha quedado rechazada con los votos de PP, Cs y Vox.
Sí se ha aprobado la moción registrada por Vox para que se dé traslado de las contabilidades de las asignaciones concedidas a los grupos políticos municipales al resto de grupos políticos. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha justificado la propuesta como ejercicio de transparencia, después de que ya se aprobase una declaración institucional en ese sentido para que se publicase esa contabilidad.
Los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís han acusado a Ortolá de tratar de hacer demagogia tras incidir en que el uso de esos fondos ya están fiscalizados y depositadas en la Secretaría General del Ayuntamiento. Además, han sostenido que si esa contabilidad no está publicada en la web municipal, es porque no existe un portal de transparencia. Sea como fuere, la iniciativa ha prosperado con el respaldo de PP y Cs por lo que ha quedado aprobada, después de que la portavoz del PP, Mari Carmen de España, haya recriminado a los tres grupos del eje progresista sus reticencias sobre un acuerdo que solo trata de avanzar en la transparencia. Los representates de PSOE, Unides Podem y Compromís, por su parte, han replicado que la moción planteada estaba plagada de errorres.
