La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, al presentar el borrador del presupuesto de 2021.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, encarrila la aprobación definitiva del presupuesto de este año después de que los técnicos de la Concejalía de Hacienda hayan desestimado en su totalidad la docena de alegaciones que se habían registrado durante su exposición al público. Se trata de un paquete de objeciones con propuestas de modificación planteadas por representantes vecinales y las secciones de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento que han quedado descartadas al no ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Como concreta la propuesta de resolución, de acuerdo con dicha normativa, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto "por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley", "por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo", o "por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto".
En base a esas consideraciones, el informe técnico plantea la desestimación del conjunto de las alegaciones presentadas tras concluir que ninguna de las propuestas expuestas se ajusta a uno de esos supuestos (como suele resolverse habitualmente durante la tramitación de los presupuestos de los últimos años).
¿Qué planteaban esas alegaciones? A grandes rasgos, como informó Alicante Plaza, las propuestas presentadas por representantes vecinales requerían la inclusión de fondos para la ejecución de determinadas dotaciones públicas en barrios como el PAU 2 o en las partidas rurales. En concreto, hasta siete asociaciones vecinales de las partidas habían instado, a través de un escrito conjunto, que se incluyesen las inversiones por más de 7 millones comprometidas por el actual alcalde, Luis Barcala (PP), durante la campaña electoral de las municipales de 2019.
Salvo cambio improbable, el presupuesto quedará ratificado por mayoría simple con los votos de PP y Cs y la abstención de PSOE y Vox
Por su parte, las alegaciones presentadas por las secciones sindicales reivindicaban la creación de nuevas plazas para la contratación de conserjes, auxiliares administrativos, policías y bomberos, además de la inclusión de fondos para el desarrollo de la carrera profesional, entre otros puntos. No obstante, todas esas peticiones han quedado rechazadas al no ajustarse a los supuestos fijados en la normativa para que puedan incorporarse al presupuesto.
Con esa resolución, la segunda propuesta de planificación económica trazada por PP y Cs se elevará a comisión de Hacienda y a pleno, previsiblemente la próxima semana. En principio, como ha informado este diario, se prevé que la comisión pueda celebrarse el lunes y el pleno, el mismo jueves, en el que está prevista la celebración de la sesión ordinaria de marzo.
Salvo cambio de criterio improbable, la propuesta quedará aprobada por mayoría simple gracias a los votos de PP y Cs y las abstenciones de PSOE y Vox, en función de las posiciones manifestadas durante el debate de su aprobación inicial. Por su parte, Unides Podem y Compromís votaron en contra. De hecho, las dos formaciones ya se han mostrado críticas respecto a la propuesta de resolución de las alegaciones. En primer término, Unides Podem ha denunciado "el desprecio del equipo de gobierno municipal de PP y Ciudadanos a las propuestas de enmiendas volcadas desde la sociedad civil a las cuentas de 2021". "Un desprecio que viene a sumarse al resto de agravios al asociacionismo, con la convocatoria del Consejo Social una vez aprobados los presupuestos de manera inicial o la marginación de la Junta de Distrito 2, que espera convocatoria desde las navidades, cuando varios representantes vecinales optaron por no acudir ante las continuas agresiones políticas de la concejala de Acción Social, Julia Llopis y la escasa atención que reciben los barrios de ese distrito", según han apuntado, a través de un comunicado.
Su portavoz, Xavier López, ha lamentado que estos presupuestos no solo sean ya "los más antisociales de la historia de la ciudad", a su juicio, al introducir "la agenda de la ultraderecha entre las prioridades de la acción gestora del ayuntamiento, con la reducción a mínimos de buena parte de las áreas sociales, sino que además "también son los menos participados", ante el rechazo de Barcala a las alegaciones vecinales y sobre todo "ante su llamada a la ciudadanía a quedarse en casa y no participar en política". "Barcala quiere un vecindario dócil para continuar actuando como si el ayuntamiento fuera su cortijo", señala López.
Por eso, Unides Podem se reafirman en el voto negativo. López argumenta que su grupo municipal "no va a hacer seguidismo de la apuesta por el mantenimiento de un modelo productivo obsoleto que fomenta la precariedad, de unas cuentas que no apuestan por la inversión pública, y que olvidan la prioridad de atender a la emergencia social y de transitar hacia un modelo urbano medioambientalmente sostenible".
Por parte de Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, ha abundado en el retraso en la entrada en vigor de las cuentas al señalar que "estos presupuestos volverán a aprobarse tarde, casi en el mes de abril, y mal, sin apenas participación ciudadana, sin nuevas inversiones, sin incluir políticas de transición ecológica y con los recortes de la extrema derecha a los derechos humanos consentida y avalada por PP y Ciudadanos".
"Recordemos que estos presupuestos no han sido ni tan siquiera presentados al asociacionismo vecinal. Y ahora vemos como se cierra todas las puertas a las demandas de sindicatos municipales y asociaciones que en muchos responden a la exigencia de cumplimiento de los BarcalaAnuncios", ha concluido.
