VALÈNCIA. (EFE). El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha señalado este martes que Casa Mediterráneo y Casa África no tienen un sistema de control interno definido y formalizado, aunque cuenten con "escasa plantilla", y que se controlan directamente por sus directivos, tal y como avanzó Alicante Plaza.
Ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso, ha presentado los informes de fiscalización de los consorcios públicos Casa Mediterráneo, con sede en Alicante, y Casa África, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en 2014 y 2015.
Tras constatar que los informes presentan similitudes, recomienda a ambas instituciones que se establezcan con claridad y se cumplan regularmente los compromisos respecto a la financiación y gastos de los consorcios.
Aconseja mejorar la programación y el seguimiento de las actividades y priorizar los proyectos en función de las posibilidades de financiación y de los medios personales y materiales disponibles.
Pide que se subsanen las limitaciones, salvedades y deficiencias contables puestas de manifiesto en los informes, así como corregir las deficiencias observadas en la gestión de los ingresos y gastos de ambos consorcios y en el cumplimiento de la normativa sobre transparencia y buen gobierno.
Precisa que Casa África dispone de un Plan Estratégico, con objetivos "excesivamente genéricos y no cuantificables", mientras que la Mediterráneo carece de planificación estratégica.
En los ejercicios analizados, los estados financieros de Casa Mediterráneo no representa "la imagen fiel", entre otros aspectos, por "la incorrecta contabilización" en balance del contrato de explotación con ADIF de un edificio y la omisión de las deudas por los compromisos de las administraciones concernidas.
Las cuentas de Casa África expresan "razonablemente dicha imagen fiel", excepto por ciertas salvedades que afectan, entre otros, a los saldos del inmovilizado material e intangible, agrega el informe.
La tesorería presenta elevados saldos en Casa Mediterráneo, producto del exceso de las aportaciones de las administraciones estatal y autonómica respecto a los gastos del consorcio, que han sufrido importantes ajustes.
La de África ha ido disminuyendo como consecuencia de la reducción de aportaciones recibidas.
Precisa que el sistema de financiación de Casa Mediterráneo "no es apto" para permitir su funcionamiento normal, dadas las incertidumbres para la programación y ejecución de actividades, entre otras.
Ambos consorcios incumplieron la prohibición de contratar nuevo personal, establecida en las sucesivas Leyes de Presupuestos.
Las retribuciones pagadas por Casa Mediterráneo en 2015 exceden en 16.978 euros del importe de la masa salarial autorizada y en 2014 se abonó indebidamente un primer pago para recuperar la paga extraordinaria de 2012, antes de autorizarlo la Ley.
Se generó un gasto importante en indemnizaciones, como el despido de la gerente, que prestó servicios sin contrato desde 2010 hasta el cese por causas económicas, lo que motivó una sentencia judicial por despido improcedente que costó al Consorcio 168.614 euros.
La directora general de Casa Mediterráneo fue nombrada en marzo de 2012 pero no se firmó el contrato de alta dirección hasta noviembre, y algo similar ocurrió con la secretaria general.
En Casa África se han observado gastos en concepto de mudanza y de alquiler de vivienda del anterior director general que no se consideran justificados, al igual que la autorización por el propio interesado de vuelos a Madrid en clase preferente.
Por lo que se refiere a la contratación, en Casa Mediterráneo se han fiscalizado, en especial, las obras de rehabilitación del edificio "Antigua estación de Benalúa", que se ha realizado en varias fases y con diferentes contratos, "incumpliendo la obligación de tramitar un único expediente".
En Casa África, señala, se ha adjudicado y prorrogado sucesivamente un contrato de servicios a una misma persona, lo que puede constituir una vía indirecta para eludir la prohibición de contratar nuevo personal y observa recurrente contratación menor de servicios con los mismos adjudicatarios.
