ALICANTE (EFE). La juez ha abierto este martes juicio oral al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito continuado de prevaricación relacionado con el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él 10 años y 1 día de inhabilitación, según han informado a Efe fuentes próximas al caso.
En su auto, la magistrada María Luisa Carrascosa decreta también la apertura de juicio oral contra dos antiguos asesores del que fuera primer edil, su exjefe de gabinete, Eduardo Díez, y el exasesor de Comercio Pedro de Gea. Considera que ambos pudieron incurrir en el mismo delito, prevaricación continuada, aunque en grado de cooperación necesaria, como sostiene en su escrito de acusación provisional la Fiscalía, que reclama para ambos la misma pena que para Gabriel Echávarri.
La magistrada ha dejado fuera del objeto del juicio, que se celebrará en la Audiencia de Alicante, el delito de usurpación de funciones que apreció en la conducta de Díez y De Gea el pasado mes de noviembre, cuando transformó las diligencias en un procedimiento abreviado.
La juez ha excluido ese delito de la causa después de que la Fiscalía Anticorrupción y el PP, que ejerce la acusación particular, no lo hayan incluido en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales. El PP pide una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses para el exalcalde por el delito continuado de prevaricación y 7 años para cada uno de sus exasesores.
Echávarri hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que motivó que el PP accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido. El exalcalde está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del ex portavoz municipal del PP y nuevo alcalde, Luis Barcala.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, procesó el pasado mes de noviembre a Echávarri y sus asesores por fraccionar presuntamente 14 facturas por trabajos y servicios desde la Concejalía de Comercio, por un importe total de 144.160 euros.
En su opinión, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público" y su fraccionamiento en contratos menores convirtió la actuación del ayuntamiento en "arbitraria", ya que benefició profesionales elegidos "por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia". Las adjudicaciones tenían como finalidad la promoción publicitaria del comercio local, la organización de la Gala de Comercio 2016 y la instalación de nuevos carteles en dos mercados y un mercadillo municipal.
El PP y Ciudadanos (C's) denunciaron en los juzgados esas supuestas irregularidades, que inicialmente afectaban a 25 facturas, por un importe total cercano a los 190.000 euros, aunque solo el primero de estos partidos siguió en el proceso como acusación particular.
La Fiscalía Anticorrupción también alude a las 25 facturas en su escrito de acusación, al que ha tenido hoy acceso Efe, y asegura que debieron tramitarse "como concurso público, en lugar de contrato menor, por referirse a unos mismos objetos y tratarse de unidades funcionales". "Efectivamente se produjo el fraccionamiento, deliberado y reiterado por los acusados", señalan los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero, "a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia".
"La actuación administrativa fue arbitraria al beneficiar, siempre y únicamente, a profesionales elegidos por propia voluntad del alcalde y de sus asesores", añaden los acusadores. Esos contratos fueron negociados por los asesores pese a que carecían de "funciones ejecutivas o decisorias", aunque lo hicieron, matiza Anticorrupción, "en nombre y con el conocimiento previo y el consentimiento pleno de Echávarri".
Por esa razón, y tras citar diversa jurisprudencia, la acusación pública entiende que Díez y De Gea no cometieron una usurpación de funciones y pide el archivo de la causa respecto a ese delito. La juez Carrascosa ha citado ahora a los tres acusados a través de sus representantes legales para que comparezcan en el juzgado el próximo jueves entre las 11 y las 11.30 horas para entregarles copias de los escritos de acusación.
