El Tribunal Administrativo paraliza el concurso de Puntos de Encuentro Familiar por excluir a las empresas

VALÈNCIA. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha paralizado cautelarmente el concurso de Puntos de Encuentro Familiar judiciales de la Comunitat Valenciana por excluir a las empresas privadas. La licitación, recurrida por la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), contempla que solo las entidades sin ánimo de lucro puedan prestar el servicio.

El Tribunal notificó este martes a las partes que resolvía la concesión de la medida provisional, consistente en suspender provisionalmente el procedimiento de contratación por los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por parte de la conselleria con el concurso y que son considerados de difícil o imposible reparación, aunque no entra en el fondo de la cuestión. Según recogen los pliegos, esta exclusión por parte de Igualdad se basa en la Ley 12/2008 del 3 de julio de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana, encargada de proteger a los menores.

Sin embargo, desde Aerte entienden que la licitación es contraria al artículo 132 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que indica que en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. El concurso, realizado por la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, está divido en cuatro lotes y asciende una cifra superior a los 31 millones de euros.

“La Ley de Contratos del Sector Público es clara cuando impide, de manera tajante, la exclusión de entidades por su forma jurídica en la contratación administrativa por lo que esperamos que el TACRC se pronuncie de manera favorable a nuestra posición en este procedimiento y corrija la decisión tomada por la Conselleria", señala el presidente de Aerte, Jose María Toro. Si el tribunal acabara dando la razón a Aerte, tendría que volver a rehacerse el concurso cambiando los pliegos para dar entrada a las empresas privadas. 

Ante la cuestión, la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, señalaba este miércoles que de momento se trata de una medida cautelar. "Estamos estudiando los argumentos", continuaba. "La infancia y adolescencia es un ámbito muy vulnerable y tanto la ley estatal como la ley autonómica hacen limitaciones a las empresas mercantiles con ánimo de lucro", insistía. "Una empresa defiende su interés de ganar dinero y nosotros, dentro del marco legal, estamos planteando que determinados colectivos vulnerables no deben estar sujetos a ningún interés, el interés superior debe ser el del menor".