Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Después de más de tres años a vueltas con la recuperación del departamento de salud de Dénia, parece que el desenlace final no está tan claro para el PSPV, a pesar de las reiteradas promesas del president Ximo Puig desde marzo de 2016. Tanto, que el partido liderado por Puig se negó que se incluyera el retorno del hospital alicantino a la sanidad pública en los Acuerdos del Botànic II, la reedición por segundo año consecutivo de los compromisos que asume el nuevo Gobierno valenciano.
El tramo final de la legislatura ya enmarcó un escenario en el que nada estaba claro. El departamento de Ana Barceló aseguraba que había iniciado el proceso para el rescate, pero no conseguía cerrar un acuerdo con la concesionaria Marina Salud al no quedar conforme DKV -con un 65% de la compañía-con la propuesta económica realizada desde la Conselleria de Sanidad.
Según apuntan fuentes conocedoras de la negociación del 'qué', fue el PSPV quien insistió en no concretar nada en lo referente a la recuperación de concesiones, tal vez para no generar un objetivo que tuviera que recordarse en el repaso de cada seminario si no llega a ser cumplido. Un objetivo que finalmente no se incorporó pese a la insistencia por parte de Compromís y Unides Podem de dejar constancia en el documento por la carga simbólica que ha tenido durante la última legislatura.
Sin embargo, en la versión final del documento del 'Botánic2os' la referencia a las concesiones es mínima, además de conservadora. Tan solo se hace mención en el eje tercero: 'Servicios públicos para continuar rescatando y cuidando a las personas', con un enunciado que señala que la concesión pasaría a recuperarse en 2024, con fin del contrato, y no de forma inminente:
"Continuaremos trabajando por la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez finalizada la concesión con una política común que garantice una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat", se apunta. Y nada más. Esperar a que finalice el contrato para no tener que pagar por revertir antes de tiempo.
Ni siquiera la reversión contaba con una partida específica en los presupuestos de 2019. La Conselleria de Sanidad incluyó un punto en el capítulo de gasto donde concretaba que, en el caso de proceder a la reversión, "destinarán parte del presupuesto anual asignado a las liquidaciones de Dénia". Sin embargo, no especificaba cómo se mantendría la actividad del departamento, ya que parte de ese dinero tendría que darse a la adjudicataria.
Dénia es uno de los pocos casos donde parte de la sociedad civil de la zona ha reivindicado la recuperación del departamento a lo público. Desde la plataforma en Defensa dela Sanitat Publica de la Marina Alta al Comité de Empresa de Marina Salud o representantes de los Ayuntamientos de la Marina, son muchas las reuniones de diversos colectivos con Puig y el equipo de Barceló para abordar el tema. De hecho, incluso realizaron una 'auditoría ciudadana' a la que se remitió la consellera para justificar, en una de sus últimas intervenciones, la recuperación del departamento.
La promesa realizada por el presidente de la Generalitat se remonta a 2016. Desde entonces, el dirigente socialista ha reiterado en numerosas ocasiones , incluidos los Debates de Política General de 2016, 2017 y 2018, que la recuperación se iba a llevar adelante durante la pasada legislatura. A pesar de que llegar a un acuerdo era una misión urgente de la administración, la posición de DKV se volvió más cómoda previa a elecciones con la posibilidad de un cambio de Gobierno. Tras no haberse dado, tendrá que decidir si replantea su posición en el nuevo escenario o si prefiere mantener su postura a la espera de más movimientos por parte de la administración.
A final de la anterior legislatura, las empresas también estaban a la espera de las liquidaciones para que la administración les presente un acuerdo definitivo con el que comprar todas las acciones y poder recuperar ya una concesión que termina en 2023. La última liquidación cerrada fue la de 2016.
Por otro lado, la Generalitat tiene que establecer el estatus del personal de la empresa privada Marina Salud si se cierra la operación de compra y la Generalitat pasa a ser concesionaria de sí misma. Una cuestión que ha sido replanteada respecto a la recuperación en Alzira y que en esta ocasión podría ser en forma de empresa pública, opción que no convence a los trabajadores del departamento, que quieren que la administración les absorba con la misma fórmula que el personal de La Ribera.
