Un momento de una de las movilizaciones vecinales contra los graneles del Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Primero el PGOU. Otra vez el PGOU. Y después, la polémica por los graneles. Otra vez los graneles. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a airear sus diferencias a cuenta de la regulación de la operativa de carga y descarga de materiales pulverulentos en el Puerto de Alicante en el debate de una declaración institucional de urgencia presentada por Guanyar de respaldo a los vecinos afectados por esa actividad.
El líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha señalado que la propuesta trata de reconocer la situación que vendrían soportando los residentes próximos al recinto portuario, como consecuencia de años de parálisis por parte de la Administración, que no ha velado para que se desarrolle con garantías ni para que se procurase el respeto a su salud. "Un derecho protegido por la Constitución", ha incidido. La declaración institucional incluye una petición expresa a la Conselleria de Medio Ambiente para que se imponga la construcción de naves cerradas en el Puerto para el desarrollo de la actividad.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado que la iniciativa era oportunista y que ya no era el momento de debatir sobre ella cuando, este viernes, en el consejo de administración del Puerto, se va a plantear la convocatoria de un concurso para externalizar la explotación de una terminal específica para el movimiento de graneles en el que se incluya la construcción de naves cerradas en depresión.
El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, ha insistido en la necesidad de que se compatibilice la actividad económica en el Puerto con medidas que eviten molestias a los vecinos sin poner en peligro la continuidad de los puestos de trabajo.
El concejal de Desarrollo Económico, el socialista Carlos Giménez, ha reprochado que la propuesta de Guanyar sólo hablase de prestar apoyo a los vecinos, "una parte de los vecinos, sin tener en cuenta a otros vecinos, que son los trabajadores que dependen de esa actividad", ha precisado. En esta línea, ha abundado en que el derecho al trabajo también es un derecho reconocido por la Constitución y ha añadido que la intención de Guanyar "es desprestigiar al Puerto, evitar la llegada de empresas que pretendan invertir en la ciudad y generar paro". "Le cuento lo que va a hacer el PSOE: votar a favor del concurso sobre la terminal de graneles en el consejo del Puerto y emprender estudios para determinar por qué las estaciones de medición de la calidad del aire" instaladas en el entorno del Puerto "siguen reflejando niveles de emisiones de partículas superiores a las permitidas", incluso después de varios días de que la operativa esté suspendida por el auto de suspensión dictado por el Tribunal Superior de Justicia, ha señalado.
Echávarri anuncia un análisis de causas y de posibles soluciones sobre esos registros de emisiones por encima de la legislación
En esta línea, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha intervenido para sostener que probablemente resulte necesario tomar otras medidas como el desvío del tráfico de camiones o la limitación del tránsito general por ese acceso sur para reducir esas emisiones, tras ofrecer a los vecinos presentes en el salón de plenos copia de los registros captados por esas mediciones en los que se refleja la superación de esos niveles.
El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, no ha negado que los vecinos estén en su derecho de expresar sus quejas por las molestias generadas por la actividad y ha defendido una enmienda de adición a la propuesta de Guanyar por la que se incluía el respaldo a los trabajadores del Puerto, en el primer punto de la declaración institucional, y por la que se planteaba la retirada del término "imposición" que reflejaba la propuesta formulada por Guanyar y su sustitución por "requerimiento", en su segundo punto.
En último término, la votación de la iniciativa se ha producido por separado. El primer punto, el del respaldo a los vecinos del entorno del puerto y a sus trabajadores, se ha aprobado por unanimidad. Sin embargo, el segundo -en el que no se ha reconocido la enmienda del PP- se ha rechazado con 18 votos: los de PP, PSOE, Compromís y el edil no adscrito, Fernando Sepulcre. Cs se ha abstenido y Guanyar ha votado a favor. Es decir, que el punto por el que se planteaba instar al Consell a imponer al Puerto la construcción de naves cerradas en depresión no ha salido adelante.
