El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y la vicealcaldesa, Eva Montesinos, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante no ha salido del pleno de este jueves todo lo airoso que podría haberlo hecho en su defensa de los contratos de la Concejalía de Inmigración concedidos a una ONG afín, de la que forman y han formado parte distintos responsables, dirigentes y militantes del partido. Su presidente es el exdiputado extremeño Victorino Mayoral, y el exdiputado alicantino, Agustín Jiménez, figura como vocal, según el organigrama publicado en su página web. Lo cierto es que los socialistas no han escurrido el bulto, ni han aplazado el debate sobre la cuestión ante la petición de comparecencia registrada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs). El PSOE tenía a su alcance la posibilidad de posponer las explicaciones que se le requerían a un próximo pleno, pero no lo ha hecho. La edil de Inmigración, Gloria Vara, ha recogido el guante y ha comparecido para dar cuenta del proceso de contratación.
Sin embargo, se ha quedado a mitad de recorrido: Vara ha defendido que las dos adjudicaciones (aprobadas en los seis últimos meses) se ajustaron escrupulosamente al procedimiento legal, pero no ha convencido a los grupos de la oposición sobre las exigencias éticas y estéticas que se imponen a los responsables públicos en el actual momento político al omitir toda referencia a una posible causa de inhibición en la toma de decisiones. Máxime si se tiene en cuenta, como le ha recordado el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que fue el PSOE quien exigió la destitución y expulsión de Nerea Belmonte del equipo de Gobierno por un acuerdo con ciertas similitudes: la concesión de contratos menores -es decir, sin concurso, no como en los trabajos adjudicados a la Liga de la Educación- a empresas de personas afines.
Vara no ha detallado con la transparencia debida cuáles son los vínculos de esa ONG con afiliados socialistas (a priori, perfectamente legítimos), ni ha precisado si en algún momento se solicitó un informe jurídico o se elevó una consulta a la asesoría legal del ayuntamiento para dilucidar si existían motivos para que los concejales socialistas no participasen en esos procedimientos de contratación. Eso sí, también es cierto que ninguno de los grupos de la oposición le ha cuestionado sobre ello.
Por partes. El edil de Cs que ha defendido la solicitud de comparecencia de Vara, Vicente Buades, ha abundado en que su pretensión era conocer "si en esos dos contratos por cerca de 400.000 euros que huelen a chamusquina hay realmente fuego o no". El portavoz municipal de Compromís y exedil de Contratación, Natxo Bellido, ha considerado que el proceso de contratación fue correcto, ya que se concertaron dos concursos públicos en los que la ONG vinculada a militantes socialistas logró la mejor puntuación. Ha insistido en que esos vínculos son evidentes y también perfectamente legales. Ahora bien, ha añadido que "por una cuestión de ejemplaridad, hubiese estado bien que el PSOE hubiese informado sobre esas relaciones e incluso que no hubiese participado en la toma del acuerdo, como le pidió Guanyar".
El portavoz de este último grupo, Pavón, ha señalado que, según sus asesores jurídicos, sí existía causa de deber de abstención, por lo que ha llegado a plantear que los dos contratos deberían anularse para que se reanudase el proceso desde cero. "No tenemos nada en contra de la entidad, pero las cosas no se han hecho bien; nosotros ya expusimos que el PSOE debía apartarse del proceso e, igualmente, la adjudicación se habría probado porque, según la puntuación técnica, era la mejor propuesta", ha añadido. En esta línea, ha mencionado el criterio de exigencia ética que el PSOE alegó en el caso de Belmonte.
El edil del PP, Israel Cortés, ha quitado trascendencia a la vinculación de la ONG con militantes del PSOE porque "es algo habitual en todas aquellas personas que se supone que tienen la vocación de servicio público". No obstante, ha considerado anómalo el incremento en el presupuesto destinado a la Concejalía de Inmigración, que no se diese cuenta de los programas formativos y de mediación contratados en el Consejo de Inmigración; y que no se aplicase para los barrios en los que existe una mayor presencia de población migrada, como la Zona Norte.
Vara sostiene que "la ética y la estética es cumplir la legislación, que es lo que caracteriza a un Estado de Derecho; lo demás es nazismo"
Vara ha ido respondiendo a casi todas esas apreciaciones. Ha sostenido que sí se informó sobre esos programas en el Consejo de Inmigración; que se orientaron a los barrios de Pla-Carolinas porque se buscaba una realidad social con valores estadísticos medios, "no disruptivos", de modo que se pudiese aplicar la experiencia al conjunto de la ciudadanía en una fase posterior y que el presupuesto de los contratos es elevado porque se trata de programas a desarrollar en tres años. En esta línea, ha recalcado que en los dos concursos la propuesta de la Liga de la Educación fue la mejor valorada; ha recriminado a Cs que critique la adjudicación de contratos a esa ONG en Alicante y no lo haga en Andalucía, donde Cs da soporte al PSOE y donde también le han concedido contratos a esa misma entidad; y ha matizado que, en el caso de Belmonte, las empresas beneficiarias de sus encargos directos se habían constituidos después de que ella tomase posesión como concejal, mientras que la Liga de la ONG cuenta con una larga trayectoria.
Sobre la cuestión puramente ética, ha señalado que "la ética y la estética es cumplir la legislación, que es lo que ha ocurrido con dos procesos ajustados a la Ley de Contratos del sector público y que es lo que caracteriza a un Estado de Derecho frente al nazismo", ha dicho. Y le ha mandado un mensaje a Guanyar al referirse a otro asunto "que a lo mejor sí era ético, como regalarle un autobús a la ciudad de la que es alcaldesa la hermana de la señora Angulo".
Con todo, ese discurso no ha satisfecho la exigencia de explicaciones de la oposición, como ha subrayado el líder de Compromís: "El PSOE debió dar un paso más hacia la transparencia, frente al oscurantismo de la etapa anterior; hay que cumplir la ley, pero la ética y la estética tienen toda su importancia y por eso el PSOE está hoy en un sitio y Compromís, en otro", ha apuntado, al recordar su decisión de abandonar el equipo de Gobierno tras el rechazo del alcalde, Gabriel Echávarri, a presentar su dimisión tras verse inmerso en dos causas judiciales distintas: los contratos del caso Comercio y el despido de una trabajadora interina, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala.
