ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, compuesto por PP y Cs, confirma sus diferencias en la defensa de dos iniciativas distintas debatidas en el pleno de este miércoles con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI. Los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal han optado por respaldar sendas propuestas por separado en la primera ocasión desde el inicio de este mandato en el que cuatro de los seis partidos representados en la corporación habían conseguido promover una declaración institucional específica sobre la ciudad de Alicante. Eso sí, Cs también ha mostrado su respaldo a la iniciativa promovida por el PP, en base al texto marco propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con lo que esa iniciativa también ha quedado aprobada tras la abstención de los ediles de PSOE y Unides Podem.
Por partes. Respecto a la primera propuesta, pactada entre Cs, PSOE, Unides Podem y Compromís, la vicealcaldesa y edil del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha subrayado que se trata de un acuerdo específico sobre la ciudad de Alicante que "responde a las necesidades manifestadas por el colectivo LGTBI" y ha agradecido la participación de PSOE, Unides Podem y Compromís para dejar a un lado las diferencias políticas en busca del consenso. En esta línea, se ha mostrado contundente al sostener que "los derechos del colectivo LGTBI no se defienden solo con una foto a las puertas del Ayuntamiento". Así, ha reivindicado la dotación de recursos económicos y de personal para el desarrollo del Primer Plan LGTBI de la ciudad de Alicante, aprobado este año.
La edil socialista Llanos Cano ha agradecido la disposición de Cs para promover y plantear la propuesta sobre un área que recae bajo sus competencias. De igual modo, también ha lamentado la falta de medios para desarrollar las políticas LGTBI y ha reprochado que el PP trate de hacer oposición interna frente a sus propios socios al no proporcionar esos recursos. Es más, incluso ha emplazado a Cs a romper con el PP en el caso de que no manifestase su respaldo a la iniciativa, como ha acabado sucediendo.
Por Unides Podem, su portavoz, Xavier López, también ha reconocido la labor de Sánchez en el impulso de la propuesta y ha emplazado al PP a sumarse a la declaración "de mínimos" para que se puedan procurar los medios necesarios que permitan desarrollar el Plan LGTBI. Así, según ha asegurado, se podría cumplir con compromisos específicos para este mismo año. Además, ha alertado sobre "los discursos del odio", en alusión a las posiciones de Vox, que, a su juicio, "están devolviendo el miedo a nuestras calles".
Por Compromís, el edil Rafa Mas ha insistido en la necesidad de la defensa de los derechos LGTBI en un contexto en el que se agrede y se insulta a los integrantes del colectivo.
En la defensa de la segunda declaración institucional, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha defendido el texto marco planteado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien ha lamentado que se haya llegado al 28 de junio "otra vez con dos propuestas diferentes cuando se podía haber alcanzado el consenso" en torno al texto defendido por la FEMP. Así, ha considerado que la propuesta pactada entre Cs, PSOE, Unides Podem y Compromís solo trata de "buscar una foto en este salón de plenos" puesto que la única diferencia que incluye respecto al texto de la FEMP es la inclusión de un compromiso de aumento de recursos del 15% "que queda reflejado el Plan LGTBI ya aprobado y presentado".
Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su rechazo a las dos iniciativas después de argumentar que, a su juicio, la educación sexual debe depender de las familias. Además, ha asegurado que "para Vox todas las personas somos iguales".
Así, en el momento de la votación, las dos declaraciones institucionales han quedado aprobadas, aunque con un equilibrio de votos desigual. La primera, consensuada entre Cs, PSOE, Unides Podem y Compromís, ha prosperado con el voto en contra de PP y Vox. La segunda, promovida por el PP, también ha salido adelante por 14 votos (los de PP y Cs) frente al rechazo de los dos representantes de Vox y de Compromís y la abstención de los 11 concejales de PSOE y Unides Podem.
En la sesión también se ha debatido y aprobado la declaración institucional promovida por el PP en la que se plantea exigir al ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a llevar a cabo las actuaciones necesarias "para que el tramo Alicante-Algeciras del Corredor Mediterráneo permita el transporte de mercancías". La iniciativa surge después de que la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas haya alertado de la existencia de pendientes e inclinaciones excesivas en ese trazado que, a su juicio, imposibilitarían ese uso. Tanto la portavoz del PP, Mari Carmen de España, como el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), han considerado que se trata de un ejemplo más de la falta de compromiso del Gobierno con las infraestructuras de la provincia de Alicante, frente a las actuaciones que sí se aprueban en otras provincias de la Comunitat, como Valencia o Castellón, por lo que han reivindicado el apoyo del conjunto de la corporación para que pueda solventarse ese presunto impedimento técnico que limitaría las posibilidades de la industria de la provincia.
La propuesta ha contado con el respaldo de Vox, que ha defendido la importancia en el desarrollo de infraestructuras. Por su parte, los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra tras argumentar que el trazado del corredor había quedado aprobado en 2011 por la Unión Europea sin que el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy (PP), hubiese objetado nada al respecto. Además, el portavoz del PSOE, Paco Sanguino, ha sostenido que "el supuesto impedimento para la circulación de los trenes de mercancías no existe, puesto que se cuenta con soluciones técnicas como los trenes de tracción doble que posibilitarían salvar esa dificultad" impuesta por las condiciones orográficas del terreno por el que discurre el trazado.
El alcalde, Luis Barcala (PP), ha terciado en el debate para asegurar que, en suma, de lo que se trata es de reclamar inversiones para que se solvente ese supuesto problema, sin que sea tarde para introducir cambios sobre el proyecto, como habían objetado los tres grupos del eje progresista.
Con antelación, se ha debatido una propuesta de declaración institucional promovida por PP y Cs por la que se insta al Gobierno a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de electricidad, que se impulse una campaña informativa y que se aborde una reforma fiscal al respecto. La propuesta ha quedado aprobada con el respaldo de Vox y la abstención de Compromís. Unides Podem y PSOE han votado en contra.
Solo el bipartito y Vox aprueban instar a Adif a invertir para que el tramo del corredor mediterráneo entre Alicante y Algeciras sí pueda admitir trenes de mercancías, tras el supuesto impedimento técnico advertido por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas
En el turno de ruegos y preguntas, desarrollado con antelación, se ha reproducido el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y los grupos políticos que conforman el eje progresista a colación de varios de los temas planteados. Así, en priemr término, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha cuestionado al bipartito sobre los motivos de la devolución de cerca de 440.000 euros reintegrados a la Generalitat en líneas de subvención concedidas por la Conselleria de Vivienda para paliar situaciones de emergencia habitacional. La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha contestado que "en 2020 nos encontramos en una situación de pandemia". Además, ha instado a Unides Podem a no tratar de engañar, puesto que, según ha dicho, "hasta la consellera Oltra aseguró que el porcentaje de devolución había sido mínimo". De igual modo, ha apuntado que en Acción Social se atendió a 33.000 personas durante 2020, en lo que supone el mayor registro alcanzado hasta ahora. Por otro lado, ha sostenido que "ya le dijimos al conseller de Vivienda que si la línea de ayuda no iba acompañada con un refuerzo de recursos humanos iba a ser imposible". Por último, ha sostenido que los plazos concedidos por Vivienda habían imposibilitado agotar esas ayudas y ha añadido que otros ayuntamientos, como el de Elche, también han tenido que devolver parte de esa subvención "por la complejidad de las bases".
El portavoz de Unides Podem, Xavier López, también ha cuestionado sobre las políticas que Llopis iba a plantear en el consejo escolar estatal tras ser elegida como uno de sus miembros. Así, ha expresado su preocupación por las aportaciones que pueda formular "en contra de la educación pública". La edil de Educación ha respondido que lleva 20 años "en el sector" y que su intención era defender las necesidades de la educación pública y concertada. Así, ha detallado que su intención era "defender una educación inclusiva", el "mérito lingüístico y no el requisito", y la defensa de la FP, "la ausencia de adoctrinamientos", "y los centros educativos dignos, y no los barracones", entre otros puntos. Además, ha cuestionado a Unides Podem sobre cuántas veces se había reunido con las asociaciones en defensa de la educación pública. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha añadido que la propuesta de nombramiento de Llopis había sido secundada por el conjunto de formaciones políticas, incluido Unides Podem.
López también ha cuestionado sobre qué tipo de medidas pretende implantar el bipartito para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. El edil de Vivienda, José Ramón González (PP), ha insistido en que la competencia sobre la materia es autonómica, aunque ha apuntado que el ayuntamiento cuenta con viviendas para jóvenes. "Tenemos 748 viviendas en Alicante, el que más se nos acerca es València, con 400", ha dicho. Además, ha sostenido que "tenemos dos proyectos en la calle Ceuta y en el Portón, que son más de los que ustedes hacen, que son ninguna". Por ello, ha instado a López a exigirle al conseller Martínez Dalmau que acometa inversiones en Alicante.
El bipartito anuncia el reinicio de los trabajos para aprobar la Ordenanza de Convivencia Cívica "con la participación de todas las concejalías" en respuesta a una pregunta de Vox
El portavoz de Unides Podem también ha cuestionado sobre la implantación del sistema de estacionamiento controlado en el barrio de Carolinas, ahora en suspenso tras las últimas reticencias manifestadas por vecinos y comerciantes. El edil de Movilidad, José Ramón González (PP), ha explicado que su implantación fue solicitada por los propios residentes y asociaciones de comerciantes.
Por último, López también ha cuestionado sobre la ausencia de servicios en la playa de San Gabriel. La edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha replicado que ese espacio no dispone de la consideración de playa urbana. Entre otros puntos, porque no se garantiza la seguridad en sus accesos por la existencia de las vías del ferrocarril en el litoral sur, por lo que ha emplazado a López a presionar para que el Gobierno cumpla su compromiso e impulse su retirada con la construcción de la variante de Torrellano.
El edil de Compromís, Rafa Mas, también ha abundado en la implantación de la zona azul en Carolinas. Y González ha insistido en que el acuerdo se aprobó en la Junta de Distrito número 2 por unanimidad tras las peticiones registradas por los residentes y comerciantes, por lo que no fue una medida impulsada por el equipo de gobierno. Además, también ha manifestado que existen otras peticiones similares registradas el 26 de junio por asociaciones de comerciantes como Fecoema o de los concesionarios de los mercados municipales de Alicante y también otra nueva petición por parte de la asociación de comerciantes de Carolinas.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha cuestionado, además, sobre el proceso de tramitación de la Ordenanza de Conviviencia Cívica, tras recordar que el compromiso del bipartito era retomarla después de que quedase aprobado el presupuesto municipal. Al respecto, el también edil de Seguridad, José Ramón González, ha precisado que su elaboración se prevé retomar ahora "cuando se ha aprobado la primera modificación de crédito" del presupuesto. Además, ha asegurado que contaría con la participación de todas las concejalías afectadas.
La edil de Acción Social, por su parte, ha respondido a otra pregunta formulada por Unides Podem en el pleno de mayo sobre los objetivos del nuevo servicio de orientación familiar. En esta línea, Llopis ha indicado que sencillamente se trataría de "orientar a las familias". Además, el también concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, ha contestado a la pregunta formulada por el PSOE sobre las necesidades de personal para detallar que en la próxima Junta de Gobierno se aprobará el inicio del proceso para contratar la asistencia técnica que resulta necesaria para realizar una auditoría sobre la estructura municipal para evaluar esas posibles carencias en la plantilla.
