El edil de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo, conversa con la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La polémica por el proceso de venta de una parcela de propiedad municipal destinada a la promoción de VPO en Playa de San Juan queda finalmente en manos de los juzgados a instancias del recurso contencioso-administrativo presentado frente a la anulación de esa primera licitación, acordada el pasado diciembre. Así lo ha desvelado el edil de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el pleno ordinario de febrero, este jueves, sobre los planes del equipo de Gobierno para retomar esa venta, después de que la convocatoria pública aprobada en junio de 2018 quedase paralizada y anulada. Dicha decisión se adoptó al concluirse que el pliego incluía una cláusula de desempate inadecuada, en la que se primaba el criterio de anticipación en el registro de las ofertas.
Castillo ha detallado que la intención del PP a su llegada al poder era desatascar los proyectos iniciados en el Ayuntamiento, entre ellos, el expediente de venta de dicha parcela, abordado por el anterior equipo de Gobierno (primero, durante la etapa del tripartito, y después, durante el mandato del PSOE en solitario) con el propósito de poner en valor un activo que permanecía inmovilizado. Así, ha apuntado que el precio de tasación estaba reglado (6,6 millones, IVA incluido) y que solo había que tomar la decisión de convocar el proceso.
Sin embargo, ha reconocido que en la cláusula de desempate que figuraba en el pliego de condiciones se daba pie a que pudiese interpretarse que podía producirse un supuesto "trato de favor", por lo que, tras el registro de hasta tres recursos de reposición contra la licitación, se encargó un informe jurídico en el que se concluyó que lo recomendable era eliminar dicha cláusula de desempate.
En esta línea, el regidor ha apuntado que la anulación del proceso ha motivado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra esa decisión. En su intervención, no ha precisado quién era el promotor de ese recurso, aunque todo parece indicar que podría tratarse de alguna de las cinco empresas que habían presentado sus plicas en esa primera convocatoria. En cualquier caso, Castillo ha asegurado que no se va a tomar ninguna decisión sobre la nueva convocatoria de un proceso de venta sobre dicha parcela hasta que haya un pronunciamiento judicial sobre ese contencioso. Máxime, según ha insistido, porque "tampoco existe ninguna urgencia que motive la convocatoria de un nuevo concurso".
En el pleno, el grupo municipal de Cs también ha cuestionado al equipo de Gobierno sobre cuáles son sus planes sobre tres acuerdos de planificación urbanística que su portavoz municipal, Yaneth Giraldo, ha considerado claves: el catálogo de protecciones, la revisión de los planes especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo y la Ordenanza del Ruido. La respuesta ha llegado de la mano de la edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, quien ha señalado que se sigue trabajando en el catálogo de protecciones, tras aclarar cuál era su situación y su vigencia. Sobre las modificaciones de los planes especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo, ha recordado que se aprobaron en agosto. Y sobre la nueva Ordenanza del Ruido, ha avanzado que en una o dos semanas se llevará la propuesta definitiva a la Junta de Gobierno para su aprobación y que, después, se someterá a la consideración de la Mesa del Ruido, "que es a lo que nos comprometimos".
Con anterioridad, en la primera fase de la sesión plenaria, el conjunto de los grupos políticos municipales ha aprobado de manera definitiva el reglamento del Consejo Local de Igualdad tras la resolución de alegaciones presentadas. En el acuerdo, PP, PSOE, Guanyar, Cs, Compromís y los dos ediles no adscritos han coincidido en señalar que se trata de un primer paso que debe continuar para impulsar medidas que logren la igualdad de género real.
