Una jueza de Elche abre la vía del jurado contra el presidente de AFE y otros nueve investigados por presunto cohecho y revelación de secretos

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Una jueza de Elche acuerda tramitar ante el Tribunal del Jurado la causa contra David Aganzo, presidente de AFE, y otros nueve investigados por presunto cohecho y revelación de secretos, tras apreciar indicios del pago de 3.000 euros para obtener datos fiscales de Futbolistas ON

  • David Aganzo, presideente de la AFE y exfutbolista del Hércules CF, entre otros
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ALICANTE. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, Plaza número 3, ha acordado continuar por los trámites del Tribunal del Jurado la causa abierta contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y otras nueve personas por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, relacionados con la obtención irregular de información tributaria del sindicato rival Futbolistas ON.

La magistrada Marta Alba Tenza, mediante un auto fechado el pasado 16 de noviembre y notificado este jueves, considera que existen indicios racionales de la comisión de ambos delitos en una operación que se remonta a marzo de 2019 y en la que, presuntamente, se abonaron 3.000 euros a un funcionario de la Agencia Tributaria destinado en Elche a cambio de facilitar documentación fiscal reservada de Futbolistas ON.

Además de a Aganzo, la resolución afecta a otras nueve personas entre las que se encuentran el también exfutbolista Diego Rivas y un funcionario de Hacienda.

Según recoge el auto, la investigación apunta a que varios de los implicados contactaron con el funcionario para conseguir información tributaria de Futbolistas ON, concretamente el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2018, un documento que recoge las operaciones económicas realizadas por una entidad con terceros.

La magistrada señala que el funcionario efectuó cuatro accesos no autorizados a las bases de datos de la Agencia Tributaria el 7 de marzo de 2019, descargando en uno de ellos una copia de la documentación solicitada. Posteriormente, el documento habría sido entregado a los intermediarios a cambio de 3.000 euros.

La información terminó llegando a responsables de AFE. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que recoge la resolución judicial, el documento fue mostrado el 11 de marzo de 2019 durante una reunión celebrada en el despacho profesional de Aganzo, en las instalaciones del sindicato en Madrid, en presencia de otros investigados.

El auto atribuye indiciariamente la aportación del dinero a varios dirigentes y trabajadores de AFE, entre ellos su presidente, quienes, según la magistrada, conocían que la cantidad estaba destinada a conseguir información tributaria del sindicato rival para utilizarla posteriormente en su contra.

La investigación se sustenta, entre otros elementos, en informes de la Agencia Tributaria sobre los accesos informáticos, declaraciones de investigados y testigos, grabaciones y documentación relativa a la posterior difusión de los datos fiscales.

La jueza discrepa de la Fiscalía sobre la vía procesal

Uno de los aspectos relevantes de la resolución es que la magistrada acuerda seguir el procedimiento del Tribunal del Jurado pese a que el Ministerio Fiscal había defendido la continuidad de la causa por el procedimiento abreviado, al considerar que los hechos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, también había planteado que no se continuara por el delito de cohecho, aunque reconocía la existencia de datos que podían apuntar a su comisión.

La magistrada, sin embargo, aprecia indicios racionales de cohecho pasivo respecto del funcionario de Hacienda, de cohecho activo en relación con los otros nueve investigados y de revelación de secretos respecto de todos ellos.

Considera, además, que ambos delitos están conectados, puesto que el presunto pago al funcionario habría tenido precisamente como finalidad obtener información tributaria reservada. Por ello, entiende que deben investigarse y, en su caso, enjuiciarse conjuntamente para evitar posibles resoluciones contradictorias.

Diez investigados citados el 9 de diciembre

  • Encabezamiento de la resolución que es recurrible

El juzgado ha señalado el próximo 9 de diciembre una comparecencia a la que están convocados los diez investigados, asistidos de sus abogados, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas.

En esa diligencia podrán concretarse las imputaciones, solicitarse el sobreseimiento de la causa o proponerse nuevas actuaciones de investigación.

La resolución no supone una condena ni la apertura del juicio oral, sino un cambio en la tramitación del procedimiento penal a partir de los indicios apreciados durante la instrucción. El auto tampoco es firme, puesto que contra él cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación.

La causa, que se inició en Madrid en 2019 antes de pasar a los órganos judiciales de Elche, afronta así una nueva fase procesal más de siete años después de los hechos investigados.

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