ALICANTE. No habrá más licencias para la implantación de negocios vinculados con el alojamiento turístico en los barrios del Centro Tradicional, Casco Antiguo, Mercado, Ensanche, la primera línea de Playa de San Juan y el espacio comprendido entre el APA-9, en Vistahermosa Norte, y el borde del sector de Lomas del Garbinet. Así se desprende de la zonificación que se delimita con los cambios que se pretenden incorporar al vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a través de la propuesta de modificación puntual número 52 trazada por la Concejalía de Urbanismo. Esa nueva regulación, recogida en un nuevo decreto publicado este miércoles, introduce ahora variaciones respecto a la propuesta original, después de que se haya completado la recopilación de informes sectoriales y de que se haya resuelto las ocho alegaciones presentadas durante el primer periodo de información pública. Y, tras la aplicación de esas nuevas directrices, se estimaría que en esos barrios en concreto existiría un exceso de oferta -de presión turística, según esa regulación- con lo que quedarían blindados frente al registro de nuevos proyectos.
En suma, la regulación adaptada ahora esablece una clasificación del término municipal en 26 unidades funcionales que coincidirían en su ámbito territorial con 26 barrios de la ciudad como espacio de referencia para calcular la concentración de plazas turísticas actual y resolver si procede conceder nuevas autorizaciones. Con ello, se sustituye el cálculo por distritos censales, como se preveía hasta ahora, al estimarse que ese modelo de análisis previo derivaba en un exceso de atomización y que generaba disfunciones en distritos poco poblados, además de no tener en cuenta la situación de los distritos contiguos. En consecuencia, se trataba de un sistema que no resultaba operativo para lograr el fin perseguido.
Así, se apuesta ahora por un nuevo sistema que toma el barrio como espacio territorial de referencia, en sintonía con las regulaciones establecidas en ciudades como Barcelona y València, y se delimitan tres situaciones o categorías en función del nivel de saturación de plazas existente, tras calcular el Indicador de Presión de Alojamientos Turísticos (IPAT) de cada zona. Ese parámetro relaciona el número de plazas turísticas contabilizadas en los registros oficiales de la Generalitat, con la población residente en cada barrio. Y se expresa en plazas por cada 100 habitantes. En estos momentos, se estima que el valor medio del IPAT de las 26 unidades funcionales es de 7,19 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Así, de su aplicación se desprenden tres posibles situaciones.
La primera es la Zona de crecimiento controlado, sobre los barrios en los que el IPAT es inferior a la media: las citadas 7,19 plazas por cada 100 habitantes. En estas zonas se podrán instalar nuevos alojamientos turísticos en todas sus modalidades (hoteles, bloques de apartamentos, hostales, albergues o viviendas turísticas aisladas, VUT) hasta alcanzar el techo de plazas correspondiente, siempre que cumplan con el resto de condiciones urbanísticas y arquitectónicas delimitadas en otras normativas. Se trata de la situación que se registraría en la mayor parte del término municipal. Es el escenario en el que encajan los barrios de San Gabriel, Babel, La Florida, Ciudad de Asís, San Blas, La Torreta, Juan Pablo II, Rabasa, Ciudad Jardín, Los Ángeles, Juan XXII, Virgen del Carmen, Virgen del Remedio, El Pla, Benisaudet, Villafranqueza, el Cabo de las Huertas y los PAU 4 y 5.
La segunda es la Zona de mantenimiento, con un IPAT entre 7,19 y 14,38 plazas por cada 100 habitantes, incluidos ambos valores. En estas zonas solo se podrán instalar nuevos alojamientos turísticos o ampliar los existentes cuando se hayan producido previamente bajas de un número igual o superior de plazas en la mismo barrio con el fin de preservar el nivel de concentración actual. Ese situación se registraría fundamentalmente en los barrios de Urbanova, Carolinas, Campoamor, San Antón y La Albufereta.
Y la tercera y última sería la Zona de decrecimiento, con un IPAT superior a 14,38 plazas por cada 100 habitantes. En estas zonas no se podrán instalar nuevos alojamientos turísticos aunque haya bajas. Es decir, no se concederán nuevos permisos, ya que el objetivo sería reducir la presión turística. Esa es la situación que se aplicaría respecto a los barrios ya enumerados en el encabezamiento de esta información. Lo cierto es que, al menos en parte, la zonificación resultante de la aplicación de ese nuevo indicador coincide con la que se configuraba con la propuesta de regulación inicial, en la que también se establecían zonas saturadas en determinados barrios, como informó este diario.
No obstante, ahora se incorporan otras situaciones. Entre ellas, a diferencia de lo que sucedía con la propuesta de regulación inicial, no se contemplan exenciones relacionadas con el nivel o la categoría del alojamiento propuesto. Es decir, los proyectos para implantar hoteles de cuatro y cinco estrellas no tendrán barra libre, como se procuraba hasta el momento, después de que se haya concluido que la apertura de establecimientos de esa tipología no contribuye necesariamente a incrementar el rédito económico generado sobre el territorio.
Sobre esas bases esenciales, el análisis con el que la Concejalía de Urbanismo acompaña a esa nueva propuesta de regulación ofrece una visión panorámica de la situación global de la ciudad. En concreto, señala que "solo nueve de las 26 unidades funcionales" -es decir nueve de los 26 barrios- "superan el valor del conjunto". "Las otras diecisiete quedan por debajo, y la mediana es de 3,42". Además, apunta que "cinco unidades (Centro, Mercado, Ensanche, Playa de San Juan y Lomas de Garbinet) superan el doble del valor del conjunto", ya que se da la particularidad de que "reúnen el 62,3 % de las plazas con el 13,9 % de la población residente".

- Tabla de la situación por unidades funcionales en Alicante. -
Al tiempo, se señala que "otras cuatro (Campoamor, Carolinas, Albufereta y Urbanova) se sitúan entre el valor del conjunto y su doble", al reunir el 17,9 % de las plazas con el 12,0 % de la población". Y, por último, se detalla que los diecisiete barrios restantes "agrupan el 74,1 % de la población y solo el 19,9 % de las plazas". "Estos resultados muestran que la concentración no responde únicamente al tamaño de las unidades ni al número de establecimientos: existe una capacidad turística considerablemente superior al peso residencial en un número reducido de ámbitos, mientras que en la mayor parte de la ciudad la presión es baja", recalca.
Revisión periódica y excepciones
¿Esa zonificación es inamovible? No. De hecho, se trata de un sistema sujeto a actualizaciones. En principio, con una periodicidad anual, con el fin de concretar cómo han variado los parámetros que sirven de base para evaluar ese indicador de referencia: el citado IPAT. Es decir, si ha habido variaciones respecto a las plazas de alojamiento disponibles y si también se ha reducido o ampliado el censo poblacional en cada barrio. De este modo, podrían variar los límites vigentes en la actualidad amparando una mayor permisividad... o por el contrario, restringiendo aún más las autorizaciones en función de cuál sea la nueva realidad.
Además, también se contemplan determinadas excepciones, como la posibilidad de admitir la ejecución de proyectos singulares que resulten de especial interés, precisamente por su excepcionalidad. Así, se contempla la posibilidad de autorizar proyectos que conlleven la implantación de alojamientos turísticos en edificios catalogados en los que se pretenda ejecutar una rehabilitación integral o en aquellos inmuebles que se encuentren en estado de ruina. En esos supuestos, podrá concederse licencias -tras el análisis individualizado de la pertinencia de cada propuesta, en función de la memoria presentada al efecto- incluso en el caso de que se sitúen en zonas de decrecimiento.
Al tiempo, como ya ha informado este diario, la nueva regulación también pretende preservar los usos residenciales y comerciales. De ahí que se introduzcan otros dos factores correctores, especialmente en las solicitudes de implantación de viviendas de uso turístico (VUT). El primero consiste en la aplicación de un segundo indicador límite: el Índice de Sustitución de Viviendas por Alojamiento Turístico, ISVAT. En este caso, mide la proporción de VUT por cada cien viviendas en cada unidad funcional o barrio. Así, se fija un ISVAT general de partida de 1,56 % -que también se recalculará con actualizaciones anuales- por lo que, aunque un determinado barrio quede encuadrado en una zona de crecimiento controlado, no podrá implantarse una nueva VUT si se supera ese valor en ese segundo parámetro.
Además, también se determina que la planta baja de los edificios exclusivos de alojamiento turístico no podrá destinarse a hospedaje, sino que deberá destinarse a actividades abiertas al público, salvo los espacios necesarios para el funcionamiento del propio establecimiento. Y se prohíbe instalar unidades alojativas de cualquier modalidad, incluidas las VUT, en las plantas bajas de los ejes de barrio y comerciales delimitados, para proteger y fomentar el comercio de proximidad. Esos ejes son los delimitados en el siguiente plano.

- Plano de los ejes cívicos y comerciales de Alicante. -
De igual modo, la nueva normativa introduce cambios en el procedimiento administrativo de tramitación de solicitudes de permiso. En concreto, se apunta que los promotores de nuevos proyectos deberán obtener un nuevo certificado municipal "de control de indicadores y reserva de capacidad alojativa, cuya solicitud será obligatoria y previa a la tramitación de nuevas implantaciones y ampliaciones de alojamientos turísticos". Ese certificado permitirá constatar "el cumplimiento de los límites derivados del IPAT y, cuando corresponda, del ISVAT, así como la disponibilidad de plazas o saldo compensatorio para la actuación solicitada".
Su expedición corresponderá al Ayuntamiento de Alicante, "como administración responsable del control centralizado de los indicadores y de la asignación de la capacidad disponible", y se diferencia del informe de compatibilidad urbanística -que seguirá siendo preceptivo- y de los certificados que puedan emitir las entidades colaboradoras de la administración, al tener por finalidad específica "la comprobación de los indicadores y la gestión de la capacidad alojativa limitada por el planeamiento". Eso sí, la expedición de ese nuevo certificado de comprobaciones "no sustituye los títulos habilitantes exigibles, ni constituye por sí mismo una autorización para ejercer la actividad turística", según concreta la Concejalía de Urbanismo. Además, se apunta que su expedición tendrá una validez de entre tres y ocho meses, en función de cada caso, con la posibilidad de que su duración pueda prorrogarse en función de determinadas circunstancias.
Situaciones previas
¿Y qué sucede con los alojamientos turísticos ya en funcionamiento o los que puedan encontrarse en fase de tramitación de licencia? La documentación incorporada por Urbanismo junto al decreto de la nueva regulación precisa que "las actividades de alojamiento turístico legalmente implantadas podrán continuar desarrollándose en los términos y durante los periodos de vigencia que resulten de sus respectivos títulos y de la legislación aplicable, aunque no se ajusten a las nuevas condiciones de localización, concentración, coexistencia de usos o situación en el edificio". Es decir, que todos los negocios turísticos ya implantados continuarán en funcionamiento sin alteraciones, a pesar de que se encuentren en zonas de decrecimiento.
En estos casos, la nueva regulación contempla "un régimen de disconformidad urbanística sobrevenida que permite las actuaciones de conservación, mantenimiento, mejora y adaptación a las exigencias sectoriales, sin amparar ampliaciones de capacidad ni modificaciones sustanciales que deban someterse a las nuevas determinaciones". Lo mismo sucede en el caso de las viviendas de uso turístico preexistentes, a las que se reconoce su continuidad conforme a la legislación turística autonómica y a sus disposiciones transitorias. Además, las renovaciones de las inscripciones y los cambios de titularidad o propiedad "se ajustarán a los requisitos sectoriales aplicables, sin que las nuevas restricciones urbanísticas constituyan, por sí solas, un impedimento para la continuidad de actividades legalmente implantadas que mantengan sus condiciones esenciales".
Asimismo, se establece un tratamiento específico para "los títulos habilitantes y los informes municipales o certificados equivalentes de compatibilidad urbanística obtenidos válidamente antes de la entrada en vigor de la modificación". Es decir, para los proyectos en tramitación que ya hayan superado un primer examen favorable, aunque todavía no dispongan de licencia expresa concedida. En este sentido, "se presta especial atención a los pronunciamientos favorables anteriores a los acuerdos de suspensión, permitiendo culminar las actuaciones previamente consideradas compatibles dentro de los límites materiales y temporales establecidos en el régimen transitorio. Esta previsión responde a la necesaria coherencia de la actuación administrativa y a la protección de la confianza legítima, sin equiparar dichos informes a licencias ni reconocer una posibilidad indefinida de implantación", señala Urbanismo.
Así, se incorpora una disposición transitoria "respecto de los procedimientos pendientes" en los que se distingue "las solicitudes anteriores y posteriores a los acuerdos de suspensión" de licencias, aprobados en enero y en julio de 2025, "atendiendo a su fecha de presentación, al grado de definición de las actuaciones y a los efectos jurídicos de los instrumentos administrativos correspondientes". "Se establece así un tratamiento proporcionado para las solicitudes anteriores a la suspensión que reunieran los requisitos mínimos exigibles, sin dispensarlas del cumplimiento de las restantes condiciones legales aplicables". En consecuencia, a esos casos, no les será de aplicación los nuevos límites. "Las actividades y actuaciones amparadas por el régimen transitorio no estarán sujetas a la disponibilidad de cupo ni al sistema ordinario de reserva de capacidad previsto para las nuevas implantaciones".

- Mapa por barrios tras la aplicación del ISVAT. -
Eso sí, las nuevas plazas que se generen a partir de esos proyectos pendientes, en el caso de que acaben autorizándose por cumplir el conjunto de requisitos normativos exigibles previos a esta nueva regulación, sí computarán para la actualización del IPAT y del ISVAT. "Las plazas y viviendas de uso turístico que se incorporen efectivamente a la oferta alojativa se contabilizarán en las sucesivas actualizaciones anuales de los indicadores IPAT e ISVAT, conforme a los datos oficiales utilizados y evitando duplicidades", subraya la Concejalía de Urbanismo.
Entrada en vigor
¿Cuándo podría entrar en vigor esa nueva regulación? Todo parece indicar que podría ser de aplicación a partir del próximo mes de enero. Cuando menos, esa es la hipótesis con la que trabaja el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que no contempla -al menos por ahora- adoptar ningún acuerdo adicional para ampliar la moratoria en la concesión de nuevos permisos. Su vigencia expira, en principio, el próximo 13 de enero. Así, el decreto con las variaciones en la modificación número 52 del PGOU permanecerá en exposición pública durante un periodo de 20 días hábiles. A partir de ahí, se pretende resolver las alegaciones que puedan presentarse con la mayor celeridad posible para poder elevar la propuesta definitiva a pleno. Fuentes municipales consultadas inciden en que, de aprobarse -como parece probable (al menos, sí prosperó la propuesta inicial con apoyo de Vox)-, será de aplicación en el momento en el que se produzca su publicación en boletines oficiales, sin que resulte necesaria una evaluación posterior por parte de la Generalitat.
Lo cierto es que la documentación que acompaña la nueva propuesta normativa sí apunta que se deberán solicitar informes de evaluación al órgano ambiental, al margen de otros posibles informes sectoriales. Con todo, no es menos cierto que la propuesta inicial ya habría superado dos filtros autonómicos con la emisión de informes favorables de la Dirección General de Turismo y del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante (ambos en marzo de 2026). El primero no aprecia contradicción directa entre la regulación urbanística propuesta y la normativa sectorial turística, y formula observaciones para mejorar su coordinación y seguridad jurídica, especialmente en relación con las condiciones de acceso, el régimen transitorio, los indicadores de presión turística y los títulos habilitantes exigibles. El segundo informa favorablemente la modificación y "recuerda las observaciones relativas a las exigencias de aparcamiento en edificaciones existentes", según detalla la misma documentación aportada por la concejalía.
Evolución del sector
¿Por qué se llega a esa regulación del sector? A partir del diagnóstico de los datos recopilados respecto a la situación actual. En este sentido, la documentación que acompaña la propuesta normativa especifica que "entre 2015 y 2025, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros pasó de aproximadamente 695.000 a 909.000, mientras que las pernoctaciones aumentaron de 1,59 a 2,27 millones. Esta evolución supone incrementos acumulados del 30,8 % y del 42,7 %, respectivamente durante los últimos 10 años". De igual modo, se pone el acento en "el aumento de la participación de los visitantes residentes en el extranjero" al concretarse que "la proporción de viajeros residentes en el extranjero ha aumentado 12,4 puntos porcentuales entre 2015 y 2025, reflejando una mayor internacionalización de la demanda hotelera".
En cuanto a la cuantificación de la oferta de alojamiento actual, se apunta que, "según los datos del registro de Turismo de la Generalitat Valenciana, a fecha de 30 de octubre de 2026, la oferta de alojamiento turístico de Alicante se compone de un total de 28.200 plazas alojativas distribuidas en distintas modalidades y clasificadas en hoteles, hostales, pensiones, albergues, bloques y conjuntos de apartamentos y viviendas de uso turístico". Y se añade que "las viviendas de uso turístico constituyen la modalidad con mayor número de plazas, con 13.248, equivalentes al 47,0 % de la oferta registrada. Si se incorporan los bloques y conjuntos de apartamentos, el conjunto de estas modalidades alcanza 16.429 plazas, lo que supone el 58,3 % de la capacidad turística actual".
Por lo que respecta a su distribución territorial, se destaca que "los hoteles, hostales, pensiones y otros establecimientos de hospedaje muestran una presencia destacada en las áreas centrales de Alicante, especialmente en los ámbitos vinculados al centro urbano y los principales ejes de mayor actividad. Por su parte, las viviendas de uso turístico presentan una distribución territorial más extensa. Aunque su concentración es especialmente elevada en las áreas centrales también se identifica una elevada presencia en las zonas litorales y en numerosos barrios residenciales. Destaca particularmente su implantación en los barrios próximos al centro urbano, como San Antón, Mercado, Ensanche, Campoamor y Carolinas".