El PPCV pide personarse en el caso de corrupción de la Diputación de Valencia

VALÈNCIA. Hasta ahora el PPCV veía la corrupción desde el banquillo, pero en los últimos meses están viendo como el PSPV, antaño denunciante y adalid contra la corrupción, comienza a acumular causas por los mismos motivos que a los populares les costó la presidencia de la Generalitat e incluso el gobierno de España. Primero fue la Gürtel Socialista, que sigue en instrucción.

Ahora, la detención e imputación del presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y de otras cinco personas por presuntamente malversar cerca de dos millones de euros de dinero público a través de la empresa pública Divalterra, ha cambiado las tornas. Divalterra es la antigua Imelsa, empresa pública a la que le cambiaron el nombre por la corrupción vinculada al Caso taula (PPCV), y que ahora quedará atada a la operación Alquería (PSPV).

 El PPCV no ha desaprovechado la oportunidad, han aprendido de los que antes fueron oposición y denunciantes, y ha hacho lo mismo que hacían con ellos desde el PSPV y Compromís, y han solicitado personarse como acusación popular contra el PSPV del presidente Ximo Puig y su nueva causa de corrupción. Puig lleva dos en un solo mandato.

Una causa que ha llevado al todavía presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez -no ha dimitido pero el PSOE le ha suspendido de militancia-; al secretario del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; al director gerente, Javier Simó; al asesor Manuel Reguart; al jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego y a la gerente de Divalterra, Agustina Brines, a pasar 24 horas en un calabozo y ser imputados como presuntos corruptos por prevaricación y malversación de caudales públicos en concurso con administración desleal. Es más, ninguno de ellos había dimitido al cierre de esta edición pese a las decisiones adoptadas por sus partidos.

 El PPCV, de la mano de Isabel Bonig, ha decidido plantar cara de la misma forma que en su día hiciera la oposición cuando los populares gobernaban. Ahora deberá ser el magistrado instructor de la operación Alquería, Miguel Ángel Casañ, quien decida si admite o no la personación de los populares en el caso.

En el escrito presentado al juzgado, y al que ha tenido acceso València Plaza, la diputada provincial Mari Carmen Contelles, afirma que “a tenor del Artículo 125 de la Constitución Española, nos personamos en las diligencias previas de la Operación Alquería como persona acusadora, al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra Jorge Rodríguez y contra cuantos presuntamente pudieran ser responsables de los delitos investigados”.

Operación Alquería

La Operación Alquería se inició a raíz de la denuncia presentada por varios trabajadores de Divalterra. En ella se explicaba como Rodríguez habría creado diversos puestos de alta dirección en Divalterra pese a tener hasta 12 informes de los técnicos en contra. No se podía hacer y, presuntamente el presidente de Diputación lo sabía y, por ello, utilizó otro informe hecho supuestamente ad hoc por el también imputado Jorge Cuerda en el que se daba el visto bueno.

 Esta forma de actuar supondría una supuesta prevaricación y malversación. Pero a ello hay que sumar que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la misma unidad que sacó adelante la Gürtel, tiene las sospechas de que estos puestos se crearon con la intención de distraer dinero público que habría terminado en las arcas de los partidos. De hecho, fuentes cercanas a la investigación afirman que esa es una de las líneas que la policía tiene intención de investigar en los próximos meses.